El Comercio
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Fecha: julio, 2017
Las tasas a los lobbies
Ángel M. González 12-07-2017 | 1:55 | 0

La concejala de Hacienda ha abierto la discusión municipal sobre la fiscalidad que aplicará el próximo año el Ayuntamiento con el fin de ir preparando con tiempo los presupuestos. Todos los grupos políticos, en mayor o menor medida, son partidarios de la congelación general de los tributos con las matizaciones que cada uno hace en cuanto a bonificaciones o mayores gravámenes en la contribución por bienes inmuebles e instalaciones. Todos salvo el PP, que plantea la rebaja a lo grande, incluso en el IVA cultural de los abonos para ir a los toros, y la supresión de un buen número de tasas y precios públicos que mermaría de forma considerable la recaudación. El problema es que los populares no han explicado de qué manera cuadrarían después las cuentas en un ejercicio que requerirá un esfuerzo notable en el gasto y mayor inversión para acompañar la recuperación de la economía desde la administración local.
La señora Ana Braña ha preparado el esbozo de la junta de gobierno para las ordenanzas fiscales bajo tres premisas: mantener coeficientes, porcentajes y precios actuales en la mayor parte de los tributos, subir un cinco por ciento la recogida de la basura para costear el reciclaje y los servicios del Patronato Deportivo Municipal y meterle mano en el bolsillo a las empresas eléctricas, gasísticas, de carburantes, compañías telefónicas y bancos para elevar los ingresos.
El equipo de Moriyón, por lo tanto, opta por el ‘modelo Carmena’ para gravar los activos de las firmas más poderosas del Ibex a partir de lo que establece una legislación que hasta hace bien poco era inaplicable por las presiones, los obstáculos y la defensa ejercida por los lobbies. Las tasas sobre las infraestructuras de todas estas compañías están amparadas por la ley reguladora de las haciendas locales de 2004, que establece el pago en virtud de los tendidos extendidos por el concejo y el 1,5 por ciento de su facturación en el municipio.
Este paraguas legal, cuya aplicación ha llevado a una batalla judicial de las empresas con los ayuntamientos que osaron poner en marcha los gravámenes por las distintas interpretaciones sobre el carácter de las instalaciones, ha obtenido ahora los parabienes del Supremo para alivio de las administraciones. De la misma manera que el hostelero contribuye por su terraza o el titular de un garaje por el vado, estas compañías tienen el deber de liquidar el tributo correspondiente por la ocupación del dominio público, sea mediante una línea, una tubería o un cajero automático. Resulta de justicia.
Por lo tanto, se abre para el Ayuntamiento gijonés una fuente de ingresos irrenunciable, que puede compensar con creces la congelación del resto de los impuestos que componen el catálogo fiscal del municipio en beneficio de todos los ciudadanos. Más aún cuando el consistorio necesita aumentar la recaudación para poder atender los compromisos derivados de la puesta en marcha de la renta social, sin emprender recortes en otros gastos ni renunciar a incrementar la calidad de vida de los gijoneses a través de más y mejores servicios y dotaciones.
Las empresas han venido advirtiendo en todos estos años que las tasas municipales acabarán repercutiendo en los costes para los usuarios. Es decir, que están dispuestos a incrementar a sus clientes el importe final del recibo del gas, de la luz y del teléfono o las comisiones por la utilización del cajero para atender al pago de los impuestos. O sea, chantaje emocional.

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El consejero astuto
Ángel M. González 07-07-2017 | 5:39 | 0

Como se diría en términos bursátiles, Fernando Lastra se ha estrenado en el Gobierno de Javier Fernández con un subidón. El nuevo consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente cotiza al alza en la tarea de recomponer los desaguisados de su antecesora. Su encuentro con la alcaldesa de Gijón nada más tomar posesión como nuevo miembro del Ejecutivo regional es una demostración de la gran astucia de este sabueso de la política asturiana. Lastra eligió el plan de vías de Gijón para propinar el primer golpe de efecto de su mandato con una rectificación en toda regla de la posición mantenida hasta el último momento por la cuestionada Belén Fernández. No tenía más remedio.
El enrocamiento del Principado y del PSOE local en el rechazo al nuevo proyecto de integración ferroviaria planteado por el ministro de Fomento hubiera sido un suicidio. El pan que trajo bajo el brazo Íñigo de la Serna para impulsar su ejecución era muy apetitoso. Un caramelo demasiado goloso para decir no a las primeras de cambio. Pero los socialistas tendrían que cambiar el discurso de manera radical con el fin de aceptar lo que para ellos era absolutamente inaceptable como la ubicación de la estación central junto al Museo del Ferrocarril y no en Moreda. Y qué mejor manera de hacerlo si quien tiene que asumirlo es una persona distinta a la que había repartido tantos mandobles en público contra la idea. Cambio de consejero, mensaje distinto, otro talante. Todo ello de un día para otro.
José María Pérez había calificado los quinientos millones de De la Serna para el plan de vías, la puesta en marcha del metrotrén y su ampliación hasta Cabueñes de propaganda electoral de la derecha y hay quien ve una contradicción con el apoyo expresado ahora por el flamante consejero. Nada más lejos de la realidad. La única manera de sacar rédito al proyecto es sumándose a él esgrimiendo el interés general, como lo ha hecho ahora el representante del Principado, y exigir desde esa posición el cumplimiento de los plazos y de la inversión comprometida. De esta forma, será más fácil desenmascarar al que vaya de farol.
Así que por primera vez desde que estamos gobernados a niveles distintos por tres administraciones de formaciones políticas diferentes tenemos el consenso sobre un esbozo con financiación comprometida para acometer la integración ferroviaria de la ciudad y la mayor operación urbanística del próximo decenio en Gijón.
Además, este giro de ciento ochenta grados puede abrir una etapa distinta en las relaciones entre el Ayuntamiento y el Principado para abordar otros asuntos relevantes para el nuevo consejero. Fernando Lastra se ha dejado llevar por el sentido común con su respaldo sin reparos al plan de vías, el que tantas veces se echa en falta en la política asturiana. A partir de ahora se siente legitimado para pedir la misma colaboración «constructiva» al gobierno local gijonés con el fin de sacar la Zona Logística Industrial del Principado de Asturias (ZALIA) de la asfixia económica, lograr un acuerdo sobre la ordenación del área metropolitana y resolver la situación de Sogepsa.
El presidente Javier Fernández, en la toma de posesión, fió una buena parte del éxito de lo que resta de legislatura a la capacidad de Fernando Lastra. ¿Será suficiente la sagacidad del veterano portavoz para salvar la acción de un gobierno cada vez más débil? La encomienda ha empezado por Gijón.

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