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Categoría: Energia
La oportunidad de la regasificadora

La suspensión del suministro de gas ruso a Ucrania y las restricciones que provocarán en Europa las decisiones de Gazprón pueden suponer una buena oportunidad para el desarrollo del sector en España como país estratégicamente bien situado para garantizar el suministro en el continente.
La Comisión Europea está estudiando distintos planes de choque para diversificar las fuentes de abastecimiento ante los cambios que se están produciendo en el mapa mundial de la energía tras la posición de Rusia, su acercamiento comercial a China y el cerco a Ucrania, territorio por el que pasaba hasta ahora la mitad de los 160 billones de metros cúbicos de gas ruso exportado a Europa.

Rusia aporta cerca del 30% del consumo europeo de gas, pero existen países cuya dependencia es casi total, como en el caso de Letonia, Lituania, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Hungría y Bulgaria. La posición del Gobierno de Putin respecto a Ucrania amenaza la seguridad de suministro y por ello es necesario reducir su peso sobre la dieta energética del continente. España, según las estimaciones de las empresas gasisticas, está en condiciones de abastecer el 12% del gas que procede de Rusia, pero para ello es fundamental mejorar las interconexiones con Francia para poder llevar el suministro por toda la red europea. La capacidad de nuestro país para inyectar gas a toda Europa esta fuera de toda duda, pero tenemos que completar las infraestructuras.

En estos momentos podemos recibir más de 21 billones de metros cúbicos de gas de Argelia a través de los gasoductos Medgaz y Tarifa y otros 60 billones mediante las seis plantas de regasificacion que se encuentran en activo y en las que se introduce gas procedente de once lugares distintos. España dispone del 36% de capacidad de regasificacion de todo el continente, una posicion clave en la nueva geopolítica energética. Y una pieza que tiene que encajar en todo este puzzle es la regasificadora de El Musel.

La instalación gijonesa, tan denostada por tener la mala suerte de haber sido finalizada cuando las necesidades de gas ya no eran las mismas que en el momento de ser proyectada, tiene ahora su gran oportunidad. Esta situada en un enclave estratégico para convertirse en uno de los puntos de almacenamiento de gas en Europa con el fin de contribuir a la ansiada seguridad de suministro. Hace unos días asistíamos a una magnífica noticia sobre la planta asturiana, el inicio de la obra para la conexión con la red nacional a través del gasoducto hasta Llanera. Ahora es deseable que las obras no sufran contratiempos y la tubería este lista para que la instalación pueda estar en condiciones de entrar en funcionamiento el próximo año. Sólo por esto la ampliación portuaria tendría que haber sido declarada de interés comunitario, ahora que en Bruselas se plantea reclamar una buena parte de los fondos del ‘superpuerto’. El ministro de Industria dijo estos días que España representaba la solución al abastecimiento energético en la UE. La planta gijonesa forma parte de ella.

 

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Regalo de navidad

El ‘tarifazo’ de la luz no tiene más que un responsable. El resultado de la subasta de energía para cubrir la parte libre del recibo, fuera del tramo regulado, estaba cantado que iba a ser pésimo para los usuarios, una vez que el propio Gobierno, por su incapacidad para poner coto al déficit tarifario y compensar a las compañías, decidía dos días antes volver a elevar el peaje eléctrico con una subida del 2%, desdiciéndose, incluso, a lo que había prometido una semana antes.

Fue el propio Ministerio de Industria, quien con su equivocadísima decisión, alentó la mayor alza de la luz en muchísimos años encareciendo la parte del recibo intervenida a sabiendas de que la subasta iba a salir como salió, incluso superando los peores augurios. Del 7% que se aventuraba en las previsiones, hemos pasado en el reparto de esta mañana al 10,5%. En total, estamos hablando de que los veinte millones de consumidores que están acogidos a la tarifa de último recurso, la más utilizada entre los usuarios, afrontarán en enero un aumento salvaje en el recibo, superior al 11%. Menudo regalo de Navidad.

El caso es que este Gobierno, al igual que los anteriores, no es capaz de embridar el enorme desfase entre ingresos y costes de producción del sector, mientras se sangra el bolsillo de los consumidores españoles, que nos hemos convertido en ciudadanos de tercera en Europa por el elevado precio que pagamos por la electricidad con incrementos propios de los países más inflacionistas del mundo. No existe ningún otro bien o servicio en España que haya experimentando tan brutal aumento en el coste que el de la luz. Casi el doble en apenas una década. Y la reforma que se propone aplicar Industria va camino de no poder atajar la enorme burbuja del déficit tarifario.

De esta manera, no contenta a las eléctricas, tiene a las renovables que se tiran al monte, pone a los usuarios en pie de guerra, lastra la competitividad de la industria y, mientras tanto, se genera otro fenómeno enormemente preocupante: aumenta la pobreza energética en nuestra sociedad. Sólo en Asturias más de 25.000 familias no pueden ya pagar la calefacción este invierno por su alto coste. Habrá gente que en sus casas pase frío pese a tener instalado folio radiante. FACUA ha convocado para el 30 de diciembre un apagón en todo el país para protestar por este nuevo desaguisado. Ese día será general, aunque en miles de hogares el apagón ya es permanente.

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La minería tiene razón

El Gobierno ha decidido acelerar la muerte dulce de la minería española con un hachazo en las ayudas a la explotación de un 63% de media este mismo año, que obligará a las empresas a adelantar el cierre de pozos ante la imposibilidad de hacer viable la actividad. Este recorte en las subvenciones a los yacimientos se agrava además con otro golpe en la línea de flotación de las comarcas mineras, la drástica reducción de las partidas para la reactivación de la economía, de tal manera que el impacto del ajuste será mucho más profundo: elimina lo que funciona a cambio de nada. El Ejecutivo de Rajoy ha decidido poner punto y final a la reconversión de las cuencas, en el sentido más amplio del concepto, mediante un proceso de liquidación vertiginosa, para ahorrar más de 650 millones de euros en los presupuestos con un sacrificio social que va camino de no tener precedentes en el sector.
Los sindicatos han convocado ya las primeras movilizaciones para responder al ajuste del Gobierno, con huelgas generales en la minería para esta misma semana y la próxima, concentraciones y una manifestación unitaria en Madrid el 31 de mayo. Centrales, patronal y alcaldes mineros forman un frente para intentar frenar el golpe que se plantea imponer desde la Administración.

El recorte que quiere aplicar el Gobierno es muy peligroso. Las cuencas mineras llevan casi treinta años de anestesia combinando destrucción de actividad y empleo con políticas alternativas que no han sido suficientes para lograr el cambio económico y social de estas zonas. Los fondos mineros no sirvieron más que para una operación de estética. Consiguieron dar lustre a los municipios, pero fracasaron en su verdadero objetivo, la reindustrialización de las comarcas mediante la diversificación de su economía. En ese sentido, han sido un fracaso. Los jóvenes se siguen marchando por falta de oportunidades, el declive poblacional es imparable, el paro continúa haciendo estragos y el monocultivo da todavía de comer a muchas familias. Los municipios del Nalón, Caudal y Narcea se encuentra ahora más que nunca es una situación de enorme debilidad y el tijeretazo de Rajoy sobre la minería puede ser la puntilla.
El deterioro de las cuencas es el resultado de una planificación energética errónea. Los gobiernos han venido dando bandazos en sus estrategias, colocando siempre el sambenito al carbón. La minería necesita una buena dosis de desmitificación. No es más caro tener al minero trabajando que en casa. Ni resulta más gravoso para las arcas públicas y para los consumidores mantener una reserva de producción eléctrica a partir de nuestras minas que llenar España de centrales de gas, aereogeneradores y placas solares. Es una soberana tontería. No han sido precisamente las minas las que llevaron al país a un déficit de tarifa de 24.000 millones de euros, una deuda insoportable. Mientras el carbón nacional recibe una retribución media del Estado de 1,82 céntimos de euro por kilowatio, la energía eólica obtiene 4,29; la hidráulica, 4,38; las plantas de cogeneración, 5,12; las que utilizan biomasa, 7,07; las que aprovechan residuos, 9,03, y las solares nada más y nada menos que 42,86. Estamos ante una inmensa burbuja, la gran mentira energética. Eso es lo que hay que resolver.
El Gobierno pone al carbón nuevamente contra las cuerdas en esta alocada carrera por reducir el déficit del Estado y lo que consigue es una mayor asfixia. Porque resulta que las ayudas que da al sector las recupera por otro lado. Por cada euro que el Estado entrega a la minería para mantener la actividad, recibe tres vía impuestos y cotizaciones sociales. Y en esto, Carbunión tiene un excelente informe que demuestra la viabilidad del negocio para las empresas, pero también para la Administración. Con los 10.000 empleos del sector, calculando una media de 22.500 euros al año por trabajador, las arcas públicas ingresan 225 millones de euros por IRPF y Seguridad Social. Por IVA, Hacienda recauda cerca de 120 millones de euros con la venta de la producción actual. La cifra, más o menos, equivale a las subvenciones. Este panorama, en las renovables, ni por asomo.
¿Cuáles son las cuentas de Rajoy? Las que establece el ‘lobby’ eléctrico, las autoridades comunitarias, el liberalismo acérrimo. Frente a la frialdad de las decisiones, hoy por hoy, en las cuencas, mientras haya minas, hay industria y esperanza.

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