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Categoría: Finanzas
Fundación bancaria

En junio de 1946 nacía Caja de Ahorros de Asturias por la fusión de dos entidades ya entonces muy arraigadas en la región: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Oviedo y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Gijón. La unión, como es lógico en todos estos procesos, conllevaba que cada una de las instituciones fundadoras de aquellas cajas controlaran, por así decirlo, los órganos de gobierno de la nueva entidad.
El pacto, de una forma u otra, se mantuvo a lo largo de toda la historia de Cajastur y los padres de la criatura hicieron uso de aquel derecho en toda su extensión, de tal manera que antes de que la marca de la hucha y luego del asturcón desapareciera del negocio bancario a la Junta General del Principado le correspondía proponer a la persona que ocupara la presidencia del consejo y al Ayuntamiento de Gijón, la vicepresidencia.
De todos es sabido que hace dos años, con el surgimiento de Liberbank, Cajastur se transformó por decisión de la asamblea en fundación bancaria con dos objetivos claros: gestionar la participación del 30% que tiene en el nuevo banco y desarrollar la obra social y cultural de la que habíamos venido disfrutando los asturianos hasta antes de que el sector de las cajas se volviera loco, a partir de los recursos que fuera recibiendo la propia fundación por la rentabilidad del paquete accionarial en Liberbank. Es decir, aunque sea como fundación, Cajastur sigue existiendo. No entiende ahora de ahorros, préstamos e hipotecas, pero sí es depositaria de unos bienes y de unos derechos derivados, fundamentalmente, de las dos instituciones que la hicieron surgir hace setenta años.
Pues bien, el Ayuntamiento de Gijón, de manera incomprensible, no tiene representante en el patronato de la fundación. Nuestros políticos locales optaron por renunciar a sentarse en el órgano sin explicaciones a la ciudadanía por aquello del que dirán, huyendo de lo bancario como de la peste, no vaya a ser que me hagan un escrache. Y con esa decisión de que ni para mí ni para tí, ni tan siquiera para un independiente, resulta que la fundación funciona como ente ajeno al cofundador.
Hace unos días, la junta general de accionistas del banco aprobaba el reparto del primer dividendo que la entidad ofrece desde su constitución: más de cuarenta millones de euros. El pago a cuenta ya había sido recibido por los titulares de las participaciones en el mes de octubre, una parte en especie mediante acciones de autocartera, unos 31 millones, y otra en efectivo, más de nueve millones. En ese reparto, la fundación Cajastur obtendría más de doce millones de euros, casi tres en efectivo. No es que sea mucho dinero, teniendo en cuenta los recursos que llegó a manejar la obra social y cultural en los mejores momentos de la Caja, pero en los tiempos que corren menos es nada.
Como definen los estatutos, el patronato decidirá el destino de esos fondos, las actividades y los beneficiarios. Aunque se confíe en la sensibilidad de quienes se reúnen cada cuatro meses sin remuneración alguna para debatir la marcha de la fundación y la distribución de esos ingresos es una pena que Gijón no tenga voz ni voto para plantear, por ejemplo, la financiación de alguna de tantas necesidades sociales que tiene esta ciudad o que el Palacio de Revillagigedo vuelva a cobrar vida.

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Lotería municipal

Seguro que una buena parte de los lectores lo recuerdan. Un alcaldón de una capital cercana se encontró recién estrenado el cargo con un montón de dinero en el cajón heredado del anterior al que le arrebató el bastón de mando y decidió gastarlo en renovar aceras, peatonalizar el centro histórico, colocar esculturas en las plazas y farolas isabelinas por todas las calles. El resultado fue una ciudad convertida en una extensión del salón de casa, decorada al estilo del primer edil, y la cosecha de votos en la siguiente contienda electoral fue mayor.
En aquel ahorro encontró la mejor de las loterías. Cualquier buen administrador lo sabe, pero la acumulación se tiene que hacer sin pasar penurias ni necesidades, lo justo para vivir con desahogo y a sabiendas de que todo aquello que ahora no se gaste lo gastarán luego los que vengan. O lo malgastarán. Viene ello a cuento de los 55,4 millones de euros que tiene en ‘cash’ el Ayuntamiento de Gijón por el cuidado al que ha venido sometiendo las cuentas el gobierno de Moriyón por ventura para la ciudad, todo hay que decirlo.
La austeridad como principio máximo, aquí y en todas las administraciones por lo general, no consiste más que en emplear el dinero que realmente se tiene en servicios y obras para los ciudadanos, sin dispendios ni mayores agujeros, destinando, eso sí, una pequeña parte a pagar las deudas. La austeridad mal entendida, por el contrario, es recortar y recortar, que es lo que se ha venido aplicando en los últimos años en las instituciones como normal general. Pues bien, si en el proceso de sumas y restas se produce un sobrante, como ha ocurrido en Gijón, mejor; pero si el remanente se obtiene al dejar por el camino necesidades sin atender, presumir de ello es una falta de consideración hacia los administrados.
La oposición, en el ejercicio del papel que le ha tocado, considera que el superávit de tesorería tiene una sola explicación, la incapacidad del equipo que manda en el Consistorio para ejecutar el presupuesto. Los regidores, claro está, defienden que es producto de una buena gestión. En realidad hay de las dos cosas: imposibilidad para gastar lo previsto en el ejercicio y buenas maneras. Lo cierto es que Gijón se ha convertido en uno de los casos excepcionales de lo ocurrido el año pasado en el mapa municipal español. Los ayuntamientos gastaron 1.000 millones más de lo previsto en 2015 y esta enorme desviación, sobre todo en las grandes ciudades, se produjo por los costes de personal y de estructura. Inversiones, pocas.
El gobierno municipal ha explicado que de esos 55,4 millones de remanente, 37,7 millones ya están comprometidos porque están afectados por actuaciones plurianuales, pero el resto se incorporarán al presupuesto prorrogado de este año si el plenario lógicamente lo autoriza. Once millones se destinarán a la amortización de deuda y más de seis, a la realización de nuevas obras. Es decir, en medio de la parálisis que sufre este país y esta región, hay un municipio osado que invierte. ¿Acaso esta ciudad tiene todos los décimos?

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La vía del holding

La transformación que Liberbank plantea aplicar en sus oficinas supone una vuelta de tuerca más a la endiablada reestructuración acometida en la entidad desde que decidiera descolgar el logo del asturcón. La remodelación, con unificación y cierre de sucursales, tiene como objetivo la modernización de la red para adaptarla a un nuevo modelo de negocio bancario vinculado a la evolución del comportamiento de los clientes. Esa es la tesis.
El ajuste también responde a las exigencias de un mercado cada vez más complicado y restrictivo, que llevará sin duda a otra reordenación del mapa financiero en España. Y ahí está realmente la madre del cordero. Más pronto que tarde, la entidad se verá envuelta de manera irremediable en otro proceso de concentración donde los grandes bancos del país esperan sacar bocado. El rumor que circula por todos los rincones es el interés de la Caixa por participar de forma activa en todo ello engullendo a Liberbank, que sigue siendo una de las marcas apetecibles del sector, pero me consta que se están trabajando alternativas para impedir una ‘operación merienda’, de la que no son ajenas otras entidades, que atienda a la prescripción de las autoridades monetarias sobre la necesidad de ganar tamaño y eficiencia mediante fusiones o absorciones.
Desde hace casi dos años el propio Luis de Guindos viene manteniendo encuentros con los posibles protagonistas en su despacho ministerial para explorar posibilidades. Y en esas conversaciones participaron Liberbank, BMN, Unicaja e Ibercaja, los cuatro grupos que fueron adquiriendo dimensión a partir de las sucesivas integraciones de las cajas desde el estallido de la crisis. La idea para librarse de garras mayores sería constituir un holding bancario desde donde afrontar los retos tecnológicos y comerciales que permitan el crecimiento. Este planteamiento, que hace escasos meses podría tener detractores en uno u otro lado, empieza a cobrar cada vez más sentido a tenor del escenario en el que se desenvuelve la actividad bancaria, con unos tipos de interés cero nunca vistos y, como consecuencia de ello, una caída de la rentabilidad a niveles inesperados que lastran las cuentas de resultados. El panorama, pues, continúa siendo incierto.
Banco Mare Nostrum (BMN), que es una entidad en la práctica estatalizada por el peso del Fondo de Reestructuración Bancaria en su accionariado, se encuentra en estos momentos más cerca de su integración en Bankia que de cualquier otra fórmula. Pero Unicaja e Ibercaja tienen en un horizonte más próximo la salida a bolsa, en principio este mismo año, y esto puede suponer incluso una oportunidad para llevar adelante la creación de ese gran grupo heredero de las antiguas cajas que le convertiría en el sexto banco español. La plataforma sería Liberbank.
La entidad que dirige Manuel Menéndez es la única que ya está en el parqué por lo que se podría convertir en un buen instrumento para la agrupación de las otros dos instituciones sin tener que afrontar el elevado coste que supone la salida al mercado de valores. Se mantendrían las tres marcas, los territorios en las que operan son compatibles y lograrían alcanzar la fortaleza que exige el negocio de las finanzas en posiciones de solvencia y rentabilidad. La vía está abierta. La meta es alcanzable.

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Fundación bancaria

El próximo día 23 de julio la Asamblea General de Caja de Asturias decidirá sobre la transformación de la entidad en una fundación para cumplir con la ley que vio la luz hace casi un año que tiene como objetivo acabar definitivamente con la politización de las cajas, de tal manera que ningún integrante del patronato podrá participar en la dirección de Liberbank ni sentarse siquiera en su consejo de administración. La fundación será mera tenedora de las acciones que ahora tiene la Caja en el banco y recibirá por ello, como cualquier otro accionista, el dividendo que le corresponda por esa participación, que dedicará a la obra social y cultural que desarrolle.
El consejo de Caja Asturias ha propuesto que el patronato de la fundación esté integrado por nueve personas, de las que tan sólo dos procederían de instituciones políticas, las dos entidades fundadoras de la caja de ahorros, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón, que tendrían un representante cada uno. El resto de miembros que propone el consejo son personas ajenas absolutamente a la política y más vinculadas al mundo de la economía, de la empresa, de la investigación o a los centros asturianos.
La transformación en una fundación supone, por lo tanto, una renovación absoluta y, casi casi, una revolución del papel de estas entidades. Atrás quedan las luchas intestinas entre los políticos por el control de los órganos de la Caja como fuente de poder en la región, como instrumento para dar y recibir. Ahora resulta que en la fundación se sentarán López Otín, Margarita Salas, Alejandro Fernández, de Alimerka, o el médico Guillermo González Mañana. Para cuantas cosas sirvió la crisis. Ahora el poder real está en otro lado, en el propio Liberbank, pero guarecido de los partidos, que han pasado de ser dueños y señores a caer en desgracia.
La constitución de la fundación bancaria es el último paso de la travesía iniciada por la Caja hace poco más de cuatro años por la sacudida de la recesión. Repasemos: la integración de Caja de Castilla-La Mancha, la retirada a tiempo de la operación con la CAM después de que fuera detectado un agujero de más de 1.000 millones de euros, la constitución del SIP con Caja Extremadura y Caja Cantabria en 2011, la fallida fusión con Ibercaja y Caja3, el plan de reestructuración por el que se recibieron las ayudas del FROB y que llevó a la salida a Bolsa de Liberbank en mayo del año pasado y la reciente ampliación de capital, que obligó a las cajas a rebajar su participación del 70 al 45 por ciento, de los que Caja de Asturias mantiene el 30 por ciento. Con la ampliación, Liberbank reforzó su capital con la entrada de nuevos accionistas y también recuperó cierta idiosincrasia asturiana a través de la participación de inversores de la región, como Masaveu o José Antonio Aguilera, de tal manera que el mayor núcleo accionarial del banco, entre la antigua entidad y los privados, tiene raíces en la región. En ese sentido, Liberbank sigue siendo la entidad financiera más asturiana de cuantas operan aquí, sin restar méritos a aquellas otras que, a diario, demuestran su cada vez mayor vinculación con el territorio.
Lo deseable es que a partir de la creación de la fundación, el banco, que ha sufrido en exceso la deteriorada imagen del sector de las cajas en España, recupere el crédito y la confianza que llegó a tener Cajastur, para seguir protagonizando desde esta nueva posición los cambios en el mapa financiero español.

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El regreso del crédito

Las entidades financieras de este país están protagonizando en los últimos días campañas con el fin de dar a conocer su absoluta disponibilidad para la concesión del crédito a las pequeñas y medianas empresas y trasladar, de una manera u otra, que aquello de que el grifo está cerrado se acabó. No es que se vaya a producir una tromba de dinero para terminar de golpe con la sequía que agobiaba a las pymes, no parece que los tiros vayan por ahí, pero al menos sí que se detecta un cambio notable en las entidades de empezar a colaborar con el tejido empresarial para ir remontando la situación después de cinco años en que por la manguera crediticia no salía una gota de agua. Los bancos llevan unos meses preparando esta carrera, que ahora puede ser definitiva, con el fin de volver a recuperar la confianza en las posibilidades de despegue de la economía tras una crisis que, en buena parte, ellos mismos provocaron. Tienen buena parte de responsabilidad en ello y parece que, por fin, asumen el papel que les corresponde como actores para contribuir a paliar las necesidades de financiación que tienen las pymes. A partir de ahí, si las empresas empiezan a funcionar como es debido, el resto puede rodar con más fluidez.

La Caixa suscribió con el Principado un convenio por el que pone a disposición 400 millones de euros para créditos destinados a facilitar el circulante de las empresas, proyectos de ampliación y expansión en los mercados internacionales, microcréditos para emprendedores y autónomos y préstamos al sector agrario. El Santander anunció esta misma semana también una ofensiva comercial para aumentar los préstamos a las pequeñas y medianas empresas con la inyección de más de 30.000 millones de euros en España. El plan va acompañado de un programa que tiene como objetivo impulsar el talento, la formación, la internacionalización, el empleo y la conectividad en las empresas. Y el Sabadell suscribió con Femetal, la patronal del sector del metal en Asturias, un acuerdo para favorecer el crédito en el proceso de expansión empresarial en el mercado exterior y el desarrollo de plataformas de pago y comercio electrónico. Otras entidades, como el Popular, llevan desplegando también acciones estratégicas en esta misma línea, como el convenio firmado recientemente con el Banco Europeo de Inversiones para complementar la financiación del BEI a las empresas españolas a bajo interés y largo plazo.

¿Cuáles son las razones de este cambio de tendencia? Pues la evolución que ha experimentado el sistema financiero español después de las inyecciones recibidas para sacarles del atolladero, por un lado, y el saneamiento que han conseguido en sus balances por el desendeudamiento y la enajenación de sus activos en general. Es cierto que las entidades rescatadas aún padecen dificultades para revitalizar su negocio, pero el sector en general ha ganado en solvencia y eficiencia. Hasta tal punto, el crédito comenzará a tocar a nuestras puertas, que el Banco de España confía en que el próximo año los préstamos nuevos al sector privado superen en cuantía a las devoluciones del crédito pendiente.  Ojalá sea así.

 

 

 

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Cartas de bancos

De un tiempo a esta parte cada vez que recibo la correspondencia de los bancos me echo a temblar. Según como tenga el día, abro las cartas con la misma angustia que cuando llega a mis manos una notificación de Hacienda o de la Dirección General de Tráfico. Pues bien, una entidad me acaba de comunicar una revisión de las comisiones que cobra por sus operaciones. Por supuesto al alza. Aumenta los gastos por mantenimiento, por transferencias, por el uso de cajeros, en las cuotas anuales de las tarjetas, etcétera. No hice el cálculo, pero la subida es sustancial en un montón de conceptos. Aunque la entidad en cuestión es de las que necesitan recapitalización, la reestructuración del sector llevará a una carestía generalizada de sus servicios. Son miles las oficinas a cerrar y los empleos a amortizar a través de un proceso que será costosísimo.

También recibí otra comunicación de otro banco distinto que me pone sobreaviso. A partir del 1 de diciembre, como consecuencia de la nueva Ley de Contratos de Crédito al Consumo, quedan modificadas las condiciones en los contratos de las tarjetas de crédito, de tal manera que la entidad podrá anular en cualquier momento esas tarjetas de forma unilateral simplemente con un preaviso al titular. Hasta no hace mucho tiempo, bancos y cajas perseguían a sus clientes para que hicieran uso hasta la saciedad de los créditos personales a través de las tarjetas: “Dispone usted de 6.000 euros para que lo gaste en lo que quiera”. Y muchos lo gastaban. Ahora ya no dan ni caramelos.

La nueva Ley de Contratos al Crédito al Consumo tiene como objetivo fundamental incrementar la transparencia del mercado financiero y también los niveles de protección al cliente. Si para algo ha servido la crisis financiera es para destapar las malas prácticas, tropelías y desaguisados que han protagonizado los bancos y cajas en todos estos últimos años. Atención, no sólo los españoles. Por lo general, todas las entidades han cometido abusos y engaños. En todos los sitios se comercializaron productos tóxicos, participaciones preferentes, obligaciones convertibles, swaps, depósitos estructurados…, que llevaron a sus titulares a cosechar pérdidas cuantiosísimas o totales. En Asturias, más de 15.000 personas se vieron afectadas por algunos de estos productos. Aunque ahora existe una mayor conciencia sobre esas acciones fraudulentas, no está de más mantener cierto nivel de cautela cuando te ofrecen algo que no figura en el catálogo del fondo de garantía de depósitos.

Y cojo otra carta, esta vez para hablarme de dividendos por unas pocas acciones que tengo en una institución financiera de cuando aquello del capitalismo popular. Me pagan los rendimientos en títulos sin retención fiscal, o en efectivo con la correspondiente retención. Si no hago nada, me dan acciones. Pero si quiero la pasta, tengo comunicarlo. Pues qué bien. En el buzón hay más sobres, pero no me atrevo…

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