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Categoría: Fiscalidad
Sin estrategia fiscal

En la presentación de la ‘Estrategia Industrial de Asturias’, el documento elaborado por el Gobierno regional que recoge los planteamientos de los agentes sociales en la concertación para impulsar el desarrollo de la industria, los representantes de los empresarios lamentaron la ausencia de medidas que permitan rebajar la carga fiscal en la comunidad autónoma. Jacobo Cosmen, como vicepresidente de Fade, acompañado de otros dos vicepresidentes de la patronal, Fernando Alonso, de Isastur, y Constantino Martínez, de Procoin, tomó la palabra en el acto para recordar que la fiscalidad es también un factor de competitividad y que, sin embargo, no figuraba como punto de consenso. Javier Fernández, cuenta la crónica, no tardó en reaccionar al reproche del empresario tirando balones fuera. “El Impuesto de Sociedades”, que es el que afecta a la empresa según el presidente, “es de competencia estatal”, subrayó el mandatario. Y ahí se acabó el partido.

La verdad es que resulta increíble que entre las 164 páginas del compendio de análisis, datos y acciones que recoge el documento emanado del Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias, como se llama ahora la concertación, no se incluya una palabra sobre fiscalidad, tan siquiera para valorarla, cuando sin ninguna duda es un factor clave para cualquier iniciativa empresarial, como lo es también el acceso a la financiación, los costes laborales y de materias primas, la energía o las infraestructuras. En Asturias sufrimos una de las mayores cargas tributarias de España y el Gobierno regional sigue mirando para otro lado, achacando esa situación a la política estatal. Y entonces la pregunta es ¿qué hacen otras comunidades para tener el tipo marginal de IRPF más bajo que en Asturias, el impuesto de sucesiones y transmisiones patrimoniales rebajado o el impuesto sobre el patrimonio prácticamente anulado?

No solo es actuar sobre el Impuesto de Sociedades, sino también hacerlo sobre estas tres figuras tributarias para aliviar la presión y que el resultado de la cesta fiscal sea más favorable que ahora. El presidente lo sabe, aunque no lo quiera reconocer, que en los últimos cinco años se produjeron deslocalizaciones relevantes de grandes patrimonios asturianos por la gravosa fiscalidad de la región. Personas físicas con rentas altas trasladaron sus bártulos a otros territorios, ya no extranjeros, sino de España al disponer allí de un panorama fiscal mucho más benigno que el aplicado en Asturias. Una carga, por cierto, que sufrimos todos en el impuesto sobre la Renta, al recibir una herencia o vender una vivienda, por ejemplo.

Mantenerse impasible ante esa situación es un grave error. Seguir culpando a la Administración del Estado de la discriminación fiscal en España puede ser un argumento válido en contienda electoral, pero cuando se gobierna se tienen que adoptar medidas para corregir como sea esa situación porque armas para hacerlo se tienen. Esperar, por ejemplo, a que la reforma que ahora está planteando el Gobierno de Rajoy ataje las grandes diferencias fiscales entre territorios es una equivocación, porque de mano no se ha producido un debate previo sobre el modelo de fiscalidad que queremos para nuestras autonomías, si seguimos el sistema federal de los Estados Unidos, con amplísimas competencias territoriales, o imitamos a Alemania, con un poder más centralizado. Como esa discusión está todavía pendiente, lo que el Principado tiene que hacer, como mínimo, es atender a sus agraviados.

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Reforma trampa

El Gobierno lleva dando la cantinela con que la reforma fiscal que tiene previsto aplicar aliviará las cargas tributarias de las familias y ayudará a mejorar la situación de la economía porque, al final, se van a pagar menos impuestos en España. Y que quiere que les diga, si nos atenemos al planteamiento propuesto por el comité de expertos liderado por Manuel Lagares, la dichosa reforma en ciernes es una trampa. Se trata de un intento de recaudar más, objetivo legítimo por otro lado para cualquier administración, pero por arte de birlibirloque, con trucos de te doy por un lado, pero te quito por otro, con un juego de eliminación de deducciones y exenciones, reducción de tramos y cotizaciones e incremento de tipos en impuestos indirectos para que el saldo último sea seguir pagando igual o mas los que menos tienen que pagar.

Los técnicos de Hacienda, por ejemplo, ya advirtieron que si el Gobierno acepta la idea de progresividad que plantea el equipo neoliberal de Lagares, cual es la simplificación de los siete tramos actuales de IRPF, los más beneficiados serán los contribuyentes de rentas altas, que ya salen muy bien parados con otro paquete de medidas incluidas en el documento, como la eliminación de patrimonio.

Hay en la reforma muchos puntos cuestionables, desde luego, y en general no se trata de establecer en España un nuevo modelo fiscal, más moderno y adaptado a los tiempos, sino de retocar lo que hay simulando una bajada de impuestos. Y entre todos ellos existe uno preocupante, que es el maltrato que sufre la vivienda. El ‘Plan Lagares’ pretende acabar definitivamente con la deducción por compra de primera vivienda y además su tributación por IRPF, dos acciones sobre las que el Ejecutivo, de momento, parece tener dudas, pero que de llevarlas adelante supondría un durísimo golpe para más del 80% de las familias españolas.

No existe bien en este país sobre el que recaiga tantos tributos como el de la vivienda. Ni existe país en la UE que castigue de esta manera la propiedad de un piso o una casa para vivir con dignidad. Por la vivienda se paga el IBI, el impuesto de patrimonio, las plusvalías municipales, el IVA, el impuesto sobre transacciones y sucesiones y, en el caso de que se tenga más de una, el impuesto de la renta. Pues bien, para más inri, los expertos incluyen otra ocurrencia, la revisión al alza de los valores catastrales, que no puede ser mayor contradicción con lo que tendría que suponer una adaptación de la fiscalidad a las condiciones reales del mercado. Cuando los precios de la vivienda cayeron más de un 30% durante la crisis, vienen los sabios y defienden que el valor a efectos tributarios se eleve. ¡Qué incongruencia!

 

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La rebaja fiscal

José María Aznar ha originado un enorme terremoto en el seno del PP con sus críticas a la actuación del Gobierno de Rajoy. El expresidente defiende la bajada de impuestos para contribuir al despegue de la economía y denuncia la asfixia que esta sufriendo la clase media por la presion fiscal. Mariano Rajoy ya ha respondido que no tiene previsto cambiar de política.

Aznar habla desde la experiencia como jefe de Gobierno entre los años 1996 y 2004. Entre las medidas que aplicó para dinamizar la economía figuraba la reducción impositiva y le dio muy buen resultado, pero también es cierto que disponía de un colchón para aminorar los efectos de la rebaja, que fueron los recursos obtenidos por las privatizaciones del sector público empresarial. La situación hoy es bien distinta. Entonces no se producían las presiones que ejercen Alemania y Bruselas para aplicar las recetas de austeridad con el fin de reducir el déficit público; las decisiones, digamos, eran más soberanas. Ni tampoco corríamos el riesgo de que la banca necesitara un segundo rescate, como ya se empieza a apuntar, que puede traer consigo nuevos recortes en nuestro estado de bienestar.

Es decir, Rajoy tiene un papelón que no tenía, ni por asomo, Aznar en su momento. La nostalgia no puede ocultar la realidad. Y la realidad es que son muchos los lobos que se pueden arrojar sobre la presa. De todas formas, la rebaja fiscal tiene que ser una medida sobre la que debe de trabajar el Gobierno para aplicarla en cuanto se produzca la mínima oportunidad. Y la mínima oportunidad, si las previsiones se cumplen, puede estar a la vuelta de la esquina. El próximo año, por ejemplo. En cuanto se produzca el más mínimo atisbo de recuperación, el Ejecutivo tendría que asumir la bajada de impuestos como incentivo para favorecer el consumo, la inversión y la generación de empleo. Si los ciudadanos y las empresas tienen más dinero en el bolsillo, más capacidad habrá de dar la vuelta a la tortilla y acelerar el proceso de crecimiento sin perder recaudación.

Después de casi año y medio de mandato y una treintena de medidas para elevar la carga tributaria,  el Gobierno tendría que suavizar los gravámenes sobre el trabajo, el ahorro y la inversión. Para ello, la rebaja fiscal debería afectar al IRPF, al sistema de tributación por módulos y al impuesto de sociedades, especialmente. Y sería adecuado, además, que la reforma lograra acabar con las enormes diferencias que existen entre comunidades autónomas. No se puede permitir que Asturias aplique un tipo marginal de IRPF muy por encima de la media nacional y similar al que está vigente en Suecia, o que Madrid tenga suprimido el impuesto de patrimonio. Por lo  tanto, lo que ahora se ve como contraproducente, dentro de un año puede ser decisivo.

 

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