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Categoría: Industria
‘Operación Zumárraga’

Sobre Zumárraga cayó la espada de Damocles. Una de cada cinco familias de este pueblo guipuzcoano de más de 10.000 habitantes vivían directamente del trabajo en la acería que ArcelorMittal ha comenzado a desmantelar la semana pasada para convertirla en un almacén de chatarra por la embestida de la competencia desleal. La villa donde nació Miguel López de Legazpi, el conquistador, el mismo cuyos hombres defendieron Manila de los piratas chinos, se queda prácticamente sin industria por la incapacidad europea a poner freno al acero ‘low cost’ procedente del gigante asiático. La UE se pone antes de acuerdo para expulsar a los refugiados que para defender lo que en 1951 tal como día como hoy fue germen de la Unión.
Cuando otras áreas del mundo adoptan con celeridad medidas proteccionistas ante la invasión comercial, en el viejo continente abrimos expedientes para investigar la evidencia y discutimos si son galgos o podencos mientras nos cierran plantas como la de aquella tierra, dando la puntilla a medio siglo de tradición siderúrgica. Socialmente tiene coste. Más de 260 trabajadores tendrán que hacer las maletas para recolocarse en las factorías de Gijón y Avilés. Son los desplazados, a los que se dará acogida en Asturias, cómo no, pese al precio que tiene este tipo de reubicaciones en una región como la nuestra tan golpeada por el desempleo.
La ‘operación Zumárraga’ tendrá consecuencias. El primer efecto es inmediato. Los compromisos de Arcelor en el plan laboral se van al garete. ¿Qué puestos ocuparemos cuando vayamos a Asturias?, se preguntaban los operarios vascos el día que la multinacional echaba el cerrojo a la planta. Pues los que ahora ocupan los eventuales contratados por la compañía en Veriña o Tabaza o los relevistas del personal que aquí se iba prejubilando. Es decir, el cierre en Guipúzcoa incrementará el paro en Asturias.
También se extraen conclusiones. Resulta cansino recordar que ni en España ni en la Unión Europea existe política industrial, pero Zumárraga, y lo que todavía pueda venir, es otra víctima más de esa carencia. La industria europea y española está huérfana, totalmente desprotegida. Hasta dónde hay que llegar para que se tomen medidas que rebajen los costes energéticos de las empresas, uno de los factores más determinantes en los cierres y deslocalizaciones.
Menos mal que en Gijón, por ejemplo, no se acabó instalando una acería eléctrica como la que desaparece en el País Vasco o la que Arcelor decidió parar en Sestao cuando a mediados de los noventa, de manera acertada, se decidió que la siderurgia asturiana continuase siendo integral, con dos hornos altos y dos acerías al modo tradicional. No es que nuestra cabecera sea menos vulnerable por ello, pero sí se está demostrando que tiene más capacidad competitiva y de resistencia que otras instalaciones del propio grupo en Europa.
Ahora bien, con el ‘laissez faire, laissez passer’ que practican las autoridades no se solventan los problemas ni se despejan las incertidumbres. Puede que la batalla del acero a bajo precio entre en un punto de inflexión cuando China no tenga más excedentes que colocar, quizás más pronto que tarde, pero los males de la siderurgia y de la industria en general seguirán estando ahí, en la hoja de deberes, pendientes de solucionar por inacción.

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Las baterías de Arcelor

Sin duda alguna la inversión de ArcelorMittal en la reconstrucción de las baterías de cok de Gijón supone una inyección relevante para el necesario empuje de la industria en Asturias, un sector que ha quedado seriamente dañado por la gran depresión económica. En ese sentido, estoy de acuerdo con la apreciación del flamante consejero Francisco Blanco tras el encuentro que mantuvo con los directivos de la multinacional siderúrgica: “La inversión de la empresa fortalecerá el corazón industrial de la comunidad autónoma y contribuirá a afianzar la recuperación”. No en vano, estamos hablando no solo de la mayor actuación de ArcelorMittal en la región desde que el magnate anglo-indio desembarcó en la siderurgia asturiana, sino también de la inversión industrial más cuantiosa prevista, hoy por hoy, en el Principado. Con el proyecto de las baterías y con el resto de reformas que Arcelor tiene previsto acometer en el próximo trienio con un desembolso cercano a los 300 millones de euros la multinacional contribuirá a dinamizar el sector, de la misma forma que lo ha venido haciendo a lo largo de su historia en su papel de cabeza tractora de la economía regional. Ahora bien, considerar que las nuevas instalaciones de cok apuntalan la actividad siderúrgica en Asturias otros cuarenta años quizás sea mucho decir.
La aseveración queda muy redonda y puede que haya alguien que se lo crea y se quede tranquilo pero una cosa es que la vida útil de las futuras baterías pueda llegar a ser tan larga y otra que con estos equipos tengamos garantizada siderurgia hasta más allá del 2050, entre otras cuestiones porque el futuro de la cabecera no depende únicamente de que el cok se produzca a menos de un kilómetro, aunque sea un factor relevante.
Arcelor prevé amortizar la inversión en dos años una vez que las instalaciones se encuentren a pleno rendimiento porque puede conseguir ahorros de 60 millones al año por su eficiencia técnica y el aumento de la productividad. A buen seguro existen pocas inversiones industriales de estas características que se puedan amortizar en tan poco periodo de tiempo. La oportunidad entonces no ofrece dudas. Incluso para ir pensando también en la reconstrucción de la misma manera de las baterías de Avilés, cuyo devenir pende ahora de un hilo. La producción de cok, tal como nos la presentan, es un negocio viable y de resultados inmediatos.
Y para finalizar, lo más preocupante del anuncio, el plazo para el inicio de la obra, dentro de un año, en el segundo semestre del próximo ejercicio. Esta claro que una actuación de estas características necesita mucho tiempo para las labores de preparación, para la realización del proyecto de ejecución y una buena planificación, pero Mittal ha demostrado una gran eficacia y agilidad en la toma de decisiones trascendentales para adaptar la actividad de la compañía a la evolución del mercado. Y por ello hemos visto como paraba hornos de la noche a la mañana, cerraba instalaciones y aplazaba inversiones hasta tiempos mejores. Precisamente las baterías fueron víctimas, entre comillas, de esa capacidad de reacción hace ahora dos años. Quiero decir con ello que en un año podemos pasar de asomar la cabeza a tenerla nuevamente enterrada. El comportamiento de los mercados y de la economía es, en estos momentos, impredecible.

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Reindustrialización

El Gobierno parece que está dispuesto a coger el toro por los cuernos y dar un impulso al proceso de reindustrialización en España. Como nunca es tarde si la dicha es buena, la propuesta lanzada desde el Ministerio de Industria para conseguir un pacto de Estado que implique a las organizaciones sociales y a los partidos para relanzar la actividad productiva en el país hay que saludarla de manera muy positiva. Cualquier intento a buen seguro no resultará baldío porque de lo que ha carecido España en muchos años, ya no solo durante la Gran Recesión sino incluso antes de que estallara la crisis, era de la ausencia absoluta de política industrial. De hecho, esa carencia ha llevado incluso a que una buena parte del tejido productivo del país fuera devorado por las fauces del declive.
En estos años, la industria española ha perdido peso en el PIB, del 30% que aportaba tan solo aporta el 16%, y también ha descendido cinco escalones en el ranking mundial de los países industriales. Ahora estamos en el puesto número catorce, por lo que hemos dejado de ser una de las grandes potencias para vernos superados por los países emergentes. Volver a la situación que teníamos en la esfera internacional va a costar muchísimo esfuerzo, quizás ya no lo logremos, pero sí es necesario adoptar medidas para dar un empujón y, como mínimo, fortalecer lo que nos ha quedado en pie e impedir que sigamos descendiendo.
El Gobierno maneja un informe elaborado por la consultora Boston Consulting como documento base para la reindustrialización, que recoge un conjunto de ideas para la discusión con los agentes implicados. De todas formas, hay cinco claves fundamentales para ayudar a que el sector sea competitivo y dinámico: reducir la elevada presión fiscal que soportan las empresas, incluidas las cotizaciones sociales, que son una carga a la hora de mantener plantillas y crear puestos de trabajo; disminuir el precio de la energía, teniendo en cuenta que España es el país de Europa con el recibo por consumo de electricidad más caro; facilitar a las compañías el acceso a las vías de financiación, con la apertura del crédito por parte de las entidades bancarias,  habilitar medidas para respaldar la internacionalización y apoyar co n firmeza la investigación, el desarrollo y la innovación.
Entre las propuestas que el Ministerio tiene sobre la mesa figuran otras tres que resultan interesantes y complementarias: el fomento de la compra de productos nacionales, el papel de las multinacionales españolas como embajadoras de las pymes y promover el aumento del tamaño de las pequeñas y medianas empresas.
A todo este conjunto de acciones añadiría otra que el comité de empresa de Tenneco, como ejemplo que es de lucha para todo el país contra a los desaguisados empresariales, llevará a la sede ministerial del Paseo de la Castellana: una ley para impedir la fuga de las multinacionales, para evitar las deslocalizaciones, sean de libro, como se calificó en su día la de Suzuki, o tan asumida como la de Coca Cola. Otros países de la UE ya adoptaron normas en este sentido. El más cercano, el caso de Francia. Si yo fuera ministro, tomaría también nota de la idea.

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¿Deslocalización de libro?

En Asturias tenemos un problema que se ha manifestado, sobremanera, con el cierre de Suzuki: la incapacidad para afrontar las presiones de las multinacionales. Tenneco sigue la estela de la compañía japonesa, que ha abandonado la región sin pena ni gloria, sin que nadie le hiciera frente, después de recibir millones en ayudas y sin que ninguna administración le pidiera cuentas por levantar el campamento o, al menos, se preocupara por intentar sacar a relucir los tejemanejes de la empresa en nuestro país. Como Suzuki se marchó, casi con la alfombra roja puesta, ¿alguién no llegó a pensar que, dadas las facilidades para desubicarse, alguna otra firma no lo intentaría? Ahora tenemos la respuesta.
El Gobierno regional, cuyo presidente llegó a calificar en algún momento de “deslocalización de libro” el cierre de la multinacional japonesa, justificó su marcha, incluso, como una decisión irrevocable y claro, si aceptas de mano esta posición dificilmente puedes hacerle frente salvo intentar suavizar el drama que conlleva la clausura de una fábrica. En el proceso de Suzuki, es justo recordarlo, el Ministerio de Industria también se cruzó de brazos y lo mas que pudimos escuchar de su titular fue que estaba muy preocupado. Tal para cual.
¿Qué sucederá ahora con Tenneco? Me temo que lo mismo. Los trabajadores ya andaban con la mosca detrás de la oreja y el pasado mes de julio, después de una asamblea extraordinaria, cortaron de manera espontánea el tráfico porque los rumores apuntaban a que la empresa iba a trasladar su producción a alguna de las plantas que la multinacional tiene en los países de Europa del Este. La empresa ha venido recortando la plantilla desde el estallido de la maldita crisis hace seis años a través de expedientes de regulación de empleo, de tal manera que en dos sacudidas se llevó 150 operarios por delante y en un tercer intento se encontró con el rechazo de la autoridad laboral al plan de ajuste, entre otras razones porque la planta de Gijón, aún con las dificultades que está atravesando el mercado de la automoción, venía arrojando beneficios, pese a todos los argumentos que la dirección pone ahora sobre la mesa para llevar adelante la drástica medida.
Es decir, Gijón ya no es viable para Tenneco, pero sí lo es Ermua, que fabrica lo mismo, con costes similares e iguales problemas que aquí, salvo uno, que es el País Vasco, con su régimen fiscal y un Gobierno menos blandito que el que tenemos en Asturias para poner los puntos sobre las íes. Con Tenneco, por lo tanto, no se puede consentir la misma reacción que el Principado y el Ministerio tuvo con la fuga japonesa. Sus trabajadores no pueden quedar de la misma forma desamparados. ¿O lo llamamos también deslocalización de libro?

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Vitamina para los astilleros

Medio noqueados por tanta adversidad en la industria asturiana, la aprobación por la Comisión Europea del nuevo sistema de bonificaciones fiscales para los astilleros es como un complejo vitamínico, la inyección de adrenalina que esperaba el sector para remontar vuelo. Aunque nunca es tarde si la dicha es buena, las autoridades comunitarias tardaron una eternidad en hacer justicia y decidir sobre la denuncia que había presentado Holanda contra el régimen de incentivos tributarios del que gozaba el naval por considerarlo ayudas de Estado.

La suspensión del ‘tax lease’ se produjo hace más de año y medio y en todo ese tiempo los astilleros perdieron, nada más y nada menos, que cerca de medio centenar de contrataciones, que hubieran generado una facturación de más de 1.000 millones de euros, porque eran incapaces de competir, no solo con constructores de terceros países, sino con sus homólogos europeos. De esta manera, el pleito del tulipán, que recibió el respaldo cómo no de otros socios, sirvió para que astilleros holandeses, alemanes, franceses, daneses, etcétera, se libraran durante ese tiempo de un gran competidor y reforzaran su carga de trabajo.

La Comisión Europea ha aceptado el nuevo régimen fiscal de los astilleros, pero ahora el Gobierno español tiene que ponerse las pilas. El Ministerio de Hacienda debe de agilizar los cambios legislativos del Impuesto de Sociedades para que se permita la deducción del coste de los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero desde el inicio de la construcción de los barcos, es decir, la llamada amortización anticipada, que es en lo que consiste realmente el ‘tax lease’. La vía más rápida para ello es la promulgación de un real decreto con las modificaciones para que pueda entrar en vigor cuanto antes. Si es en diciembre, mejor. Los astilleros requieren tener este mecanismo para poder presentar ofertas atractivas a los armadores e intentar aprovechar las oportunidades de negocio que no tenían que haber perdido por la actuación de los lobbys comunitarios y la falta de pericia de la Administración española.

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La desprotección industrial

El permanente goteo de cierres de empresas en nuestro país pone de manifiesto, con más crudeza que nunca, lo que se venía denunciando en los últimos tiempos, la ausencia absoluta de una política industrial eficaz que facilitara el asentamiento del sector y evitara lo que está ocurriendo ahora, el desmantelamiento y la deslocalización. España, y por supuesto Europa, no han dado ningún paso para proteger la industria de los embates de una globalización desequilibrada y maliciosa, que ha beneficiado más a los países de bajo coste, los llamados emergentes, para sumergir en el empobrecimiento a los más desarrollados.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, mostró hace unos días su enorme preocupación por la fuga de Suzuki, pero no ha ido más allá de la expresión de la inquietud. El ministro está preocupado, como lo estamos cuarenta millones de ciudadanos, pero sigue aplicando su ‘política de nada’, el ‘laissez faire, laissez passer’, de la que no se puede esperar, lógicamente, ningún resultado porque tan siquiera busca eso, algún resultado. Esta es la visión del Gobierno: la industria española tiene que ser más competitiva y por ello hay que emprender una ‘chinacización’ de los trabajadores reduciendo los costes laborales. Es decir, el hecho de que las empresas españolas paguen el precio de la energía más alto de Europa o que la fiscalidad sea de las más elevadas del continente no cuenta en la adición de costes.

Nuestra industria ha perdido en la última década cerca de veinte puntos en competitividad y todo ello, según la teoría gubernamental, por la nómina del señor trabajador. No hay más ciego que el que no quiere ver. O el que solo ve una parte. Si yo fuera empresario, también me manifestaría para que el Ejecutivo, además de recortar, tomara medidas para aliviar la brutal carga fiscal y energética que tienen las empresas. Seguro que la competitividad aumentaría. Con lo que no mejoramos, desde luego, es con la aplicación de los gravámenes tributarios en el sector energético, tal como han denunciado una veintena de asociaciones empresariales, las más importante del país, que ponen aún más en evidencia la equivocación.

Política en España, pero también en Europa. La inación de la UE en materia industrial es sencillamente escandalosa. Las multinacionales levantan el campamento y las autoridades comunitarias dicen adiós y cruzan los brazos. Como somos más papistas que el papa, defendemos a ultranza el librecomercio y nos oponemos radicalmente a adoptar medidas proteccionistas, mientras nos inundan de productos manufacturados de países donde no se respetan los derechos sociales ni las normativas medioambientales más esenciales. De esta manera, se está destruyendo nuestro tejido industrial y el estado de bienestar por el ‘dumping’ que practican China, Tailandia, India, Corea… Nunca existieron tantas razones para levantar barreras en Europa. Al igual que se hizo en política agraria, la UE tiene instrumentos jurídicos suficientes para proteger la industria si quiere. Uno de ellos, el principio de preferencia comunitaria, por ejemplo. Con aranceles, exenciones y controles en las fronteras se puede conseguir que a productos iguales, sean motos, chapas o estanterías, el precio sea favorable a aquel que tenga origen aquí. La UE no puede perder más tiempo porque han saltado todas las alarmas.

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