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La repetición de una cacicada

El 15 de enero de 1979 el pleno de la corporación gijonesa declaraba por unanimidad ‘persona non grata’ al exrector de la Universidad de Oviedo, don Teodoro López-Cuesta, por su reiterada oposición al desarrollo del campus universitario de esta ciudad. Aquel mismo día, hace mañana treinta y nueve años, el Boletín Oficial del Estado publicaba una orden ministerial que legalizaba el traslado a Oviedo de la División de Filosofía y Ciencias de la Educación tras la maniobra del señor López-Cuesta por desmantelar la sede gijonesa en favor de la insaciabilidad capitalina. Pero no contento con ello, el exrector también se aplicaba en entorpecer la construcción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que había sido creada por decreto cuatro años antes. Don Teodoro, ‘Teo’ para los amigos, tenía retenido el expediente de inicio de las obras mientras impulsaba el campus ovetense de la mano del ayuntamiento carbayón.
Estos días asistimos a una repetición de la cacicada. La historia del campus de Gijón ha tenido momentos esperpénticos en relación con el centralismo cerril al que nos tiene acostumbrados con la Universidad o a la arbitrariedad política con la que se han ido tomando algunas decisiones, como fue en su momento el caso de Mieres, constituido con abuso de poder y alevosía.
El rechazo a la instauración del grado de Ingeniería de Organización Industrial es un nuevo atropello a las aspiraciones universitarias de esta ciudad, que en este caso coinciden con las del Rectorado porque la propuesta no es para nada localista, como algunos podrían pensar, si no para atender una necesidad de titulación de creciente demanda. La paternidad de la tropelía en la Dirección General de Universidades, dependiente de la Consejería de Educación, tiene nombre y apellidos y los argumentos manejados para denegar la petición no dejan de ser sorprendentes. El propio Rectorado ha calificado de sesgado el informe sobre el que se apoya el organismo del Principado para emitir una resolución contraria a la implantación de los estudios en Gijón. Sesgado es, desde luego, el calificativo menos malo que se puede dar a una decisión malintencionada.
La malévola resolución contraviene todos los principios que se han venido defendiendo para la Universidad. Es irrespetuosa con su autonomía, pone en cuestión su capacidad para decidir las titulaciones, rompe con la conexión que deben tener los centros con la demanda de las empresas y quiebra el objetivo de conseguir una universidad más competitiva. Pero lo más preocupante, de lo que no salgo de mi asombro, es que invita a los jóvenes a salir fuera a cursar los estudios del ‘ingeniero total’, aunque sea pagando a una institución privada.
Uno se pregunta cómo puede el consejero don Genaro Alonso suscribir las apreciaciones del escrito que rechaza el grado y, sobre todo, qué pensará de ello el presidente regional, don Javier Fernández, que estaba al corriente de la aspiración de la Escuela Politécnica como buen conocedor que es de la carrera que estamos hablando.
El próximo miércoles, el pleno del Ayuntamiento aprobará una declaración, que será unánime tras las aportaciones de todos los grupos políticos, para respaldar la inclusión del grado en el catálogo de enseñanzas del campus de Gijón. Ojalá esta iniciativa institucional sirva para que la Administración regional en Oviedo decida enmendar este agravio y evitar que a alguien se le ocurra actualizar el título que entonces se le otorgó a don Teodoro.

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Subastas de ciudad

Gijón está de subastas. El Principado ha puesto en marcha en los últimos días el proceso para la venta pública del antiguo Palacio de Justicia y la Autoridad Portuaria ha abierto el plazo para recibir ofertas por el solar de Naval Gijón. Con anterioridad, la Administración regional había sacado al mercado los locales que ocupaban los juzgados de lo Social en la calle de Donato Argüelles, mientras que el puerto mantiene la búsqueda de un comprador para el noble edificio del Muelle, la vieja sede del organismo museliano.
Hasta ahora las subastas no han tenido ningún éxito. Es la segunda vez que el Gobierno asturiano intenta deshacerse del inmueble que durante treinta años albergó los juzgados de la ciudad sin que hasta el momento asomara un inversor. Desde la primera convocatoria, allá por 2016, el precio de salida del edificio de la calle del Decano Prendes Pando ha bajado en millón y medio de euros. El Principado lo saca ahora por poco más de 8,6 millones y aún parece difícil que aparezca un interesado dispuesto a la puja. Por lo tanto, resulta aventurado determinar cuál será finalmente su destino, si albergará viviendas u oficinas o se convertirá en un complejo de ocio y tiendas en el centro de Gijón. Lo que sí es seguro es que este edificio, cuya construcción se inició en 1959 costeada con las aportaciones de los gijoneses a la Junta Local de Protección de Menores para alojar la Casa de la Infancia, no volverá a tener un uso público, pese a la petición vecinal y de alguna formación política de que su utilidad revertiera a la ciudadanía. Es una pena, aunque a cambio disfrutamos desde 2013 de un nuevo Palacio de Justicia que concentra todas las sedes judiciales en los terrenos de la histórica fábrica de La Bohemia.
La venta del suelo de Naval Gijón, por su parte, tiene un interés general mayor que los inmuebles de los viejos juzgados. La Autoridad Portuaria pide de mano 5,4 millones por la parcela de casi 40.000 metros cuadrados cuya utilidad está limitada a la edificación de oficinas, locales comerciales y equipamientos dotacionales. Cosas productivas, según la programación urbanística pendiente de aprobación. Nada de viviendas residenciales ni hoteles o actuaciones similares que puedan acarrear algún tipo de especulación. Los socialistas han planteado que el Ayuntamiento se haga con ello para desarrollar un polo empresarial adicional al parque tecnológico vinculado al mundo de la mar. El gobierno local, de momento, renuncia a la puja, pero la señora alcaldesa ha dejado la puerta abierta a analizar la operación más adelante, si las circunstancias presupuestarias del municipio lo permiten, claro está.
Así como la compra de la antigua sede portuaria en la calle de Claudio Alvargonzález carecía de cierta lógica, la idea de que el Consistorio intervenga en el desarrollo de ese suelo como agente directo, no solo a través del planeamiento, tiene una evidente razón pública. No estaría de más explorar todas las posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, implicar en la necesaria cirugía de la zona a Pymar, la sociedad de reconversión de los astilleros. Pymar tiene bajo su propiedad otro gran espacio donde se asentaba la factoría con una dimensión similar a la que el puerto puso el cartel de ‘se vende’. Incluir la superficie entera que dejó la empresa naval en un mismo paquete para acometer una actuación en su total integridad sería, desde el punto de vista urbanístico, una propuesta digna de consideración. De la misma manera que sería la búsqueda de fórmulas de colaboración entre la iniciativa pública y la privada para avanzar en la recuperación de la fachada marítima gijonesa. Del intento también puede surgir la oportunidad.

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La inseguridad de los planes de empleo

Los planes locales de empleo no han tenido una buena vida. Desde su creación hace ya más de dos décadas estuvieron en el punto de mira de quienes consideran que el ayuntamiento en su papel de empleador ocupa espacios que correspondería a la iniciativa privada en su función de generación de riqueza y puestos de trabajo y también de aquellos que cuestionan su contribución a favorecer la inserción laboral de los colectivos más necesitados. Sin embargo, el efecto terapéutico de estos planes es indudable. No puede haber institución política alguna que renuncie a buscar fórmulas para ofrecer la oportunidad de trabajar a quienes tienen las puertas del mercado laboral cerradas. En ese sentido, los municipios han desarrollado una labor encomiable durante los años más duros de la gran recesión con la puesta en marcha de programas de empleo, concebidos más como una acción social, pero que sirvieron de pequeñas dosis para aliviar las insoportables cifras de paro. Sin embargo, los planes de empleo se toparon con las estrecheces presupuestarias, asfixiantes para las haciendas locales, y con los varapalos judiciales provocados por los propios beneficiarios con la reclamación de sus derechos, que contribuyeron a legitimar aún más los postulados de la incomprensión. Es curioso que, al final, sean sus propios usuarios, animados por quienes han sostenido el sistema, los que lleven los planes por el camino de la destrucción, sin que se haya puesto remedio legal a la laguna que favorece la interpretación de los jueces contraria a los ayuntamientos. Da la impresión de que la administración no ha puesto todas las ganas necesarias para solventarlo.

Esta semana se ha conocido una sentencia en contra del consistorio gijonés por despido improcedente a un trabajador que se benefició del programa de hace dos años, que era precisamente el primero de los que se ponían en marcha con las modificaciones fijadas por el Principado para evitar la avalancha de fallos judiciales que estaban sufriendo los municipios. El modelo contractual por obra o servicio tal como continúa diseñado hace aguas por todos los sitios. No puede verse sometido constantemente a la amenaza de las reclamaciones ni al criterio del juez de turno que decida sobre la denuncia. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Gijón tuvo que destinar cerca de tres millones de euros al pago de indemnizaciones por esta causa, un coste excesivamente elevado teniendo en cuenta los recursos disponibles para este menester. La situación de inseguridad es tal que otras administraciones locales vecinas, como menos capacidad financiera que la ciudad en la que vivimos, han tenido que rechazar su participación en este tipo de acciones ante el riesgo de generar un agujero económico imposible de soportar.  En el caso de Avilés, sin ir más lejos, se decidió contratar solo a titulados en prácticas, donde el modelo es mucho más claro y la judicialización inexistente.

Por lo tanto, urge una reforma en profundidad de este tipo de programas. Resulta totalmente incongruente que el Gobierno asturiano reclame a los municipios la devolución de las subvenciones recibidas para los planes una vez que los tribunales entendieran que hubo en algunos casos fraude de ley cuando lo que hicieron fue aplicar los requisitos exigidos por la propia Administración regional. No tiene ni pies ni cabeza.

Es necesario repensar todo el sistema, definir nuevamente los modelos de relación laboral con los beneficiarios, que los objetivos de inserción en el mercado de trabajo sean reales y aprovechar la oportunidad para profundizar en la colaboración público-privada introduciendo mecanismos que favorezcan el empleo de las personas más necesitadas en la contratación pública de obras y servicios. Se está aún a tiempo de hacerlo. Si la lucha contra el paro es prioritaria mantenerse impasible mientras se dilapida el dinero de esta manera solo tiene en el diccionario un calificativo. Se llama irresponsabilidad.

 

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El imprevisible dieciocho

Arrancamos un nuevo año prácticamente como empezábamos el que ahora despedimos en cuanto a los grandes asuntos que llevamos anotados en la agenda para esa Asturias mejor. La conexión rápida por tren con la Meseta sigue pendiente, las listas de espera en la sanidad mantienen su tendencia al alza, los aspirantes al salario social aumentan, la población cae sin remedio, los jóvenes no dejan de buscar fuera su oportunidad y somos, en definitiva, doce meses más viejos. Quiero decir con ello que, por una razón u otra, en esta región no se está aprovechando el tiempo. Mientras las agujas del reloj corren imparables seguimos instalados en debates ingentes y eternas discusiones para incorporar propuestas a planes rimbombantes sobre lo que tenemos que hacer para finalmente hacer poco o no hace nada.

Asturias tiene un armario repleto de retos. No hay hueco para meter más y, sin embargo, seguimos sumando tareas. Además de todo lo mencionado, que no es poco, sale al paso la amenaza de una nueva reconversión por la lucha contra el cambio climático. El medio ambiente se está convirtiendo en la cuarta pata del estado de bienestar en Europa, junto a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Se trata de preservar la salud mediante el aire que respiramos, el agua que bebemos y los productos con los que nos alimentamos.

Como objetivo es irrenunciable, pero alcanzar el estado ideal, además de sacrificios individuales y colectivos, conlleva para esta región un riesgo relevante. Podemos reciclar todo lo reciclable, dejar el coche en casa, utilizar mucho más el transporte público y la bicicleta, plantar árboles en cada esquina, pero Asturias no puede sobrevivir sin la industria. El proceso casi obsesivo para reducir emisiones mediante elevadas restricciones, venta de derechos y descarbonización supone el mayor desafío del siglo para el sector industrial asturiano. El cierre de las centrales térmicas va camino de convertirse en un hecho inevitable, entre otras cuestiones por las grandes presiones corporativas y el estrangulamiento financiero que sufrirá todo aquella actividad vinculada al carbón.

La guerra, de mano, está perdida, pero hay que alargar la batalla hasta el desenlace final todo lo que se pueda. La transición energética, que no es más que un apelativo blando de esa reconversión que está al caer, tiene que hacerse sin poner en peligro la competitividad de nuestras empresas y, por lo tanto, la estructura económica de la comunidad autónoma. Para ello se requiere mayor generosidad en los plazos. Doce años, tal como se está planteando desde Bruselas, es un periodo escaso. Está a la vuelta de la esquina. De nuevo se pone de manifiesto el factor tiempo, pero en este caso el apremio resulta contrario a los intereses de la región. El año que ahora empieza será determinante para establecer el devenir del carbón como materia prima para generar energía. El poco que todavía extraemos y el que llega a través del puerto. Su exterminación conlleva la desaparición de una buena parte de nuestra identidad, pero sobre todo compromete nuestro futuro.

 

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Cuestión de ayudas, cosas de tasas

La claridad permite ver mejor el camino. Pone los obstáculos al descubierto, favorece el paso y garantiza que se pueda recorrer la senda con seguridad. La claridad en la explicación no abunda en los políticos, es una cualidad que deberían de cultivar más. Son especialistas del rodeo para generar expectativas que la mayor parte de las veces se desbaratan porque alguien, en un momento determinado, expresa con franqueza que una cosa es yo y otra, mis circunstancias.

No todo depende de la buena voluntad, como la que ha mostrado Balearia, que una  vez más ha evidenciado su interés en reactivar la autopista del mar, aunque la expresión del deseo no es aval suficiente para que el buque llegue a puerto. Existen esas otras circunstancias, condiciones en este caso, que determinan la recuperación por la naviera española de la línea desaparecida hace ya tres años.

Es de agradecer la sinceridad de don Guillermo Alomar, director de Flota de la compañía, que esta semana colocó puntos sobre las íes en el proyecto del ferry. Balearia tiene el barco idóneo para cubrir la ruta, una nave propulsada con gas natural licuado, de 185 metros de eslora, 2.800 metros lineales para llevar vehículos y una capacidad para 850 pasajeros. Reúne todas las características para reabrir la línea combinando el transporte de turistas y el de camiones.

Pero faltan por concretar dos aspectos esenciales a los que se refirió el señor Alomar: las ayudas europeas y las tasas portuarias. La empresa de Adolfo Utor y Abel Matutes, como establece la lógica, no quiere correr el riesgo de que la conexión vuelva a ser un fracaso. Las cuentas salen si la línea resulta atractiva y viable desde el minuto cero. Es decir, seguimos estando como estábamos: sin plazos para su puerta en marcha, a expensas de conocer las subvenciones para los primeros años y de negociar las tarifas que llegaría a cobrar el puerto.

A propósito de tasas y tráficos, aunque cambiando de tercio, uno se pregunta qué hará Adif y el Gobierno asturiano con la espantada de Ence en el ramal ferroviario de Navia. El Tribunal de Cuentas ha planteado estos días a Feve dos salidas: negocias o reclamas. Recapitulemos. Hace siete años, el Ejecutivo del señor Areces firmó un acuerdo con el operador de trenes y la empresa papelera para construir un ramal que conectara la factoría naviera con la línea ferroviaria y pudiera exportar sus mercancías por El Musel. La inversión alcanzaba los nueve millones, de los que cinco eran aportados a partes iguales por el Principado y Feve y el resto, dos millones, por la compañía. Cuando empezaron las obras reacciona la Xunta de Galicia. El presidente Feijóo da un golpe en la mesa, de aquello ni hablar, y rebaja las tasas del puerto de Ribadeo para Ence en un sesenta por ciento, además de otras concesiones. La ejecución del ramal queda paralizada y desde entonces la fábrica de Navia, ampliada con subvenciones de aquí, envía la pasta de papel en camiones hasta el embarcadero gallego de más allá de la raya.

Ahora el órgano fiscalizador, después de examinar las cuentas de Feve, pide que no se haga estrecha como la vía, de tal manera que o bien hace lo posible para reactivar el convenio o denuncia al grupo papelero para exigirle una indemnización por daños y perjuicios. Pasado desde entonces tanto tiempo, parece increíble que tenga que ser dicho tribunal el que le ponga deberes a la empresa pública después de tomarle la lección. Mientras, la Administración regional, que también se ha dejado unos cuartos en el asunto, se mantiene impasible.

Cosas como estas, por otro lado, no van en las agendas de las cumbres entre primos y hermanos. Ya nos pasó también con el ferry, que no para de sacar productos desde Vigo. Asturias y Galicia van de la mano para que el Noroeste no pierda el enganche con el corredor del Atlántico, pero cuando uno se despista el que corre es el otro llevándote la cartera.

 

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‘Had trick’

Fíjense ustedes, queridos lectores, lo que les voy a confesar: Tengo más confianza en que el Sporting llegue a pelear por los puestos de ascenso a la división de la gloria, la que por honor le corresponde, que en el hecho de que el próximo año la ciudad tenga nuevos presupuestos. Estoy deseando que hoy llegue las seis de la tarde para ver a los once chavales guerrear como fieras y correr como galgos, aunque con sentido, para placer de la afición y beneficio de la empresa, que es de lo que realmente se trata el club rojiblanco, como recuerda muchas veces mi compañero y certero analista José Antonio Rodríguez Canal. Una empresa, por cierto, rentable.

Me ha entristecido la destitución de Paco Herrera por abatimiento anímico, como en su momento fue la marcha de Abelardo, pero el fútbol no entiende de bondad ni de nobleza, solo de resultados y clasificación. En función de ello estás vivo o muerto. Herrera me recordaba por su efigie a un senador romano, que aquí intentó tocar la lira pero se encontró con alguna cuerda rota, hasta que le emperador decidió quitarle los tributos por la presión soberana del pueblo. Para bien o para mal, El Molinón es una caldera plagada de un sportinguismo insaciable. Representa el permanente inconformismo que imprime el carácter gijonés, tan difícil de entender desde fuera y tan fácil de comprender cuando estás dentro. Herrera lo sabía, era perfectamente conocedor de ello, pero así todo le hizo mella. Ahora es Rubén Baraja el que tiene que satisfacer la devoción del respetable. Es de esperar que tras el parón navideño pueda sacar un as de la manga para llevar la fiebre en las gradas, como diría el escritor e hincha del Arsenal, Nick Hornby.

Les comentaba que es más factible que el equipo vuelva a los primeros lugares de la tabla que Gijón tenga nuevas cuentas visto como están las cosas por el Ayuntamiento. Todo el mundo quiere presupuestos, incluidos los políticos, que luego silban con las manos en el bolsillo mirando al cielo. Ese juego engañoso siempre se ha empleado cuando en el horizonte se empiezan a divisar las urnas, como es el caso, y más aún en los momentos que vivimos, tan confusos e inciertos. Los rivales son más que nunca y los espacios más estrechos. Por lo tanto, la riña en el campo político se irá agudizando. Se trata, como en el balompié, de meter goles al contrario. Algunos balones golpearán en la escuadra, otros en el larguero, pero el objetivo es debilitar al contrincante en todos los escenarios posibles ante la próxima rendición de cuentas al electorado.

Nos encontramos a las puertas de la prórroga local y corremos el riesgo de que suframos un ‘had trick’. El impacto del triplete, es decir que la prórroga tenga lugar en los tres ámbitos de la administración, no tendría parangón en Gijón, la ciudad que concentra la tercera parte del desempleo en Asturias y actúa como tractora de la economía regional. Estamos hablando de compromisos inalcanzables y de expectativas frustradas. ¿Qué plan de vías ni que cuartos se puede llevar adelante sin dinero disponible para mover? ¿Cuánta renta social seríamos capaces de mantener? ¿En que quedarían las promesas del ‘Gijón crece’, ‘Gijón impulsa’ y todas esas cuestiones? En resumen, decidimos echar el freno, mientras el entorno avanza, por las cuitas de quienes nos representan, que además tienen la desfachatez de apelar a la responsabilidad de los otros, con un ojo puesto en el adversario y el otro, en el ombligo.

 

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