DESIGUALDAD LABORAL

Decían los revolucionarios de la Francia de finales del siglo XVIII que un estado absolutista requería un gran ejército, una corte rodeada de lujos y un gran número de funcionarios ociosos que buscaban su propio bienestar.  El antídoto fue sencillo basándose en la formula “igualdad, fraternidad y libertad”.

La igualdad en las personas presupone que en una misma situación la respuesta o solución siempre sería la misma cualesquiera que fuera el sujeto que la precisase. Esta gran utopía se rompe diariamente cuando todos sabemos que los humanos nos buscamos nuestro propio destino y tratamos de distanciarnos en todo momento de la homogeneidad.

En las relaciones laborales es donde más intensamente se manifiesta esta situación. Racionalmente se puede pensar que un trabajador sanitario tendría la misma relación laboral por el simple dato de serlo y se podría diferenciar en circunstancias objetivas (ser más eficaces, ser más puntuales, tener más conocimientos…). El caso es que en una reducción de ingresos el trabajador del sector público ve recortado su salario directamente mientras el trabajador del sector privado pasa por el juzgado, salvo que se utilice el expediente de regulación de empleo pactado por las partes. También es cierta la diferencia salarial entre unos y otros (en este caso a favor del sector público).

Lo que la sentencia del Juzgado Social pone de manifiesto es la gran incongruencia de nuestro sistema sanitario, basado en distintos esquemas cuando todos deberían apuntar al mismo fin, la atención al paciente. Y todos deberían regularse por los mismos condicionantes económicos puesto que el sistema lo pagamos entre todos los ciudadanos.

Uniformizar la vida quizás sea un poco aburrido pero desarrollar una sanidad con un sistema de igualación en recursos y medios para hacerla sostenible es un gran objetivo a medio plazo. Y, sin duda, nos jugamos mucho en ello.

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