Gobierno vs. publicidad engañosa
El Gobierno de España ha despertado de su letargo y ha declarado la guerra a la publicidad engañosa en materia de telecomunicaciones. Ya era hora. Nuestros líderes han tardado casi 14 años y cinco legislaturas (desde el ‘boom’ de Internet del año 95) en regular este aspecto de la red española. Anuncios a todas luces fraudulentos que, hasta el momento, compartían impunemente nuestra sala de estar con ritmos pegadizos que prometían velocidades de vértigo en nuestra navegación por Internet. Parece increíble que hayamos tenido que esperar al año 2008 para ver algún tipo de medida gubernamental al respecto. Pero, como dirán algunos optimistas, más vale tarde que nunca.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio ha anunciado su intención de poner fin a la que probablemente sea la sarta de embustes televisivos, radiofónicos e impresos más descarada de los últimos años. Ofertas, por ejemplo, en las que ciertos operadores aseguran velocidades de banda ancha de hasta 20 megabytes, cuando en muchos de los casos su capacidad real no alcanza la mitad de lo prometido. O paquetes de televisión e internet que, a pesar de ser contratados por el usuario, resultan no estar disponibles en su zona.
Por ello Miguel Sebastián planea prohibir aquellas ofertas de banda ancha que no garanticen a los usuarios el 80% de la velocidad ofertada. Esta semana presentarán al Consejo Asesor de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información el borrador de la carta de “derechos de los usuarios” que incluye esta medida. Y será a partir de su aprobación cuando los operadores se vean obligados a informar a sus clientes de la velocidad real de la que disponen, línea por línea.
Ahora la incógnita es si los usuarios se beneficiarán económicamente de la nueva medida. Seguro que a nadie le gusta pagar por 20 megas y tener 9 o 10. Eso es algo que los operadores deben entender, y obrar en consecuencia.