Una justicia de castañuelas
Es triste pensarlo. Pero peor es comprobarlo. La justicia española parece empeñada en demostrarnos que su incapacidad para ser realmente “justa” es cada día más escandalosa. Y, hasta el momento, no hay una reforma judicial seria a la vista.
No es sólo que se deje en libertad a los carteristas y ladrones apenas unas horas después de ser arrestados, lo cual ya es indignante. Ni siquiera que los responsables –en parte- de la crisis de la industria musical y cinematográfica (los del “top manta”) ejerzan el comercio ilegal de piratería, a plena luz del día, en las principales calles de nuestras ciudades sin otro temor que el de tener que correr de vez en cuando para evitar que se les incaute el material destinado a la venta. Ni tan siquiera el hecho de que asesinos y violadores reduzcan sus condenas por “buen comportamiento”, que nadie pueda cumplir más de 30 años a la sombra sea por el delito que sea, o que los terroristas salgan a la calle a una edad con la que todavía son muy capaces de matar. Hay más. Mucho más.
En apenas unos días hemos sido testigos de dos casos especialmente llamativos. Tanto por los delitos imputados, como por su amplísima cobertura mediática.
La vuelta a España de José Pérez Díaz, más conocido como Pepe el del Popular, es una auténtica burla a nuestro sistema penal y judicial. De hecho, es un desplante a todos los españoles. Hace 18 años a este sujeto se le acusó de idear un fraude de 36 millones de euros aprovechando su cargo como encargado de una sucursal del Banco Popular en Santander. Cuando se descubrió el desfalco, Pérez huyó a América, donde fue descubierto el mes pasado por las autoridades migratorias. Lo curioso del caso es que, de momento, saldrá indemne, ya que un juez cántabro ha declarado prescritos los delitos que se le imputaban por apropiación indebida y falsedad documental. Es decir: en España, si sabes esconderte después, puedes robar tanto como quieras. Qué mensaje tan desesperanzador. Qué paraíso para los delincuentes.
A primeras horas del lunes nos sorprendía otra noticia: el ‘sheriff’ de Coslada salía en libertad después de pagar nueve mil euros de fianza. Un individuo que aprovechaba su cargo de comisario de policía para quebrantar la ley en lugar de hacerla cumplir. El principal imputado en una trama de corrupción policial que incluye delitos de prevaricación, cohecho, tenencia y depósito de armas, amenazas, extorsión y blanqueo de capitales. El suyo se conoció como el ‘caso Coslada’, en el que se detuvo a 26 agentes locales, de los cuales once ingresaron en prisión. Ginés Jiménez ha pasado menos de un año en la cárcel. Y ahora vuelve a estar en las calles. Las mismas en las que, hasta hace poco, extorsionaba a comerciantes y prostitutas.
Nuestros gobernantes deben llevar a cabo una profunda remodelación de la justicia española. No podemos permitir que desde fuera se vea nuestra patria como un lugar ideal para los maleantes, algo que ha ocurrido en los últimos años. Es conocido que en muchos lugares seguimos dando la imagen de ser un país de castañuelas. Al menos, no permitamos que nuestra justicia también lo sea.