La estadística es arrolladora: según una encuesta publicada el pasado fin de semana por un diario nacional, el 80 por ciento de los españoles se opone a la eliminación de las deducciones fiscales por adquisición de vivienda anunciada por el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de un tema complejo, porque hay opiniones y datos para todos los gustos. Lo que sí parece claro es que tenemos debate para rato.

Las cifras son para tener en cuenta. Según cálculos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, una vez que se haya agotado el periodo de transición de la norma fiscal -a partir del año 2011- el número de personas que dejarían de beneficiarse de la actual deducción ascendería a más de dos millones y medio. Con la actual legislación, un total de 7 millones de contribuyentes podrían desgravarse la compra de su casa. Y claro, muchos han puesto el grito en el cielo ante esta posibilidad, que afectaría a quienes tengan rentas superiores a los 24,000 euros.

Desde el Partido Socialista la medida se defiende como una herramienta clave para evitar la formación de una nueva burbuja inmobiliaria, ya que según la ministra de Vivienda Beatriz Corredor la supresión de dicha deducción garantizaría la desaparición de un importante factor especulativo. Desde el PP, sin embargo, se califica como un “atentado contra las clases medias” y se está preparando una propuesta de resolución para “mantener y mejorar” la deducción actual que pretende suprimir el Gobierno.

La opción del Ejecutivo podría surgir de la mezcla de ambas ideas. Por un lado, parece coherente pensar que establecer una fecha límite para la compra de viviendas con derecho a desgravación debería –a priori- estimular el movimiento del mercado inmobiliario en los próximos 18 meses. Por otro lado, parece injusto que un ciudadano que compra su casa el 30 de diciembre de 2010 se beneficie de importantes deducciones que no tendrá quien lo haga el 2 de enero de 2011. ¿Qué hacer entonces? Podrían contarnos una mentira. Sí, otra. Pero ésta, por el bien de todos.

Puestos a dar ideas, el Gobierno podría decir que se va a aplicar la eliminación de las deducciones, impulsar la compra de ladrillo y luego suspender la propuesta y cambiarla por una mejora a la hora de desgravar. De ese modo habría un estímulo antes y después del 1 de enero de 2011.

El planteamiento puede parecer descabellado. Y probablemente lo sea. Pero indudablemente tiene “su” sentido. Al fin y al cabo, no sería la primera medida que se propone y luego no se lleva a la práctica. Y los beneficiados serían todos los españoles. Entonces, ¿por qué no?

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