De cómo 47 días no sirven para nada
Nada menos que 47 días han pasado desde que se inició el secuestro del Alakrana. Un mes y medio largo esperando que el presidente del Gobierno, henchido de orgullo, dijera aquello de que “el atunero navega en aguas seguras” con la tripulación “libre, sana y salva”. Casi siete semanas de angustia para los marineros y sus familias. Mucho tiempo, demasiado. Para todos, menos –aparentemente- para el Gobierno.
Lejos de admitir ningún tipo de error, o de aceptar la interminable lista de despropósitos que mantuvieron en el limbo las vidas de los marineros secuestrados, el Ejecutivo español simplemente se congratula por el desenlace. Zapatero se ha felicitado a sí mismo, a su vicepresidenta, a sus ministros de Defensa, Pesca y Exteriores… Poco le ha faltado para felicitar a los marineros por aguantar vivos todo el tiempo que su Gobierno ha tardado en ayudarles debido a su torpeza. Esto supera ya el límite de la indecencia y debe ser impermisible para un líder democrático del siglo XXI. Lamentablemente, es el que elegimos los españoles en las urnas.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha señalado que ahora es el “tiempo para la Justicia”. Lo que no ha especificado es qué tan justo considera el Gobierno el mantener en vilo a cientos de familiares tratando de alcanzar una solución diplomática que nunca llegó (principalmente porque este tipo de cosas no se arreglan por teléfono y hasta allí nunca viajó nadie de peso); o qué tan razonable consideran sobornar a los terroristas, ya que hay indicios que apuntan al presunto pago de un rescate de más de dos millones de euros.
Esta posibilidad no es de extrañar, teniendo en cuenta que el inquilino de la Moncloa siente cierta debilidad por negociar con aquellos que secuestran, matan y extorsionan. Eso ya lo sabíamos. Lo lamentable es que, preguntado por ello, el presidente de todos los españoles eluda la respuesta que ya no se le pide, sino que se le exige. ¿Suena familiar esta situación?
Zapatero se ampara en la seguridad nacional para no contar a los ciudadanos lo que sin duda tienen derecho a saber. ¿Ha pagado el Gobierno de España millones de euros a unos extorsionadores asalta-barcos porque se ha visto totalmente incapaz de superar la situación sin ceder al chantaje? Pueden imaginar que responder “sí” a esta pregunta es un suicidio político. Y, para no mentir abiertamente, pues mejor no decir nada. Al menos, en eso nuestro presidente parece haber dado un paso adelante.