El caso de Natalia Santacreu, la niña de 10 años a la que su profesora suspende sistemáticamente por contestar en castellano -y no en valenciano- sus exámenes de “Conocimiento del Medio”, vuelve a dejar en evidencia la presencia de numerosos cabos sueltos dentro del sistema educativo español. El primero y más importante, el de la no existencia de una normativa clara que regule la utilización del uso de las lenguas cooficiales del Estado, y su obligatoriedad en las aulas.

Natalia es una alumna de sobresalientes. Destaca incluso en la asignatura de “Lengua Valenciana”. Pero se desenvuelve mejor en castellano, por lo que contestó en su primera lengua -la oficial de todo el territorio español – a sus dos últimos exámenes de dicha asignatura. Ésta se imparte en valenciano en el centro público al que asiste, y su profesora se lo recriminó por escrito. “Insuficiente. Has hecho el examen en castellano. Si escribes bien las respuestas es porque has entendido la pregunta en valenciano”, apuntó a mano la docente en la hoja devuelta a la alumna, de quinto de primaria. En una segunda ocasión volvió a suspenderla -aunque las respuestas eran también correctas- alegando que “el examen está en castellano de nuevo, y la evaluación es negativa”. Toda una cruzada personal de esta maestra por una causa en la que, sin duda, la más perjudicada será la pequeña estudiante.

El director del Colegio Público Profesor Sánchez Guarner explica que Natalia “debe responder en la lengua en la que se le explican los conocimientos”. Pero el debate está servido puesto que, si las respuestas están bien y han sido escritas en el idioma oficial del Estado, muchos opinan que deberían ser válidas. Máxime cuando ya existe una asignatura aparte que se ocupa de la lengua valenciana en su totalidad.

Como ciudadano español, uno debería tener derecho a estudiar en el idioma oficial de la nación, especialmente en los centros que pagamos todos los españoles y que son un servicio del Estado, aunque sea a través de las autonomías. Este derecho no debe afectar a las lenguas cooficiales que, sin discusión, deberían ser impartidas en sus respectivas regiones. Pero la opción de recibir clases y contestar preguntas en castellano (al menos en las asignaturas de conocimientos generales) debe ser, y es, un derecho que garantiza la Constitución. El Ministerio de Educación tiene que ponerse manos a la obra para que casos como éste no queden en “tierra de nadie”, y es necesario tomar decisiones que sienten precedentes y se respeten en todo el territorio nacional. Natalia debe tener garantizado su derecho a responder en castellano. Y, en caso contrario, el Gobierno debe explicar por qué.

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