El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sigue empeñado en demostrar que la improvisación es el auténtico núcleo de su política, y su incapacidad para prever más allá de la siguiente cabecera de periódico es tan cierta como patética. Pero lo peor del caso es que lo demuestran y admiten abiertamente, como si la cosa no fuera con ellos. El último ejemplo, la decisión pendiente sobre la subida o no de los impuestos en el año 2011.

Quedan sólo 5 meses para diciembre, pero ni el Secretario de Hacienda y Presupuestos ni la Ministra de Economía saben aún que pasará después de fin de año con los impuestos que pagamos todos los españoles. Uno afirma -sin ningún tipo de reparo- que el Gobierno no tiene “ningún plan concreto” al respecto. La otra, que todavía “no lo tienen decidido”. Y se quedan tan frescos. Son estos los personajes que hacen que España siga por el camino de la ruina total. Un quiebra que sólo se evitará si nuestra ya débil economía logra aguantar hasta el final de su legislatura. Crucemos los dedos para que así sea.

¿En qué cabeza cabe que la máxima autoridad económica de un país no sepa lo que va a hacer con la economía de dicha nación en los próximos cinco meses? ¿No es ese su cometido? ¿No es esa la labor para la que ocupa un Ministerio? Lo de este Gobierno es de ver para creer. Y los españoles seguimos tragando, esperando que pase el chaparrón. Asumiendo, con la cabeza gacha, las subidas aleatorias del IVA que ya son una realidad. Aceptando a regañadientes las bajadas salariales del funcionariado. Y deseando que el de la ceja se vaya cuanto antes de la Moncloa.

Los europeos ya respiran tranquilos, porque Zapatero no ha hecho absolutamente nada en los últimos seis meses de Presidencia de la Unión. Ni bueno, ni malo. Nada. Todo un triunfo para nuestros amigos comunitarios, a los cuales hoy envidiamos más que nunca. ¡Qué suerte habéis tenido, que se ha ido sin joder nada! A nosotros no nos caerá esa breva.

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La estadística es arrolladora: según una encuesta publicada el pasado fin de semana por un diario nacional, el 80 por ciento de los españoles se opone a la eliminación de las deducciones fiscales por adquisición de vivienda anunciada por el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de un tema complejo, porque hay opiniones y datos para todos los gustos. Lo que sí parece claro es que tenemos debate para rato.

Las cifras son para tener en cuenta. Según cálculos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, una vez que se haya agotado el periodo de transición de la norma fiscal -a partir del año 2011- el número de personas que dejarían de beneficiarse de la actual deducción ascendería a más de dos millones y medio. Con la actual legislación, un total de 7 millones de contribuyentes podrían desgravarse la compra de su casa. Y claro, muchos han puesto el grito en el cielo ante esta posibilidad, que afectaría a quienes tengan rentas superiores a los 24,000 euros.

Desde el Partido Socialista la medida se defiende como una herramienta clave para evitar la formación de una nueva burbuja inmobiliaria, ya que según la ministra de Vivienda Beatriz Corredor la supresión de dicha deducción garantizaría la desaparición de un importante factor especulativo. Desde el PP, sin embargo, se califica como un “atentado contra las clases medias” y se está preparando una propuesta de resolución para “mantener y mejorar” la deducción actual que pretende suprimir el Gobierno.

La opción del Ejecutivo podría surgir de la mezcla de ambas ideas. Por un lado, parece coherente pensar que establecer una fecha límite para la compra de viviendas con derecho a desgravación debería –a priori- estimular el movimiento del mercado inmobiliario en los próximos 18 meses. Por otro lado, parece injusto que un ciudadano que compra su casa el 30 de diciembre de 2010 se beneficie de importantes deducciones que no tendrá quien lo haga el 2 de enero de 2011. ¿Qué hacer entonces? Podrían contarnos una mentira. Sí, otra. Pero ésta, por el bien de todos.

Puestos a dar ideas, el Gobierno podría decir que se va a aplicar la eliminación de las deducciones, impulsar la compra de ladrillo y luego suspender la propuesta y cambiarla por una mejora a la hora de desgravar. De ese modo habría un estímulo antes y después del 1 de enero de 2011.

El planteamiento puede parecer descabellado. Y probablemente lo sea. Pero indudablemente tiene “su” sentido. Al fin y al cabo, no sería la primera medida que se propone y luego no se lleva a la práctica. Y los beneficiados serían todos los españoles. Entonces, ¿por qué no?

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