Aunque aquel negocio cerró sus puertas tras el reportaje, se ve que la idea sigue funcionando fuera de las fronteras estadounidenses. Nuestra Policía Nacional desarticulaba esta semana una red de explotación sexual masculina, arrestando a 14 personas. Al parecer traían a los hombres desde Brasil, ofreciéndoles unas condiciones de trabajo que nada tenían que ver con la realidad. Todo era coordinado por un cabecilla que residía en Palma de Mallorca, donde se llevaron a cabo ocho de las detenciones.

El sistema de funcionamiento de esta red era similar a la citada de Miami. Suministraban cocaína, “poppers” y Viagra a los jóvenes para que pudieran “trabajar” las 24 horas del día. La diferencia es que aquí, en lugar de verlo a través de la pantalla del ordenador, los clientes iban en persona para conocer a los chicos a fondo. Y nunca mejor dicho.

La noticia ha llamado la atención por tratarse de trata de hombres, ya que un 85% de la prostitución en España se centra en mujeres y niños. Pero este tipo de organizaciones prolifera en todo el mundo y, cada vez más, en la geografía española. Según la periodista mexicana Lydia Cacho, en nuestro país la prostitución forzada da a las mafias unos 18.000 millones al año.

Quizá sea el momento de pensar en legalizar el oficio más antiguo del mundo y matar así dos pájaros de un tiro. Por un lado eliminamos a las mafias. Y por otro, salvamos el déficit del Estado.

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La gestión del secuestro del barco Alakrana por piratas Somalíes se ha convertido en un cúmulo de despropósitos difícil de comprender y aceptar. No se entiende cómo el presidente del gobierno ha tardado más de un mes en empezar a llevar a cabo acciones para lograr la liberación de los marineros españoles. No se entiende por qué ningún representante de peso del Ejecutivo ha viajado a Somalia a liderar las acciones para su rescate. No se entiende por qué casi seis semanas después nuestros compatriotas siguen privados de libertad, mientras sus familias sufren una incertidumbre que ya se alarga demasiado. No se entiende por qué ahora nuestro gobierno quiere liberar a aquellos secuestradores que fueron arrestados, y mandarlos de vuelta a su patria sin saber si pagarán por lo que han hecho. No se entiende que esta pesadilla no haya terminado todavía. Y no se entiende que un partido en el poder sea incapaz de superar un obstáculo de este tipo en un período tan largo de tiempo.

La incapacidad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para tomar decisiones es ya conocida por todos los españoles. Pero en esta ocasión no estamos hablando de crisis económica ni de paro. Hablamos de vidas humanas en peligro. De personas con familias. De españoles que quieren volver a casa. Y, ni aún así, nuestros líderes son capaces de actuar con celeridad. Es una vergüenza, un escándalo y –a mi modo de entender- el mayor desastre de la gestión socialista hasta el momento. Digno de moción de censura y de elecciones anticipadas. Los españoles no podemos permitir que nos dirija un grupo de personas sin capacidad alguna de decisión, porque para ello es para lo que se vota a los representantes del pueblo en un gobierno democrático.

Los piratas deben estar sorprendidos de la evidente incapacidad de nuestro gobierno. Seguramente aún no pueden creerse la impunidad con la que están actuando durante tantas semanas. Y, sin duda, estarán celebrando no haber asaltado un barco con bandera británica, francesa, alemana o estadounidense. Porque estarían todos muertos, o en la cárcel.

España se ha convertido en un chollo para los piratas, y es necesario emprender acciones enérgicas contra ellos para evitar problemas futuros. Ya sean medidas violentas o diplomáticas, deben ser inmediatas y definitivas. En caso contrario, la próxima vez que un grupo de piratas de cualquier nacionalidad se dispongan a abordar otro navío, primero comprobarán la bandera que ondee en el mismo. Y si ven la roja y gualda, pueden tomarla como una invitación a bordo.

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