Hace ya tiempo que, al contrario de lo que ocurre en otros países, el paso de los años no supone ningún avance político, social o económico para Cuba. Sin embargo, que la expulsión de un eurodiputado socialista español y su mujer sea una de las primeras acciones del gobierno de Raúl Castro en 2010 a nivel diplomático sorprende incluso a los más críticos con el Ejecutivo de la isla. Ésta es, a todas luces, una nueva declaración de intenciones de una dictadura que con una mano pretende coquetear con un cierto aperturismo mientras con la otra sigue atenazando las libertades más básicas de los cubanos y de quienes osen pisar su territorio para cualquier cosa que no sea beber mojitos o ir a la playa.

El eurodiputado Luis Yáñez y su esposa Carmen Hermosín iban a entrar en territorio cubano con sendos visados de turista y con la intención de entrevistarse con algunos de los opositores internos más destacados contra el régimen dictatorial de los Castro. No iban en misión oficial, pues ni el Gobierno español ni el Parlamento Europeo conocían el programa de su visita. Pero los servicios secretos cubanos –que cuentan con una de las mejores redes de espionaje del mundo- estaban al tanto y los detuvieron nada más tocar tierra, forzando su regreso inmediato a Madrid.

A este lado del océano ya se han sucedido las primeras reacciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado para el martes a Alejandro González Galiano, embajador de Cuba en España, para que ofrezca públicamente las explicaciones pertinentes a esta “injustificada inadmisión en el territorio cubano”, como ha denominado los hechos el secretario de Estado para Iberoamérica Juan Pablo de Laiglesia.

En realidad, lo que tenga que decir el embajador en su comparecencia carece de importancia. O, al menos, carecerá de efecto. El objetivo del gobierno cubano ya se ha cumplido: abortar la visita, desanimar una vez más a la oposición interna y demostrar quién tiene la sartén por el mango en la isla. Las excusas que pueda presentar González Galiano no resolverán el problema, ni permitirán un nuevo viaje de Yáñez para entrevistarse con los disidentes. Todo quedará como está. Como lleva estando muchos, muchos años. En Cuba ya lo saben: año nuevo, todo igual. Y quién sabe hasta cuándo.

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No es de extrañar que el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa haya solicitado dicha ayuda. Especialmente después de los ataques sufridos por nuestras tropas en las últimas fechas, que han dejado un sargento y un cabo heridos en enfrentamientos con los talibanes. Unos talibanes que han reivindicado los últimos actos violentos, pese a que la ministra española de Defensa insista en que los agresores son delincuentes comunes.

Lo que está ocurriendo es, cuando menos, llamativo. Nos encontramos frente a un gobierno que accedió al poder criticando la presencia de tropas españolas en Irak. Retiró de allí a nuestros militares, y los envió a Afganistán para realizar “labores humanitarias y de apoyo al proceso de paz”, asegurando que no era zona de combate y sus vidas, por tanto, no corrían peligro. Zapatero se lo pintó a los votantes como un camino de rosas, que obviamente no fue. Habría que preguntar su opinión a los militares que fueron emboscados en el paso de montaña de Sabzak hace sólo unos días y tuvieron que repeler ataques armados durante más de cinco horas, necesitando la ayuda de helicópteros italianos y matando a 13 insurgentes afganos.

A pesar de ello, la ministra de Defensa Carmen Chacón no ha comparecido en el Parlamento para hablar sobre dichos ataques. Antes de explicar nada, prefiere enviar más efectivos a esta área. ¿Acaso es ahora una zona de conflicto peligrosa? Y, si es así, ¿no debería el ejecutivo reconocer públicamente su enésimo error?

En realidad, Defensa llevaba tiempo preparando el terreno para enviar refuerzos. Por ese motivo levantó hace meses el límite legal que impedía mantener más de tres mil soldados en el exterior. En aquel entonces el presidente español negó contundentemente cualquier posibilidad de mandar más tropas a Afganistán. Algo que ya ha empezado a desmentir con la boca pequeña. Es decir, como siempre.

España cuenta en la actualidad con 778 militares destacados de forma permanente en la zona afgana. Durante los meses previos a las elecciones presidenciales y provinciales se envió un contingente adicional de 450 soldados. De ellos, 200 pueden ser obligados el viernes a permanecer en el país, a merced de ataques y emboscadas. Y, entonces… a ver qué nos cuenta Zapatero.

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