No hay que ceñirse literalmente a esa afirmación, claro. Lo que se quiere indicar es que tienen una personalidad y una forma de actuar llamativamente parecida. Aparte de su compartida y evidente tozudez, hay muchos puntos en los que sus caminos confluyen. Como si fueran hermanos gemelos separados al nacer.

Ambos son muy independientes, eso lo sabemos. El bueno de Artur no quiere saber nada de España desde hace unos años, y el special one Mourinho tampoco. Curiosamente, ambos profesaron su afecto por este país abiertamente en el pasado. El político confesaba en 2002 que un concepto como la independencia le parecía anticuado y no le atraía. Y el entrenador no tenía problema en reconocer que se sentía muy feliz en Madrid… hasta que le vinieron mal dadas, claro.

También coinciden en esa envidiable capacidad pseudo-divina para no hacer –nunca- nada mal. Si el portugués pierde un partido, la culpa es del árbitro o de sus jugadores. Si cae en una competición, es porque existe un complot contra su persona. Igual le pasa a Mas, que lamenta cómo la Justicia se ceba con él y con su partido simplemente para acallar su indiscutible liderazgo independentista. El blanqueo de capitales, el fraude fiscal y las comisiones del 3% son solamente una cortina de humo inventada por España para frenar su imparable figura libertadora. Malditos.

Sin embargo, cuando se gana un título de Liga o Copa, o se obtiene una mayoría de escaños –que no de votos- independentistas en el Parlamento Autonómico, esto es debido única y exclusivamente al líder carismático. Al que todo lo sabe. Aquél a quien hay que seguir a ciegas, porque marca el camino.

Lo peor, en ambos casos, es que los dos se creen esa labor de “mesías”, cada uno en su ámbito de trabajo. Por ello son amados por muchos… y odiados por bastantes más. Pero eso poco parece importarles. Son ‘Artur Mou’. Son especiales. Al menos, se consideran especiales. Y, lamentablemente, quienes les siguen a ciegas también lo ven así.

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Es absolutamente cierto que los partidos independentistas obtuvieron la mayoría absoluta de escaños en el Parlament, sumando los 62 de Junts pel Sí y los 10 de la CUP. Y en eso se ha escudado Artur Mas para proclamar, junto a su “socio” Junqueras, la continuidad del proceso soberanista catalán. Igualmente cierto es que no han ganado en número de votos, quedándose en un 48% de quienes decidieron acudir a las urnas. Si a esto sumamos que un 30% no votó y que los independentistas se movilizaron como nunca, es de suponer que una buena parte de ese 30% no estaría a favor de la secesión en el hipotético caso de un referéndum. En esto se han escudado el resto de partidos no independentistas, quienes por lo general –salvo el caso destacado de Ciudadanos- han obtenido muy malos resultados de forma individual.

Esto demuestra dos cosas: que el independentismo no es mayoritario en Cataluña, como quiere que parezca el señor Mas; y a la vez que el número de sus simpatizantes está en claro aumento, como no quieren reconocer el resto de fuerzas políticas contrarias al “procés”. Como ha dicho el expresidente Aznar, es un aviso que no se puede desoír. Pero ni unos tienen razón al cantar victoria por los escaños, ni los otros por hacerlo con el porcentaje de votos.

Al final, en el 27-S catalán todos los líderes políticos consideran que han ganado, de una u otra manera. Si no por triunfo propio, por la derrota del enemigo. Curiosamente el domingo todos tenían algo que celebrar. Normal que el lunes hubiera una resaca generalizada en nuestra clase política. Una resaca independiente-mente de los resultados.

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El nuevo asalto Wert-Cataluña surge de la presentación del borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE). Según el documento, el Estado exigirá a las autonomías el pago de una plaza en un centro privado a aquellos padres que soliciten la educación en castellano y esta comunidad no pueda ofrecérsela en un centro público o concertado. Básicamente, garantiza la libertad para elegir en qué idioma de los oficiales se quiere estudiar. Pero eso, al parecer, es malo.

Los que hemos vivido en Cataluña (yo lo hice de los 2 a los 12 años de edad) sabemos bien lo que es la “inmersión” a la que supuestamente ataca la LOMCE. Sabemos cómo afecta a los niños castellanohablantes, que tienen un ratio de fracaso escolar por encima del 39% mientras que los catalanohablantes promedian menos de la mitad. Sabemos que, lejos de unir a los alumnos, los separa en grupos casi enfrentados, ya desde pequeños. Sabemos que no cohesiona el interior de las aulas. No integra a los niños, sino que directamente excluye y señala a los que no hablan catalán.

Personalmente no me quejo. Era pequeño cuando llegué y aprendí el idioma con extrema facilidad. A día de hoy lo hablo, leo y escribo. Y además, me gusta. Pero compartí pupitre con muchos compañeros que hoy podrían contar una historia muy diferente.

Es llamativo que pedir la posibilidad de estudiar en el idioma oficial de un país pueda ser considerado un “ataque” para una región de esa misma nación. También lo es que esta percepción sea compartida por grupos políticos teóricamente moderados. Pero más aún debe serlo el que, mientras se discute de ello, los mayores perjudicados son los propios niños.

¿Qué problema habría en estudiar en ambos idiomas? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué es tan intocable, tan innegociable que los representantes catalanes son capaces de plantar a un ministro simplemente para evitar hablar de ello? ¿Acaso si se estudia en ambos idiomas se deja de ser catalán? ¿O si se habla castellano se destruye la tradición regional? La verdad, después de haber vivido en esa tierra tantos años, yo no lo entiendo. Si seguimos obligando a los niños a esta inmersión a pulmón, sabemos que corren el riesgo de seguir ahogándose. Pero eso, lamentablemente, no es nada nuevo.

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Las “elecciones” (necesariamente entrecomilladas) del pasado fin de semana en Barcelona y una veintena de municipios catalanes sobre la independencia de Cataluña han vuelto a dejar de manifiesto –por enésima vez- que el movimiento independentista no cuenta con los apoyos necesarios para ser siquiera una alternativa real. A pesar de que incluso el President Artur Mas ha votado a favor de una hipotética separación del Estado Español, la abstención del 80% de los llamados a las urnas habla por sí sola.

Ya decía Josep Antoni Durán Lleida antes del simulacro de comicios que la consulta tenía poco peso ya que la independencia no es algo viable hoy por hoy. Lo dijo a la par que algunos reconocidos políticos catalanes acudían a las urnas a depositar el “no”. Eso sí, sin cámaras, de modo que se ahorrasen su particular bochorno personal.

Algunos periodistas de prestigio, como Pedro J.Ramírez (El Mundo), han tildado esta iniciativa de auténtico “timo”. Otros, como Àngels Pinyol (El País) han destacado que, mientras el President y sus amigos votan que sí a la consulta soberanista –que por cierto no tiene validez alguna, a ningún nivel- este miércoles los diputados nacionalistas se abstendrán cuando se discuta en el Parlamento catalán la declaración de independencia promovida por Solidaritat Catalana. Un cúmulo de paripés y despropósitos que para lo único que sirven es para salir a pasear en domingo aprovechando el buen tiempo de las últimas fechas.

Lo que más llama la atención es la indiferencia del Ejecutivo socialista ante estos movimientos. Al PSOE no le importa que parte de su población esté votando por la escisión, mientras al mismo tiempo el propio Estado se las ve y se las desea para colocar miles de millones de euros en deuda pública en los mercados internacionales. Esos mercados que deben creer en la unidad y fortaleza de España. Los mismos.

Llega un momento en que ya no sabe uno que pensar. Está claro que las urnas han reflejado una clara bofetada al independentismo catalán. Pero mayor es la bofetada que nos espera a todos los españoles como en Europa se percaten de nuestros particulares jueguecitos y en consecuencia nadie se decida a comprar nuestra deuda. A ver si entonces Zapatero decide vendérsela a Mas, o los dos se la juegan al mus. O, mejor aún, a un juego de cartas típico catalán: la butifarra.

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Dependiendo de la cultura personal y familiar de cada uno, del amor por las tradiciones o el respeto por los animales, la decisión del Parlamento catalán de prohibir la fiesta de los toros en su comunidad autónoma podrá ser entendida o no. Cada uno es muy libre de pensar aquello que prefiera y argumentarlo a su gusto. Pero si hay algo que no tiene discusión es que la votación de este miércoles no pretende defender los intereses del toro bravo. Sino los de los más “bravos” componentes del movimiento nacionalista catalán.

No es que haya que poner en duda la posibilidad de que algún miembro de la Cámara votase siguiendo únicamente sus valores. Pero la gran mayoría de los que apoyaron el “sí” a la prohibición estaba en realidad votando a favor de la abolición de uno de los símbolos de España en Cataluña: la Fiesta Nacional.

Montilla, que aseguró haber votado en contra de la erradicación de la fiesta, se ha apresurado a rechazar que la medida aprobada por los parlamentarios pueda ser vista como un espejo de las “relaciones entre Cataluña y España”. Pero cuando el río suena, agua lleva. De no ser así, alguno de esos políticos pro-derechos de los animales debería explicar a los ciudadanos por qué la medida no afecta en absoluto a otros festejos taurinos como el “bou embolat” (toros a los que se les prenden los cuernos) y los “bous al carrer” (toro al que se marea, atosiga e incluso ata para proceder a esquivarlo o “recortarlo”). La respuesta es evidente; ese tipo de celebraciones son consideradas festejos típicos catalanes. No “huelen” a español. Esas sí que les gustan. Y se olvidan del sufrimiento del toro.

Las prohibiciones son típicas de los regímenes totalitarios. Y el totalitarismo a menudo va de la mano del nacionalismo extremo. Con la decisión del Parlament, son dos de dos. Cuidado Zapatero, que Cataluña se te va de las manos.

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La penúltima barbaridad perpetrada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, que consiste en multar a los empresarios que no rotulen sus negocios en catalán, ya tiene oposición oficial visible y tangible dentro de su propia comunidad autónoma. Cientos de personas se concentraron el pasado fin de semana en Arenys de Mar, provincia de Barcelona, para manifestarse en contra de la controvertida política lingüística aplicada por el equipo de gobierno de José Montilla.

Personalidades del mundo empresarial y de la política posaron en primera línea para reclamar la eliminación de la norma presentada días atrás en Barcelona. Entre ellos el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, el secretario del PPC Daniel Cirera, y la presidenta del PP catalán Alicia Sánchez Camacho. A la cabeza de todos ellos iba Xurde Rocamundi, un catalán propietario de una inmobiliaria que ha sido multado con 1,200 euros por la Agencia Catalana de Consum. Su delito: tener su negocio rotulado en castellano.

Las multas lingüísticas de Montilla vulneran las libertades individuales y están claramente desautorizadas por múltiples puntos de la Constitución española. En especial los artículos 3 y 14, referidos al uso de las lenguas oficiales del Estado y a la igualdad de derechos de los ciudadanos. Es, además, una medida tiránica, obscena, beligerante e insultante para el conjunto de los españoles y en particular para los catalanes. ¿Cómo puede un gobierno autonómico castigar a un empresario por utilizar la lengua oficial del Estado español?

Es triste admitirlo, pero este tipo de cosas sólo pueden pasar en España. En especial desde el cambio de gobierno de 2004, cuando desde Madrid se abrió la puerta al crecimiento de los radicalismos más irracionales. Las medias tintas de José Luis Rodríguez Zapatero con los gobiernos autonómicos, especialmente con catalanes y vascos, dan lugar a que se produzcan situaciones como éstas.

Por increíble que parezca, en pleno año 2010 -35 años después de la muerte de un dictador en nuestro país- un hombre puede ser multado en una determinada área de España por tener su negocio rotulado en el idioma oficial del Estado. Una medida a todas luces dictatorial, disparatada, absurda e ilegal, que no es más que la traducción del espíritu independentista de Montilla. Un Montilla que, salvo que la locura se haya apoderado completamente de la Moncloa y de la justicia de este país, será obligado a dar marcha atrás. En caso contrario, habremos dado un paso de gigante hacia el desmembramiento definitivo de lo que hoy todavía conocemos como España.

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