Muchos se preguntarán cuáles son los efectos de aplicar -o no- dicha medida. Y la respuesta es la siguiente: ni idea. Ningún integrante del gobierno lo ha explicado públicamente. A ninguno de los componentes del PSOE le importó decir que sí a la propuesta y luego que no. Un dato objetivo que demuestra lo profundamente meditada que estaba la subida de impuestos.

Como ciudadanos preocupados por el futuro del país, debería resultar indiferente el partido con el que se sienta identificado cada uno para coincidir en que así no se hacen las cosas. No puede existir un criterio basado en apoyos políticos y no en lo que es mejor para la población. Al señor Rodríguez Zapatero no se le eligió para hacer amigos en el Congreso. Se le puso allí para llevar a cabo lo que sea mejor para España. O, al menos, lo que él como presidente considere que sea mejor. Y, hasta el momento, no parece que lo esté haciendo.

Dice Rajoy que el líder socialista y su gobierno dan “bandazos” en política económica. Y seguramente esté en lo cierto. Pero su alta incapacidad de decisión no es lo peor del asunto. Lo verdaderamente perjudicial son las consecuencias que esta actitud titubeante tiene en el día a día de los españoles. Acciones como la del martes fomentan la incertidumbre y la desconfianza de los consumidores y de los mercados, imposibilitando cualquier intento de salir adelante cuanto antes. Así, simplemente, no se logrará nunca.

Zapatero debe tomar determinaciones, decidirse por una línea de acción y aplicarla. Con todas las consecuencias. No es de recibo que cada semana se cambie la dirección en que se mueve nuestro país. Elija un camino, señor presidente, e iremos todos por él. Eso sí: no se equivoque otra vez.

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Mucho ha sido el revuelo ocasionado a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de permitir a Iniciativa Internacionalista presentarse a las elecciones europeas. Algo que puede parecer lógico, si tenemos en cuenta que se trata de un partido que ha reconocido abiertamente que no condena la violencia terrorista. Sin embargo, también hay que entender –y aceptar- que vivimos en un país democrático. Y esa democracia debe ser para todos, nos guste o no y opinen lo que opinen unos y otros.

Aunque el Tribunal Supremo había dictaminado lo contrario, los magistrados del Constitucional le han dado la razón a Iniciativa, que podrá presentar su lista de candidatos en busca del voto de los nacionalistas y de la izquierda aberzale. El fallo de los jueces no debe sorprendernos puesto que únicamente han aplicado los principios de nuestra Constitución y, por tanto, que la polémica lista acuda a los comicios es la decisión más razonable y que mejor se ajusta al marco de garantías constitucionales en que vivimos todos los españoles. Es decir: aunque pueda parecer contradictorio, es una resolución que refuerza nuestra democracia.

Sin embargo, a partir de ahora la justicia y las fuerzas de seguridad del estado deben intensificar su vigilancia. Es absolutamente necesario revisar de forma exhaustiva y constante las cuentas de este partido político (en realidad, de todos). Mientras haya sospechas de conexión con ETA (aunque de momento no se pueda probar) hay que seguir vigilando. Las autoridades deben conocer dónde se destina cada céntimo de los fondos del partido, porque una cosa es respetar la Constitución y otra muy distinta dormirse en los laureles. En un estado de derecho todos debemos acatar las decisiones judiciales. Pero también debemos respetar la ley.

De todos modos, lo peor de este caso no es que Iniciativa Internacionalista se presente a las elecciones. Lo verdaderamente preocupante es que sin duda habrá quien otorgue su voto a dicha formación. Y habrá también quien lo haga como un gesto de apoyo a los violentos. Eso, también eso, es lo que tiene la democracia. Nadie dijo que fuera perfecta.

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