El nuevo asalto Wert-Cataluña surge de la presentación del borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE). Según el documento, el Estado exigirá a las autonomías el pago de una plaza en un centro privado a aquellos padres que soliciten la educación en castellano y esta comunidad no pueda ofrecérsela en un centro público o concertado. Básicamente, garantiza la libertad para elegir en qué idioma de los oficiales se quiere estudiar. Pero eso, al parecer, es malo.

Los que hemos vivido en Cataluña (yo lo hice de los 2 a los 12 años de edad) sabemos bien lo que es la “inmersión” a la que supuestamente ataca la LOMCE. Sabemos cómo afecta a los niños castellanohablantes, que tienen un ratio de fracaso escolar por encima del 39% mientras que los catalanohablantes promedian menos de la mitad. Sabemos que, lejos de unir a los alumnos, los separa en grupos casi enfrentados, ya desde pequeños. Sabemos que no cohesiona el interior de las aulas. No integra a los niños, sino que directamente excluye y señala a los que no hablan catalán.

Personalmente no me quejo. Era pequeño cuando llegué y aprendí el idioma con extrema facilidad. A día de hoy lo hablo, leo y escribo. Y además, me gusta. Pero compartí pupitre con muchos compañeros que hoy podrían contar una historia muy diferente.

Es llamativo que pedir la posibilidad de estudiar en el idioma oficial de un país pueda ser considerado un “ataque” para una región de esa misma nación. También lo es que esta percepción sea compartida por grupos políticos teóricamente moderados. Pero más aún debe serlo el que, mientras se discute de ello, los mayores perjudicados son los propios niños.

¿Qué problema habría en estudiar en ambos idiomas? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué es tan intocable, tan innegociable que los representantes catalanes son capaces de plantar a un ministro simplemente para evitar hablar de ello? ¿Acaso si se estudia en ambos idiomas se deja de ser catalán? ¿O si se habla castellano se destruye la tradición regional? La verdad, después de haber vivido en esa tierra tantos años, yo no lo entiendo. Si seguimos obligando a los niños a esta inmersión a pulmón, sabemos que corren el riesgo de seguir ahogándose. Pero eso, lamentablemente, no es nada nuevo.

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Obviamente Múgica no acusa a los progenitores de los hechos materiales, pero sí de la falta de disciplina de sus hijos. Una afirmación que ha sonrojado a muchos padres y molestado a otros tantos, que no acaban de ver su responsabilidad en lo ocurrido. Lo cierto es que un amplio número de jóvenes españoles no aprende valores en casa, y es esa carencia de “sentido común” –que deben inculcarles sus padres- la que en ocasiones les lleva a protagonizar episodios como el que nos ocupa.

Las nuevas generaciones tienen un problema de falta de respeto hacia el entorno y personas que les rodean. Aparentemente existe un grave complejo que les impide acatar la autoridad, ya sea en casa, en el colegio, el instituto o la universidad. Y, por lo visto hace unos días, también en la calle, donde no se resignan a aceptar las órdenes de las autoridades cuyo trabajo es hacer respetar la ley.

Múgica propone medidas como la imposición de nuevas disciplinas en las aulas, el prohibir el “tuteo” a los profesores o limitar prácticas como la del “botellón”. Todas ellas muy válidas, pero a todas luces insuficientes. Es en el seno del hogar donde los ciudadanos del mañana reciben las lecciones más importantes de su existencia. El problema es que muchos de ellos, a día de hoy, no cuentan con esa figura de autoridad en la que mirarse. La raíz del asunto radica en que la unidad familiar del siglo XXI es mucho más desestructurada y permite mayor independencia que la de hace unas décadas. Los jóvenes de hoy, prácticamente “se crían solos”. Y así, aprendiendo las lecciones básicas de la vida por medio de internet o a través del contacto con otros jóvenes de su edad, pocas enseñanzas pueden asimilar.

Para más inri, muchos padres siguen empeñados en mirar hacia otro lado, asegurando que sus hijos “no son de esos” (seguro que los de Pozuelo lo dicen también), culpando de sus males al resto de la sociedad y tratando de convencerse de que los están educando en una atmósfera familiar de “libertad”. El caso es que, a menudo, esa libertad se transforma en “libertinaje”. Y claro, luego pasa lo que pasa.

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Formaba parte de las promesas de campaña del PSOE en las últimas elecciones, y ya es una realidad. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto en el que se especifican los criterios que regirán las becas para el próximo curso escolar, incluyendo ya las polémicas “becas salario”. Junto a ellas también se contemplan nuevas modalidades de ayudas, como las “becas de mantenimiento” para los alumnos en riesgo de abandono de la ESO por motivos económicos. Las primeras están destinadas a los universitarios y tienen una dotación de 2.800 euros. Las segundas otorgan al estudiante 1.350. Dos buenas medidas que, sin embargo, se quedan cortas y difusas.

Para la Unión Democrática de Estudiantes, el nuevo Real Decreto supone la extensión al sistema educativo del modelo de sociedad de Zapatero, basado en “subsidiar el desempleo en vez de favorecer el empleo”. La mayor crítica es que no sólo no se premia a los mejores alumnos, sino que además se regala dinero a los que obtienen peores resultados escolares. Algo que, además de ser a todas luces incoherente, ha levantado ampollas en los colectivos estudiantiles.

Por otro lado, las pocas organizaciones que sí aplauden las propuestas opinan que éstas se quedan cortas y las consideran poco más que “propaganda política”. A este respecto, el Sindicato de Estudiantes argumenta que las medidas económicas son buenas, pero para reducir el abandono escolar en España hay que hacer muchas cosas más. Entre ellas, reducir los alumnos por aula, aumentar el número de bibliotecas, favorecer el acceso a más ordenadores, e incrementar la cantidad de profesores disponibles.

Tampoco queda claro de qué manera se van a concretar las medidas, ni cómo pretende el gobierno controlar que la utilización de los subsidios sea la adecuada. Es más, según el texto aprobado, aquellos alumnos de secundaria que accedan a las becas y finalmente no obtengan el título de ESO tendrían que reintegrar el importe recibido. Lo que no se sabe es cómo piensa el ejecutivo recuperar dicho dinero, ni qué acciones se tomarán contra los jóvenes que no quieran –o no puedan- devolverlo.

La voluntad del PSOE es buena. Pero una vez más se queda en la idea inicial, sin desarrollo coherente ni a corto ni a largo plazo. No queda claro de dónde saldrá el dinero para las ayudas. Ni tampoco cómo se podrá sostener la caja de la Seguridad Social, ya que si las medidas son exitosas y se mantiene a la mayoría de la población joven estudiando, se estará reduciendo al mismo tiempo el número de personas cotizando. Todavía hay posibilidad de enmendar el Decreto para no dejar cabos sueltos. Ojalá Zapatero y el resto de su gobierno se den cuenta de que, si se aplica el texto tal y como está, todo quedará en buenas intenciones.

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