Así lo demostraba esta semana en la sesión de control del Congreso, en la que Rajoy protagonizaba un enfrentamiento directo con Pedro Sánchez. El líder popular acusaba al socialista de haberse “saltado la voluntad democrática de los españoles” al favorecer pactos con la izquierda radical en multitud de lugares donde la lista más votada ha sido la del PP.

No le falta razón a Rajoy cuando dice que Sánchez ha convertido al PSOE “en un partido extremista, radical y alejado de toda centralidad”. Los socialistas, esos mismos que en boca de su líder afirmaban que “ni antes, ni durante, ni después” pactarían “con los populistas” de Podemos, lo han hecho finalmente en varios puntos de la geografía española. Y lo han llevado a cabo sin importarles la imagen que han dado a sus propios votantes, aquellos que -sin duda- no votaron por una política radical. Eso sí, al mismo tiempo han hecho muy felices a los representantes de los partidos radicales de izquierdas, puesto que les han permitido alcanzar cotas de poder que jamás soñaron… y que además nunca ganaron en las urnas.

El problema de todo este asunto no es ni que el PP gane o pierda, ni que el PSOE pacte o deje de pactar con quien le dé la gana. El problema de fondo es que nuestros votos, los de los españoles, cuando están en manos de los políticos no sirven para nada. Quien apoyó al PP ha visto cómo siendo la lista más votada no gobernará en los lugares donde ha ganado. Quien votó al PSOE ha presenciado cómo su partido ha aupado a las alcaldías y comunidades a la izquierda radical. Quien dio su voto a Podemos -en sus múltiples formaciones- debe digerir que han tenido que pactar con “la casta” para rascar unos puestos de poder. Los mismos puestos que hace unas semanas parecían poco menos que focos de contagio de corrupción. Y los de Ciudadanos… bueno, éstos aún siguen sin saber si su partido es de izquierdas o de derechas, porque dependiendo de la comunidad y del ayuntamiento, las posturas varían.

En conclusión: en un país supuestamente democrático como España, al final los votos de los ciudadanos importan mucho menos que las ansias de poder de los propios políticos a quienes votamos. Al final no decidimos nosotros, sino ellos con sus pactos, trucos y estrategias. Al final va a resultar que no estamos tan lejos de Venezuela…

@rodriguezcaveda
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Las nuevas medidas aprobadas en el Pleno del Congreso de los diputados como parte de la reforma al régimen sancionador en materia de tráfico son sin duda un gesto del gobierno. Un intento de convencer a la población de que las siempre temidas multas tienen como función principal fomentar la seguridad vial y no recaudar fondos, como opina la gran mayoría de los conductores de nuestro país (según las encuestas). El mensaje seguramente no llegará a creerse del todo. Pero lo cierto es que las nuevas normas sí deberían reducir la exagerada presión que existe actualmente sobre los conductores españoles. Al menos, en ciertas áreas.

Entre los cambios positivos para los usuarios de vehículos está la revisión -más permisiva- de los motivos de pérdida de puntos y el aumento de los descuentos por pronto pago, que serán del 50% si éste se efectúa en los 15 días posteriores a la denuncia. Además todo lo que se recaude por el pago de sanciones de tráfico deberá destinarse a políticas de seguridad vial, lo que supone uno de los cambios más importantes entre los aprobados por el Congreso.

Un reflejo de modernización es que las multas podrán pagarse en el acto con tarjeta de crédito, sin necesidad de esperar a que la denuncia llegue al domicilio del infractor. Tampoco será obligatorio llevar toda la documentación en el coche, ya que la propia Administración tendrá la responsabilidad de comprobar que el vehículo cuenta con todos los permisos necesarios para circular.

Pero no todo son ventajas. También hay varios puntos polémicos. A partir de ahora, y con ánimo de simplificar y agilizar los trámites de notificación, los infractores recibirán una única carta, en lugar de las tres actuales. Se pierde también la concesión de 10 km/h por encima del límite de velocidad, lo que implica –por ejemplo- que podremos ser multados por ir a 51km/h en un área limitada a 50km/h. Una rigidez que probablemente compensará los descuentos ofrecidos por el gobierno, al añadir un volumen adicional de sanciones por diferencias de apenas 1 km/h que antes no existía. Es decir, habrá que conducir con un ojo en la carretera y otro en el indicador de velocidad. Por si acaso.

Eso sí, si su vehículo está estacionado en una zona azul sin el correspondiente ticket, podrá ser multado pero no ser retirado por la grúa. Vamos que, al final, igual sale más barato dejarlo ahí aparcado, y coger un taxi.

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