Se trata de una afirmación tan injusta como desinformada, puesto que la comisaria ni siquiera se ha reunido todavía con el ministro Jorge Fernández Díaz, quien debe ponerla al día sobre lo sucedido el próximo lunes. Sin reunión de por medio, Malmström se ha sentido con la autoridad de afirmar en una radio sueca que existen “señales de que la normativa europea fue violada” por las autoridades españolas, algo que de confirmarse podría suponer “el inicio de un procedimiento sancionador por parte de la Comisión” que podría incluir también una demanda adicional ante la Justicia de la UE.

Aprovechando una entrevista en su país natal, Malmström desarrolló su versión personal explicando que se “enfadó mucho porque se habían lanzado balas de goma” ya que, aunque no se dispararon contra los inmigrantes, “crearon un pánico tal que 15 personas se ahogaron”.

No deja de ser llamativa la cruzada personal de esta mujer contra las fuerzas de seguridad españolas apenas cuatro días antes de reunirse con Fernández Díaz. Especialmente teniendo en cuenta que una de sus obligaciones como comisaria europea de Interior es ofrecer ayuda a los países miembros para controlar efectivamente las fronteras. De momento, lo que ha hecho es sembrar dudas en torno a la actuación de la Guardia Civil. Flaco favor a un país miembro cuyo problema migratorio, a pesar de haber saltado de nuevo a las portadas en los últimos días, nunca ha dejado de existir.

En lugar de criticar lo ocurrido, lo que debe hacer la UE es aportar soluciones. Tomar decisiones conjuntas con el Gobierno español que fomenten una más justa y efectiva defensa de la frontera Sur de España, que al fin y al cabo es la frontera Sur de Europa. De lo contrario, todo quedará en nada una vez más. Y volveremos a hablar de esto en la próxima desgracia.

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Nada menos que 47 días han pasado desde que se inició el secuestro del Alakrana. Un mes y medio largo esperando que el presidente del Gobierno, henchido de orgullo, dijera aquello de que “el atunero navega en aguas seguras” con la tripulación “libre, sana y salva”. Casi siete semanas de angustia para los marineros y sus familias. Mucho tiempo, demasiado. Para todos, menos –aparentemente- para el Gobierno.

Lejos de admitir ningún tipo de error, o de aceptar la interminable lista de despropósitos que mantuvieron en el limbo las vidas de los marineros secuestrados, el Ejecutivo español simplemente se congratula por el desenlace. Zapatero se ha felicitado a sí mismo, a su vicepresidenta, a sus ministros de Defensa, Pesca y Exteriores… Poco le ha faltado para felicitar a los marineros por aguantar vivos todo el tiempo que su Gobierno ha tardado en ayudarles debido a su torpeza. Esto supera ya el límite de la indecencia y debe ser impermisible para un líder democrático del siglo XXI. Lamentablemente, es el que elegimos los españoles en las urnas.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha señalado que ahora es el “tiempo para la Justicia”. Lo que no ha especificado es qué tan justo considera el Gobierno el mantener en vilo a cientos de familiares tratando de alcanzar una solución diplomática que nunca llegó (principalmente porque este tipo de cosas no se arreglan por teléfono y hasta allí nunca viajó nadie de peso); o qué tan razonable consideran sobornar a los terroristas, ya que hay indicios que apuntan al presunto pago de un rescate de más de dos millones de euros.

Esta posibilidad no es de extrañar, teniendo en cuenta que el inquilino de la Moncloa siente cierta debilidad por negociar con aquellos que secuestran, matan y extorsionan. Eso ya lo sabíamos. Lo lamentable es que, preguntado por ello, el presidente de todos los españoles eluda la respuesta que ya no se le pide, sino que se le exige. ¿Suena familiar esta situación?

Zapatero se ampara en la seguridad nacional para no contar a los ciudadanos lo que sin duda tienen derecho a saber. ¿Ha pagado el Gobierno de España millones de euros a unos extorsionadores asalta-barcos porque se ha visto totalmente incapaz de superar la situación sin ceder al chantaje? Pueden imaginar que responder “sí” a esta pregunta es un suicidio político. Y, para no mentir abiertamente, pues mejor no decir nada. Al menos, en eso nuestro presidente parece haber dado un paso adelante.

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A nadie ha sorprendido la renuncia del ministro Mariano Fernández Bermejo. Al menos, a nadie con un mínimo de sentido común. Y es que cuando uno ve cómo el máximo encargado de la justicia de un país se excusa por un delito diciendo que “no sabía” que lo estaba cometiendo, implica que algo anda mal en dicho gobierno.

A día de hoy, el ya ex ministro continúa asegurando que no era consciente de que estaba en Andalucía mientras cazaba con el juez Garzón unos días atrás. Se excusa por su infracción porque pensaba que estaba cerca de Puertollano, y afirma que desconocía la necesidad de obtener una licencia para la práctica de la caza. “Se me ha pasado. Así de simple”, dijo Bermejo. Vaya ministro de Justicia. Enhorabuena por la elección, presidente.

Quizá el propio Baltasar Garzón, aprovechando los paseos que se dieron juntos por el campo, podría haberle explicado -entre disparo y disparo ilegal- que una de las máximas de la legislación vigente consiste en que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Aunque claro, seguro que el magistrado pensó que al ministro de Justicia no habría que explicarle un concepto tan básico. Pues bien, el juez estrella se equivocó.

La dimisión de Fernández Bermejo era necesaria e incluso “obligada”, como ha dicho el líder de la oposición Mariano Rajoy. No se puede permitir que uno de los máximos mandatarios del ejecutivo rompa impunemente la ley. Y, aunque a juicio de muchos ha demorado demasiado su renuncia, lo cierto es que más vale tarde que nunca.

Ahora Rajoy sonríe por primera vez en mucho tiempo. Y Zapatero sufre el primer golpe en su gabinete (no será el último mientras continúe Solbes). Pero ni el primero debe sonreír demasiado ni el segundo confiarse en que esto ha sido sólo un bache en el camino. Ambos tienen en sus casas mucho de qué preocuparse.

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