Numerosos personajes públicos han optado por sumarse a la corriente que cree que utilizar técnicas disuasorias contra los inmigrantes es “inhumano” e inmoral. Y pocos los que, haciendo un ejercicio de coherencia, han declarado que las fronteras están para respetarlas porque si no, como decía el presidente de Melilla, sólo nos faltaría “poner azafatas de bienvenida”.

No se trata de ser radical, ni poco humanitario. No hay que ver a los inmigrantes como un enemigo, ni tampoco declararles la guerra. Pero lo que está claro es que hay ciertas acciones, populares o no,  que deben ser ejecutadas porque pertenecen a la soberanía de un país sobre su territorio. Y una de ellas es la defensa de nuestras fronteras. Unos límites que, a su vez, lo son de la Unión Europea.

Es triste ver cómo después del desafortunado incidente del día 6 en Ceuta, donde murieron 15 inmigrantes que intentaban alcanzar a nado la playa de El Tarajal, a ciertos políticos se les llena la boca pidiendo dimisiones. Especialmente cuando sus gobiernos utilizaron las mismas herramientas disuasorias que en la actualidad. Pero ni ellos eran malos ni tampoco creo que lo sean los de ahora. Lo cierto es que no hay muchas opciones a la hora de controlar estos asaltos masivos a nuestras fronteras. O se repelen, o se dejan pasar.

De uno u otro modo, lo cierto es que esta situación es insostenible. Los acontecimientos de nuestra frontera con Marruecos nos cuestan a los españoles mucho dinero y enfrentamientos internos. Y a los Marroquíes les cuesta el bien más preciado que existe: las vidas humanas. Las fronteras están para respetarlas,  por supuesto. Pero hay que encontrar un modo efectivo de hacerlo. Tenerlas para no defenderlas es, simplemente, absurdo. Pero que haya gente que muera por intentar cruzarlas, también.

@rodriguezcaveda

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Actualmente Suiza ya utiliza la denominada “cláusula de salvaguardia” relativa a la libre circulación de personas, según lo establece el acuerdo que tiene firmado con la Unión Europea. Su fórmula de funcionamiento es sencilla: cuando el número de permisos de residencia expedidos en el último año aumenta un 10% con respecto a la media de los tres años anteriores, la Confederación Helvética reduce drásticamente el número de admisiones. Así controlan los conocidos como “efectos llamada”. Esta norma ya se utiliza contra los ciudadanos de los países del Este: Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Eslovenia. De hecho el pasado mes de mayo Bruselas condenó la medida por su carácter discriminatorio. Pero a los españoles este asunto nunca antes nos había importado.

Ahora es distinto. Los que van a Suiza no provienen del Este. Salen principalmente de tres países: Italia, Portugal… y España. Y es precisamente el número de españoles que está recibiendo Suiza en los últimos meses lo que preocupa –y mucho- al Consejo Federal suizo.

Al ritmo que van llegando inmigrantes en lo poco que va de 2013, se superaría la tasa del 10% antes de verano. Y gran parte de ese aumento se debe a la inmigración española, portuguesa e italiana. Por lo que los helvéticos están estudiando ampliar la citada cláusula de salvaguardia a estos tres países.

Según el ministro de Asuntos Exteriores Didier Burkhalter, en caso de decidir incluirnos en su “lista negra” migratoria la medida se aplicaría únicamente durante un año. Pero lo cierto es que, aunque el ministro trate de suavizar los ánimos, son los propios ciudadanos suizos los que ya están hartos de tanta inmigración. Algunos partidos políticos han lanzado campañas contra la inmigración masiva e incluso se ha planteado un referéndum para afrontar lo que consideran un peligro de superpoblación.

En definitiva, parece claro que, se decida lo que se decida al respecto en abril o mayo próximos, Suiza no nos quiere. Tampoco es de extrañar, si ni nosotros mismos nos aguantamos. Como para decirles algo.

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El Senado estadounidense pinta más en la vida política norteamericana que el Senado español en la nuestra –tampoco es difícil-, pero lo cierto es que muchos de los procesos que aprueban los senadores son rechazados en la Cámara de Representantes por los congresistas. Y en un tema como la inmigración, con más razón. Por tanto, es de ilusos lanzar las campanas al vuelo. Al menos, no todavía.

Los republicanos no quieren ni oír hablar de “amnistía” porque va en contra de todo aquello en lo que creen. Lo verían como si su país premiase a aquellos que han infringido las normas, por lo que la reforma tendrá reglas, muchas reglas. De modo que, quien quiera acogerse a ella, deberá ganarse ser un ciudadano estadounidense de pleno derecho.

Entre las primeras normas está pagar una multa por haber entrado de forma ilegal, aprender inglés y conocer parte de la cultura e historia de la nación, pagar todos los impuestos adeudados desde que se entró en el país y por supuesto no tener antecedentes penales.

Antes de esto, sin embargo, los dos grandes partidos coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad. No solamente en el sentido más “físico” de la palabra (reforzar y ampliar medidas de seguridad fronterizas) sino también a nivel de visados, permisos de trabajo, etc. Sin este refuerzo, nada podrá iniciarse con garantías. Pero lo cierto es que los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en la sombra en Estados Unidos tienen ante sí la posibilidad de una reforma que, de hacerse realidad, sería la más importante desde la de Ronald Reagan en 1986, cuando se legalizó a tres millones de personas.

El punto de partida es bueno. Entre los impulsores del lado republicano hay personajes de la vieja guardia como John McCain y jóvenes hispanos en alza como Marco Rubio, lo cual puede facilitar el apoyo de gran parte de sus congresistas y votantes. Por el lado demócrata no habrá trabas, puesto que reformar la política migratoria es la promesa de su líder desde las elecciones de 2008. Esta primavera veremos cómo ha sido el camino de la propuesta por el Senado, y cómo llega realmente a la Cámara.

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