La gestión del secuestro del barco Alakrana por piratas Somalíes se ha convertido en un cúmulo de despropósitos difícil de comprender y aceptar. No se entiende cómo el presidente del gobierno ha tardado más de un mes en empezar a llevar a cabo acciones para lograr la liberación de los marineros españoles. No se entiende por qué ningún representante de peso del Ejecutivo ha viajado a Somalia a liderar las acciones para su rescate. No se entiende por qué casi seis semanas después nuestros compatriotas siguen privados de libertad, mientras sus familias sufren una incertidumbre que ya se alarga demasiado. No se entiende por qué ahora nuestro gobierno quiere liberar a aquellos secuestradores que fueron arrestados, y mandarlos de vuelta a su patria sin saber si pagarán por lo que han hecho. No se entiende que esta pesadilla no haya terminado todavía. Y no se entiende que un partido en el poder sea incapaz de superar un obstáculo de este tipo en un período tan largo de tiempo.

La incapacidad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para tomar decisiones es ya conocida por todos los españoles. Pero en esta ocasión no estamos hablando de crisis económica ni de paro. Hablamos de vidas humanas en peligro. De personas con familias. De españoles que quieren volver a casa. Y, ni aún así, nuestros líderes son capaces de actuar con celeridad. Es una vergüenza, un escándalo y –a mi modo de entender- el mayor desastre de la gestión socialista hasta el momento. Digno de moción de censura y de elecciones anticipadas. Los españoles no podemos permitir que nos dirija un grupo de personas sin capacidad alguna de decisión, porque para ello es para lo que se vota a los representantes del pueblo en un gobierno democrático.

Los piratas deben estar sorprendidos de la evidente incapacidad de nuestro gobierno. Seguramente aún no pueden creerse la impunidad con la que están actuando durante tantas semanas. Y, sin duda, estarán celebrando no haber asaltado un barco con bandera británica, francesa, alemana o estadounidense. Porque estarían todos muertos, o en la cárcel.

España se ha convertido en un chollo para los piratas, y es necesario emprender acciones enérgicas contra ellos para evitar problemas futuros. Ya sean medidas violentas o diplomáticas, deben ser inmediatas y definitivas. En caso contrario, la próxima vez que un grupo de piratas de cualquier nacionalidad se dispongan a abordar otro navío, primero comprobarán la bandera que ondee en el mismo. Y si ven la roja y gualda, pueden tomarla como una invitación a bordo.

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A nadie ha sorprendido la renuncia del ministro Mariano Fernández Bermejo. Al menos, a nadie con un mínimo de sentido común. Y es que cuando uno ve cómo el máximo encargado de la justicia de un país se excusa por un delito diciendo que “no sabía” que lo estaba cometiendo, implica que algo anda mal en dicho gobierno.

A día de hoy, el ya ex ministro continúa asegurando que no era consciente de que estaba en Andalucía mientras cazaba con el juez Garzón unos días atrás. Se excusa por su infracción porque pensaba que estaba cerca de Puertollano, y afirma que desconocía la necesidad de obtener una licencia para la práctica de la caza. “Se me ha pasado. Así de simple”, dijo Bermejo. Vaya ministro de Justicia. Enhorabuena por la elección, presidente.

Quizá el propio Baltasar Garzón, aprovechando los paseos que se dieron juntos por el campo, podría haberle explicado -entre disparo y disparo ilegal- que una de las máximas de la legislación vigente consiste en que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Aunque claro, seguro que el magistrado pensó que al ministro de Justicia no habría que explicarle un concepto tan básico. Pues bien, el juez estrella se equivocó.

La dimisión de Fernández Bermejo era necesaria e incluso “obligada”, como ha dicho el líder de la oposición Mariano Rajoy. No se puede permitir que uno de los máximos mandatarios del ejecutivo rompa impunemente la ley. Y, aunque a juicio de muchos ha demorado demasiado su renuncia, lo cierto es que más vale tarde que nunca.

Ahora Rajoy sonríe por primera vez en mucho tiempo. Y Zapatero sufre el primer golpe en su gabinete (no será el último mientras continúe Solbes). Pero ni el primero debe sonreír demasiado ni el segundo confiarse en que esto ha sido sólo un bache en el camino. Ambos tienen en sus casas mucho de qué preocuparse.

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Cuesta entender por qué han tardado tanto en apelar el auto de Garzón. Pero más vale tarde que nunca. Ahora habrá que esperar la decisión del pleno de la sala de lo penal de dicho tribunal, que no puede ser otra que la de aceptar el recurso. Vamos, si no quieren que todo esto se les vaya de las manos.

Es evidente que muchas víctimas –y familiares de víctimas- de la Guerra y la dictadura quisieran saber dónde están sus familiares no encontrados. Pero hay que aprender a distinguir entre lo que se debe y no se debe hacer. Hay un tiempo para cada cosa, y éste, lamentablemente, ya pasó.

Hace unos días Garzón pidió que se abriera la tumba de Lorca. Y que se certificara que Franco había muerto. Si se permite que esta aberración judicial siga adelante, puede llegar a solicitarse que se juzgue al Rey Pelayo por la expulsión de los árabes de España, o a Cristóbal Colón por la masacre de indígenas a su llegada al Nuevo Mundo. Nadie dice que no fueran delitos. Pero ahora, simplemente, no es momento de remover las aguas estancadas de nuestra Historia. Sobre todo porque ya no puede cambiarse.

Ahora el propio magistrado tiene la opción de demostrar que se equivocó. Olvidarse del caso, pasar página y dedicarse a juzgar terroristas y malversadores, que es lo que hace bien de verdad. La justicia –y el sentido común- se lo agradecerán.

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