Actualmente Suiza ya utiliza la denominada “cláusula de salvaguardia” relativa a la libre circulación de personas, según lo establece el acuerdo que tiene firmado con la Unión Europea. Su fórmula de funcionamiento es sencilla: cuando el número de permisos de residencia expedidos en el último año aumenta un 10% con respecto a la media de los tres años anteriores, la Confederación Helvética reduce drásticamente el número de admisiones. Así controlan los conocidos como “efectos llamada”. Esta norma ya se utiliza contra los ciudadanos de los países del Este: Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Eslovenia. De hecho el pasado mes de mayo Bruselas condenó la medida por su carácter discriminatorio. Pero a los españoles este asunto nunca antes nos había importado.

Ahora es distinto. Los que van a Suiza no provienen del Este. Salen principalmente de tres países: Italia, Portugal… y España. Y es precisamente el número de españoles que está recibiendo Suiza en los últimos meses lo que preocupa –y mucho- al Consejo Federal suizo.

Al ritmo que van llegando inmigrantes en lo poco que va de 2013, se superaría la tasa del 10% antes de verano. Y gran parte de ese aumento se debe a la inmigración española, portuguesa e italiana. Por lo que los helvéticos están estudiando ampliar la citada cláusula de salvaguardia a estos tres países.

Según el ministro de Asuntos Exteriores Didier Burkhalter, en caso de decidir incluirnos en su “lista negra” migratoria la medida se aplicaría únicamente durante un año. Pero lo cierto es que, aunque el ministro trate de suavizar los ánimos, son los propios ciudadanos suizos los que ya están hartos de tanta inmigración. Algunos partidos políticos han lanzado campañas contra la inmigración masiva e incluso se ha planteado un referéndum para afrontar lo que consideran un peligro de superpoblación.

En definitiva, parece claro que, se decida lo que se decida al respecto en abril o mayo próximos, Suiza no nos quiere. Tampoco es de extrañar, si ni nosotros mismos nos aguantamos. Como para decirles algo.

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Los vecinos de la pequeña localidad de Coccaglio, un pueblo de poco más de siete mil habitantes situado al norte de Italia, han dado un paso adelante contra la inmigración ilegal en su municipio. En el lugar residen unos 1500 inmigrantes, de los cuales un alto porcentaje –cerca de la mitad- no tiene los documentos en regla y por tanto vive de espaldas a la legalidad. Para poner freno al crecimiento de este tipo de habitantes se ha iniciado una operación denominada Blanca Navidad, que pretende expulsar a todas aquellas personas que no legalicen su situación antes del 25 de diciembre. Y, por supuesto, la medida ha levantado una considerable polémica.

Vaya por delante que el nombre de la operación es a todas luces xenófobo, por la obvia alusión que hace al color de la piel (los inmigrantes de esa zona proceden mayoritariamente de Albania y Marruecos). Aunque traten de disfrazarlo bajo el título de aquel famoso tema musical de Irving Berlin que popularizara Bing Crosby, la metáfora no requiere explicación por su fácil asociación de ideas. Sin embargo, éste es uno de esos casos en los que hay que invocar al sentido común y a la coherencia, tratando de no caer en la siempre tentadora demagogia. Sólo así podemos hacernos un retrato mental adecuado y verdadero del caso que nos ocupa.

Se ha dicho que el Ayuntamiento de Coccaglio es racista. Y hay quien ha afirmado públicamente que su alcalde es nazi (los partidos en coalición en el poder son la Liga del Norte, de extrema derecha, y el Pueblo de la Libertad, de Silvio Berlusconi). Evidentemente en el mundo actual un proceso de este tipo puede llegar a ser altamente impopular y los comentarios de este calibre eran, sin duda, esperados. No obstante, si uno se fija únicamente en los hechos, la realidad puede no parecernos tan injusta.

El gobierno de la localidad (cuya medida será posiblemente imitada en otras muchas municipalidades cercanas) no está expulsando a los inmigrantes por el hecho de serlo. La disposición afecta únicamente a aquellos que incumplen la ley. No incumbe a los extranjeros –más de la mitad- que sí la cumplen y viven con arreglo a lo que en ella se dispone. Por lo que la iniciativa podría ser tachada de “poco humanitaria” (no discutiremos eso), pero no de “xenófoba”. Si un ladrón roba, se le mete en la cárcel sin importar el color de su piel. Y por ello hay quienes argumentan –no sin razón- que las leyes están para cumplirlas, y el que no lo haga simplemente no tiene cabida en la sociedad.

Obviamente hay casos de todo tipo y es irracional generalizarlos. Pero lo que está claro es que hay que buscar una solución. La ley se escribe para ser respetada. Y cuando llega un momento en que su aplicación no responde a las necesidades de las personas, debe ser modificada acordemente. Es decir: o se cumple, o se cambia. Lo que no es aceptable es que sea escrita para que luego se le pase por encima.

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