Resulta bochornoso pensar que nuestro país sea percibido en el exterior como un auténtico paraíso para los amantes de la ilegalidad. Pero según pasan los años vemos nuevos casos, cada vez más indignantes, que evidencian nuestra triste realidad. Si una persona quiere delinquir, lo inteligente por su parte es hacerlo en España. Y si –por esos avatares del destino- dicha persona es detenida y sentenciada a cumplir condena, nada más adecuado que la tierra de Cervantes para pasar el mal trago. Al fin y al cabo, estando aquí, ni siquiera será tan malo.

Eso debe pensar el primer preso de Guantánamo que va a acoger España. Es un joven palestino que fue detenido tiempo atrás como sospechoso de terrorismo. Ahora tendrá un permiso legal de residencia en el territorio español. No tiene causa penal abierta en Estados Unidos, lo cual debe suponer algo así como una garantía de buena voluntad para nuestro Ministerio del Interior. Tan segura ven su adaptación Rubalcaba y compañía que este ex-recluso, proveniente de uno de los centros de detención más seguros del mundo, podrá trabajar y desplazarse libremente entre todos los españoles gracias a un permiso de residencia concedido por “razones humanitarias”. Eso sí, no podrá salir de España. Algo cuanto menos llamativo en una Unión Europea donde hace ya muchos años que no hay aduanas, y los pasos fronterizos son prácticamente incontrolables.

Pero éste es sólo un caso, el último que ha aparecido en los medios. Hay muchos más en el día a día de nuestra nación. Por ejemplo la inmigración ilegal, que es otra de esas facetas de nuestro Gobierno que nadie comprende. Si una persona entra ilegalmente en casi cualquier país del mundo, es detenida y devuelta al país de origen. Es más, si el país de destino está en Oriente Próximo, en Corea, en Cuba, o en China, por ejemplo, es muy posible que esa persona no vuelva a ver la luz del día. Si sucede en España, sin embargo, el ilegal puede recibir un permiso de trabajo además de gozar de atención sanitaria y beneficios múltiples. Y no olvidemos que, dejando de lado el factor “solidario”, se trata de una persona que ha infringido la ley. Y si está escrita, es para cumplirla.

La transigencia de nuestra Justicia es tal que libera a violentos como el agresor de Ernesto Neira –que bien pudo haber muerto- o a asesinos confesos como Farruquito o “el Rafita”. Tenemos un sistema que permite que los políticos sigan llenándose los bolsillos a costa de los ciudadanos. Que facilita que los terroristas salgan de la cárcel por “buena conducta”. O que deja que se tome el pelo a todo el pueblo español mediante una huelga de hambre. Deprimente, lamentable. Y triste, muy triste.

Por ello no es de extrañar que el Gobierno español vaya a aceptar hasta cinco de estos reclusos, considerados hasta hace apenas unos meses como los más peligrosos del planeta, y les permita residir entre nosotros. Al fin y al cabo, ¿dónde mejor que aquí para que puedan vivir en paz?

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A los 77 años, Ted (como se le conocía) era el último superviviente varón de los descendientes del matrimonio formado por Joseph y Rose Kennedy. El presidente John F. Kennedy y el senador Robert F. Kennedy fueron asesinados, mientras que el hermano mayor, Joseph, murió en la II Guerra Mundial. El conocido como “León del Senado” –pues formó parte de él durante 47 años- fue diagnosticado de su enfermedad en mayo de 2008. Pasó por el quirófano, pero no se le pudo extirpar el tumor por completo. Un año más tarde ha pasado a engrosar la lista de figuras históricas de la política norteamericana.

El último esfuerzo del senador en su dilatada carrera profesional fue el apoyo incondicional al ahora presidente Barack Obama durante su campaña electoral. A pesar de su delicado estado de salud, Kennedy dio un discurso memorable en la Convención Demócrata de Denver, y luego participó en los actos de investidura del nuevo mandatario, donde por cierto sufrió un desmayo. En los últimos meses se había erigido en estandarte de la reforma del sistema de salud, que Obama bautizó con su nombre. Una reforma que ahora, sin su presencia, será difícil aprobar.

Desde su acceso al Senado en 1962, Ted Kennedy ha simbolizado la lucha por los derechos civiles y la igualdad de oportunidades. En palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, Kennedy logró “mejorar las oportunidades de cada uno de los estadounidenses”. Incluso uno de sus mayores oponentes, el expresidente George Bush, reconocía que aunque no coincidían en temas políticos, siempre respetó su “inalterable vocación de servicio público”.

Se ha ido un político. Pero ante todo se ha ido una persona que hizo mucho por los demás. Ojalá quien ocupe su asiento en el Senado a partir de ahora sea digno heredero de tan importante legado. Con los tiempos que corren, hacen falta más Kennedys.

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Es triste pensarlo. Pero peor es comprobarlo. La justicia española parece empeñada en demostrarnos que su incapacidad para ser realmente “justa” es cada día más escandalosa. Y, hasta el momento, no hay una reforma judicial seria a la vista.

No es sólo que se deje en libertad a los carteristas y ladrones apenas unas horas después de ser arrestados, lo cual ya es indignante. Ni siquiera que los responsables –en parte- de la crisis de la industria musical y cinematográfica (los del “top manta”) ejerzan el comercio ilegal de piratería, a plena luz del día, en las principales calles de nuestras ciudades sin otro temor que el de tener que correr de vez en cuando para evitar que se les incaute el material destinado a la venta. Ni tan siquiera el hecho de que asesinos y violadores reduzcan sus condenas por “buen comportamiento”, que nadie pueda cumplir más de 30 años a la sombra sea por el delito que sea, o que los terroristas salgan a la calle a una edad con la que todavía son muy capaces de matar. Hay más. Mucho más.

En apenas unos días hemos sido testigos de dos casos especialmente llamativos. Tanto por los delitos imputados, como por su amplísima cobertura mediática.

La vuelta a España de José Pérez Díaz, más conocido como Pepe el del Popular, es una auténtica burla a nuestro sistema penal y judicial. De hecho, es un desplante a todos los españoles. Hace 18 años a este sujeto se le acusó de idear un fraude de 36 millones de euros aprovechando su cargo como encargado de una sucursal del Banco Popular en Santander. Cuando se descubrió el desfalco, Pérez huyó a América, donde fue descubierto el mes pasado por las autoridades migratorias. Lo curioso del caso es que, de momento, saldrá indemne, ya que un juez cántabro ha declarado prescritos los delitos que se le imputaban por apropiación indebida y falsedad documental. Es decir: en España, si sabes esconderte después, puedes robar tanto como quieras. Qué mensaje tan desesperanzador. Qué paraíso para los delincuentes.

A primeras horas del lunes nos sorprendía otra noticia: el ‘sheriff’ de Coslada salía en libertad después de pagar nueve mil euros de fianza. Un individuo que aprovechaba su cargo de comisario de policía para quebrantar la ley en lugar de hacerla cumplir. El principal imputado en una trama de corrupción policial que incluye delitos de prevaricación, cohecho, tenencia y depósito de armas, amenazas, extorsión y blanqueo de capitales. El suyo se conoció como el ‘caso Coslada’, en el que se detuvo a 26 agentes locales, de los cuales once ingresaron en prisión. Ginés Jiménez ha pasado menos de un año en la cárcel. Y ahora vuelve a estar en las calles. Las mismas en las que, hasta hace poco, extorsionaba a comerciantes y prostitutas.

Nuestros gobernantes deben llevar a cabo una profunda remodelación de la justicia española. No podemos permitir que desde fuera se vea nuestra patria como un lugar ideal para los maleantes, algo que ha ocurrido en los últimos años. Es conocido que en muchos lugares seguimos dando la imagen de ser un país de castañuelas. Al menos, no permitamos que nuestra justicia también lo sea.

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A nadie ha sorprendido la renuncia del ministro Mariano Fernández Bermejo. Al menos, a nadie con un mínimo de sentido común. Y es que cuando uno ve cómo el máximo encargado de la justicia de un país se excusa por un delito diciendo que “no sabía” que lo estaba cometiendo, implica que algo anda mal en dicho gobierno.

A día de hoy, el ya ex ministro continúa asegurando que no era consciente de que estaba en Andalucía mientras cazaba con el juez Garzón unos días atrás. Se excusa por su infracción porque pensaba que estaba cerca de Puertollano, y afirma que desconocía la necesidad de obtener una licencia para la práctica de la caza. “Se me ha pasado. Así de simple”, dijo Bermejo. Vaya ministro de Justicia. Enhorabuena por la elección, presidente.

Quizá el propio Baltasar Garzón, aprovechando los paseos que se dieron juntos por el campo, podría haberle explicado -entre disparo y disparo ilegal- que una de las máximas de la legislación vigente consiste en que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Aunque claro, seguro que el magistrado pensó que al ministro de Justicia no habría que explicarle un concepto tan básico. Pues bien, el juez estrella se equivocó.

La dimisión de Fernández Bermejo era necesaria e incluso “obligada”, como ha dicho el líder de la oposición Mariano Rajoy. No se puede permitir que uno de los máximos mandatarios del ejecutivo rompa impunemente la ley. Y, aunque a juicio de muchos ha demorado demasiado su renuncia, lo cierto es que más vale tarde que nunca.

Ahora Rajoy sonríe por primera vez en mucho tiempo. Y Zapatero sufre el primer golpe en su gabinete (no será el último mientras continúe Solbes). Pero ni el primero debe sonreír demasiado ni el segundo confiarse en que esto ha sido sólo un bache en el camino. Ambos tienen en sus casas mucho de qué preocuparse.

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