Muchos se preguntarán cuáles son los efectos de aplicar -o no- dicha medida. Y la respuesta es la siguiente: ni idea. Ningún integrante del gobierno lo ha explicado públicamente. A ninguno de los componentes del PSOE le importó decir que sí a la propuesta y luego que no. Un dato objetivo que demuestra lo profundamente meditada que estaba la subida de impuestos.

Como ciudadanos preocupados por el futuro del país, debería resultar indiferente el partido con el que se sienta identificado cada uno para coincidir en que así no se hacen las cosas. No puede existir un criterio basado en apoyos políticos y no en lo que es mejor para la población. Al señor Rodríguez Zapatero no se le eligió para hacer amigos en el Congreso. Se le puso allí para llevar a cabo lo que sea mejor para España. O, al menos, lo que él como presidente considere que sea mejor. Y, hasta el momento, no parece que lo esté haciendo.

Dice Rajoy que el líder socialista y su gobierno dan “bandazos” en política económica. Y seguramente esté en lo cierto. Pero su alta incapacidad de decisión no es lo peor del asunto. Lo verdaderamente perjudicial son las consecuencias que esta actitud titubeante tiene en el día a día de los españoles. Acciones como la del martes fomentan la incertidumbre y la desconfianza de los consumidores y de los mercados, imposibilitando cualquier intento de salir adelante cuanto antes. Así, simplemente, no se logrará nunca.

Zapatero debe tomar determinaciones, decidirse por una línea de acción y aplicarla. Con todas las consecuencias. No es de recibo que cada semana se cambie la dirección en que se mueve nuestro país. Elija un camino, señor presidente, e iremos todos por él. Eso sí: no se equivoque otra vez.

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La estadística es arrolladora: según una encuesta publicada el pasado fin de semana por un diario nacional, el 80 por ciento de los españoles se opone a la eliminación de las deducciones fiscales por adquisición de vivienda anunciada por el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de un tema complejo, porque hay opiniones y datos para todos los gustos. Lo que sí parece claro es que tenemos debate para rato.

Las cifras son para tener en cuenta. Según cálculos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, una vez que se haya agotado el periodo de transición de la norma fiscal -a partir del año 2011- el número de personas que dejarían de beneficiarse de la actual deducción ascendería a más de dos millones y medio. Con la actual legislación, un total de 7 millones de contribuyentes podrían desgravarse la compra de su casa. Y claro, muchos han puesto el grito en el cielo ante esta posibilidad, que afectaría a quienes tengan rentas superiores a los 24,000 euros.

Desde el Partido Socialista la medida se defiende como una herramienta clave para evitar la formación de una nueva burbuja inmobiliaria, ya que según la ministra de Vivienda Beatriz Corredor la supresión de dicha deducción garantizaría la desaparición de un importante factor especulativo. Desde el PP, sin embargo, se califica como un “atentado contra las clases medias” y se está preparando una propuesta de resolución para “mantener y mejorar” la deducción actual que pretende suprimir el Gobierno.

La opción del Ejecutivo podría surgir de la mezcla de ambas ideas. Por un lado, parece coherente pensar que establecer una fecha límite para la compra de viviendas con derecho a desgravación debería –a priori- estimular el movimiento del mercado inmobiliario en los próximos 18 meses. Por otro lado, parece injusto que un ciudadano que compra su casa el 30 de diciembre de 2010 se beneficie de importantes deducciones que no tendrá quien lo haga el 2 de enero de 2011. ¿Qué hacer entonces? Podrían contarnos una mentira. Sí, otra. Pero ésta, por el bien de todos.

Puestos a dar ideas, el Gobierno podría decir que se va a aplicar la eliminación de las deducciones, impulsar la compra de ladrillo y luego suspender la propuesta y cambiarla por una mejora a la hora de desgravar. De ese modo habría un estímulo antes y después del 1 de enero de 2011.

El planteamiento puede parecer descabellado. Y probablemente lo sea. Pero indudablemente tiene “su” sentido. Al fin y al cabo, no sería la primera medida que se propone y luego no se lleva a la práctica. Y los beneficiados serían todos los españoles. Entonces, ¿por qué no?

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