Dependiendo de la cultura personal y familiar de cada uno, del amor por las tradiciones o el respeto por los animales, la decisión del Parlamento catalán de prohibir la fiesta de los toros en su comunidad autónoma podrá ser entendida o no. Cada uno es muy libre de pensar aquello que prefiera y argumentarlo a su gusto. Pero si hay algo que no tiene discusión es que la votación de este miércoles no pretende defender los intereses del toro bravo. Sino los de los más “bravos” componentes del movimiento nacionalista catalán.

No es que haya que poner en duda la posibilidad de que algún miembro de la Cámara votase siguiendo únicamente sus valores. Pero la gran mayoría de los que apoyaron el “sí” a la prohibición estaba en realidad votando a favor de la abolición de uno de los símbolos de España en Cataluña: la Fiesta Nacional.

Montilla, que aseguró haber votado en contra de la erradicación de la fiesta, se ha apresurado a rechazar que la medida aprobada por los parlamentarios pueda ser vista como un espejo de las “relaciones entre Cataluña y España”. Pero cuando el río suena, agua lleva. De no ser así, alguno de esos políticos pro-derechos de los animales debería explicar a los ciudadanos por qué la medida no afecta en absoluto a otros festejos taurinos como el “bou embolat” (toros a los que se les prenden los cuernos) y los “bous al carrer” (toro al que se marea, atosiga e incluso ata para proceder a esquivarlo o “recortarlo”). La respuesta es evidente; ese tipo de celebraciones son consideradas festejos típicos catalanes. No “huelen” a español. Esas sí que les gustan. Y se olvidan del sufrimiento del toro.

Las prohibiciones son típicas de los regímenes totalitarios. Y el totalitarismo a menudo va de la mano del nacionalismo extremo. Con la decisión del Parlament, son dos de dos. Cuidado Zapatero, que Cataluña se te va de las manos.

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La penúltima barbaridad perpetrada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, que consiste en multar a los empresarios que no rotulen sus negocios en catalán, ya tiene oposición oficial visible y tangible dentro de su propia comunidad autónoma. Cientos de personas se concentraron el pasado fin de semana en Arenys de Mar, provincia de Barcelona, para manifestarse en contra de la controvertida política lingüística aplicada por el equipo de gobierno de José Montilla.

Personalidades del mundo empresarial y de la política posaron en primera línea para reclamar la eliminación de la norma presentada días atrás en Barcelona. Entre ellos el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, el secretario del PPC Daniel Cirera, y la presidenta del PP catalán Alicia Sánchez Camacho. A la cabeza de todos ellos iba Xurde Rocamundi, un catalán propietario de una inmobiliaria que ha sido multado con 1,200 euros por la Agencia Catalana de Consum. Su delito: tener su negocio rotulado en castellano.

Las multas lingüísticas de Montilla vulneran las libertades individuales y están claramente desautorizadas por múltiples puntos de la Constitución española. En especial los artículos 3 y 14, referidos al uso de las lenguas oficiales del Estado y a la igualdad de derechos de los ciudadanos. Es, además, una medida tiránica, obscena, beligerante e insultante para el conjunto de los españoles y en particular para los catalanes. ¿Cómo puede un gobierno autonómico castigar a un empresario por utilizar la lengua oficial del Estado español?

Es triste admitirlo, pero este tipo de cosas sólo pueden pasar en España. En especial desde el cambio de gobierno de 2004, cuando desde Madrid se abrió la puerta al crecimiento de los radicalismos más irracionales. Las medias tintas de José Luis Rodríguez Zapatero con los gobiernos autonómicos, especialmente con catalanes y vascos, dan lugar a que se produzcan situaciones como éstas.

Por increíble que parezca, en pleno año 2010 -35 años después de la muerte de un dictador en nuestro país- un hombre puede ser multado en una determinada área de España por tener su negocio rotulado en el idioma oficial del Estado. Una medida a todas luces dictatorial, disparatada, absurda e ilegal, que no es más que la traducción del espíritu independentista de Montilla. Un Montilla que, salvo que la locura se haya apoderado completamente de la Moncloa y de la justicia de este país, será obligado a dar marcha atrás. En caso contrario, habremos dado un paso de gigante hacia el desmembramiento definitivo de lo que hoy todavía conocemos como España.

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