La penúltima barbaridad perpetrada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, que consiste en multar a los empresarios que no rotulen sus negocios en catalán, ya tiene oposición oficial visible y tangible dentro de su propia comunidad autónoma. Cientos de personas se concentraron el pasado fin de semana en Arenys de Mar, provincia de Barcelona, para manifestarse en contra de la controvertida política lingüística aplicada por el equipo de gobierno de José Montilla.

Personalidades del mundo empresarial y de la política posaron en primera línea para reclamar la eliminación de la norma presentada días atrás en Barcelona. Entre ellos el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, el secretario del PPC Daniel Cirera, y la presidenta del PP catalán Alicia Sánchez Camacho. A la cabeza de todos ellos iba Xurde Rocamundi, un catalán propietario de una inmobiliaria que ha sido multado con 1,200 euros por la Agencia Catalana de Consum. Su delito: tener su negocio rotulado en castellano.

Las multas lingüísticas de Montilla vulneran las libertades individuales y están claramente desautorizadas por múltiples puntos de la Constitución española. En especial los artículos 3 y 14, referidos al uso de las lenguas oficiales del Estado y a la igualdad de derechos de los ciudadanos. Es, además, una medida tiránica, obscena, beligerante e insultante para el conjunto de los españoles y en particular para los catalanes. ¿Cómo puede un gobierno autonómico castigar a un empresario por utilizar la lengua oficial del Estado español?

Es triste admitirlo, pero este tipo de cosas sólo pueden pasar en España. En especial desde el cambio de gobierno de 2004, cuando desde Madrid se abrió la puerta al crecimiento de los radicalismos más irracionales. Las medias tintas de José Luis Rodríguez Zapatero con los gobiernos autonómicos, especialmente con catalanes y vascos, dan lugar a que se produzcan situaciones como éstas.

Por increíble que parezca, en pleno año 2010 -35 años después de la muerte de un dictador en nuestro país- un hombre puede ser multado en una determinada área de España por tener su negocio rotulado en el idioma oficial del Estado. Una medida a todas luces dictatorial, disparatada, absurda e ilegal, que no es más que la traducción del espíritu independentista de Montilla. Un Montilla que, salvo que la locura se haya apoderado completamente de la Moncloa y de la justicia de este país, será obligado a dar marcha atrás. En caso contrario, habremos dado un paso de gigante hacia el desmembramiento definitivo de lo que hoy todavía conocemos como España.

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Las nuevas medidas aprobadas en el Pleno del Congreso de los diputados como parte de la reforma al régimen sancionador en materia de tráfico son sin duda un gesto del gobierno. Un intento de convencer a la población de que las siempre temidas multas tienen como función principal fomentar la seguridad vial y no recaudar fondos, como opina la gran mayoría de los conductores de nuestro país (según las encuestas). El mensaje seguramente no llegará a creerse del todo. Pero lo cierto es que las nuevas normas sí deberían reducir la exagerada presión que existe actualmente sobre los conductores españoles. Al menos, en ciertas áreas.

Entre los cambios positivos para los usuarios de vehículos está la revisión -más permisiva- de los motivos de pérdida de puntos y el aumento de los descuentos por pronto pago, que serán del 50% si éste se efectúa en los 15 días posteriores a la denuncia. Además todo lo que se recaude por el pago de sanciones de tráfico deberá destinarse a políticas de seguridad vial, lo que supone uno de los cambios más importantes entre los aprobados por el Congreso.

Un reflejo de modernización es que las multas podrán pagarse en el acto con tarjeta de crédito, sin necesidad de esperar a que la denuncia llegue al domicilio del infractor. Tampoco será obligatorio llevar toda la documentación en el coche, ya que la propia Administración tendrá la responsabilidad de comprobar que el vehículo cuenta con todos los permisos necesarios para circular.

Pero no todo son ventajas. También hay varios puntos polémicos. A partir de ahora, y con ánimo de simplificar y agilizar los trámites de notificación, los infractores recibirán una única carta, en lugar de las tres actuales. Se pierde también la concesión de 10 km/h por encima del límite de velocidad, lo que implica –por ejemplo- que podremos ser multados por ir a 51km/h en un área limitada a 50km/h. Una rigidez que probablemente compensará los descuentos ofrecidos por el gobierno, al añadir un volumen adicional de sanciones por diferencias de apenas 1 km/h que antes no existía. Es decir, habrá que conducir con un ojo en la carretera y otro en el indicador de velocidad. Por si acaso.

Eso sí, si su vehículo está estacionado en una zona azul sin el correspondiente ticket, podrá ser multado pero no ser retirado por la grúa. Vamos que, al final, igual sale más barato dejarlo ahí aparcado, y coger un taxi.

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