Durante muchos años he admirado la figura de José María Ruiz Mateos. Me parecía una persona inteligente que había sufrido en sus carnes una injusticia muchos años atrás. Un revés de esos que, probablemente, afectan a una persona de por vida.

Cuando me enteré de la creación de la Nueva Rumasa y de su emisión de pagarés a intereses muy por encima de la media del mercado, llegué a plantearme comprar. Suponía un esfuerzo, pero pensaba que valdría la pena. Y lo pensaba porque creo firmemente que las personas que superan los golpes de la vida aprenden de ellos y se hacen más fuertes. Y creía que, en este caso, Ruiz-Mateos iba a liderar un proyecto ganador. Benditos mi padre y mi abogado, que me dijeron que si me metía en eso estaba tirando el dinero a la basura. Con lo que cuesta ganarlo. Gracias a los dos, por cierto.

Ruiz Mateos y su familia han engañado públicamente a los españoles. A todos. No sólo a sus inversores, sus empleados o incluso a sus futbolistas del Rayo Vallecano. Sino a cualquiera que tuviera un ápice de esperanza en ellos. Yo me siento engañado sin haber invertido en Nueva Rumasa. Y millones de personas comparten este sentimiento.

No voy a entrar a valorar el carácter personal de la familia. De hecho, es curioso que me caen bastante bien. Pienso que son personas buenas, pero quizá demasiado soñadoras. De esos que mucho abarcan y poco aprietan. Gente que aboga, por ejemplo, por no despedir empleados, algo que está muy bien. Pero que por su tozudez acaban no pudiendo pagar a ninguno de ellos, ni los que tenían que irse ni los que deberían quedarse. Mala solución esa: tener a todos tus empleados con trabajo, pero sin sueldo.

El penúltimo episodio de esta gran farsa ha sido el parte médico que han presentado los abogados del gran patriarca para justificar su ausencia en los juzgados de Madrid. A José María Ruiz-Mateos se le acusa de nada menos que tres delitos fiscales contra el Rayo Vallecano. Pero no ha ido a declarar por una supuesta lumbalgia. Más esperpento para una historia que tiene toda la pinta de acabar muy mal para la familia. Alguno, tarde o temprano, tendrá que rendir cuentas entre rejas. Al tiempo.

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El resultado de las elecciones locales celebradas en Estados Unidos esta semana revelan un hecho irrefutable: los norteamericanos han despertado del maravilloso sueño en que cayeron con Barack Obama. Pero lo sucedido no debe considerarse una debacle para el presidente, ni mucho menos. Simplemente es un reality check, como lo denominan los estadounidenses. O, lo que es lo mismo, una vuelta al mundo real.

Hace un año, los votantes esperaban que el primer presidente negro de la Historia de su país hiciera milagros. Creían que en cuestión de días el de Honolulu acabaría con la crisis, crearía empleo, solucionaría la reforma sanitaria, tomaría decisiones en materia migratoria, convertiría todas las energías en renovables, potenciaría la concesión de nuevas hipotecas y terminaría de un modo u otro la campaña en Irak y Afganistán. Doce meses después se han dado cuenta de que el jefe de su Ejecutivo, aunque sea muy bueno, no es un Mesías. Es un hombre con ganas de trabajar y mejorar su país. Pero para ello debe contar con la aprobación del Congreso y el Senado. Obama no puede andar sobre las aguas. Y menos cuando la oposición las agita.

No hay que extrapolar demasiado los resultados arrojados en Nueva Jersey y Virginia. Especialmente en ésta última región, donde la derrota del demócrata Craig Deeds era un secreto a voces. El candidato nunca contó con el apoyo popular, ni se libró de su imagen de izquierdista en un estado tradicionalmente conservador. Aunque los electores del denominado “Viejo Dominio” votasen por Obama un año atrás, una solitaria decisión en unos comicios concretos no suele cambiar una tendencia política. En las generales votaron por la persona, no por el partido. Y esta vez volvieron a su tendencia tradicional, como era de esperar.

Lo que nadie puede discutir es que más de la mitad de los estadounidenses aprueba la gestión de su líder, lo que implica que Obama sigue manteniendo el mismo apoyo popular mayoritario que le llevó a la Casa Blanca. Los norteamericanos deben ahora entender que los grandes cambios llevan tiempo, y no pecar de impacientes con su recién elegido presidente. Quedan aún tres años para ver si puede –o no- cumplir sus promesas electorales.

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Las nuevas medidas aprobadas en el Pleno del Congreso de los diputados como parte de la reforma al régimen sancionador en materia de tráfico son sin duda un gesto del gobierno. Un intento de convencer a la población de que las siempre temidas multas tienen como función principal fomentar la seguridad vial y no recaudar fondos, como opina la gran mayoría de los conductores de nuestro país (según las encuestas). El mensaje seguramente no llegará a creerse del todo. Pero lo cierto es que las nuevas normas sí deberían reducir la exagerada presión que existe actualmente sobre los conductores españoles. Al menos, en ciertas áreas.

Entre los cambios positivos para los usuarios de vehículos está la revisión -más permisiva- de los motivos de pérdida de puntos y el aumento de los descuentos por pronto pago, que serán del 50% si éste se efectúa en los 15 días posteriores a la denuncia. Además todo lo que se recaude por el pago de sanciones de tráfico deberá destinarse a políticas de seguridad vial, lo que supone uno de los cambios más importantes entre los aprobados por el Congreso.

Un reflejo de modernización es que las multas podrán pagarse en el acto con tarjeta de crédito, sin necesidad de esperar a que la denuncia llegue al domicilio del infractor. Tampoco será obligatorio llevar toda la documentación en el coche, ya que la propia Administración tendrá la responsabilidad de comprobar que el vehículo cuenta con todos los permisos necesarios para circular.

Pero no todo son ventajas. También hay varios puntos polémicos. A partir de ahora, y con ánimo de simplificar y agilizar los trámites de notificación, los infractores recibirán una única carta, en lugar de las tres actuales. Se pierde también la concesión de 10 km/h por encima del límite de velocidad, lo que implica –por ejemplo- que podremos ser multados por ir a 51km/h en un área limitada a 50km/h. Una rigidez que probablemente compensará los descuentos ofrecidos por el gobierno, al añadir un volumen adicional de sanciones por diferencias de apenas 1 km/h que antes no existía. Es decir, habrá que conducir con un ojo en la carretera y otro en el indicador de velocidad. Por si acaso.

Eso sí, si su vehículo está estacionado en una zona azul sin el correspondiente ticket, podrá ser multado pero no ser retirado por la grúa. Vamos que, al final, igual sale más barato dejarlo ahí aparcado, y coger un taxi.

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