El nuevo asalto Wert-Cataluña surge de la presentación del borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE). Según el documento, el Estado exigirá a las autonomías el pago de una plaza en un centro privado a aquellos padres que soliciten la educación en castellano y esta comunidad no pueda ofrecérsela en un centro público o concertado. Básicamente, garantiza la libertad para elegir en qué idioma de los oficiales se quiere estudiar. Pero eso, al parecer, es malo.

Los que hemos vivido en Cataluña (yo lo hice de los 2 a los 12 años de edad) sabemos bien lo que es la “inmersión” a la que supuestamente ataca la LOMCE. Sabemos cómo afecta a los niños castellanohablantes, que tienen un ratio de fracaso escolar por encima del 39% mientras que los catalanohablantes promedian menos de la mitad. Sabemos que, lejos de unir a los alumnos, los separa en grupos casi enfrentados, ya desde pequeños. Sabemos que no cohesiona el interior de las aulas. No integra a los niños, sino que directamente excluye y señala a los que no hablan catalán.

Personalmente no me quejo. Era pequeño cuando llegué y aprendí el idioma con extrema facilidad. A día de hoy lo hablo, leo y escribo. Y además, me gusta. Pero compartí pupitre con muchos compañeros que hoy podrían contar una historia muy diferente.

Es llamativo que pedir la posibilidad de estudiar en el idioma oficial de un país pueda ser considerado un “ataque” para una región de esa misma nación. También lo es que esta percepción sea compartida por grupos políticos teóricamente moderados. Pero más aún debe serlo el que, mientras se discute de ello, los mayores perjudicados son los propios niños.

¿Qué problema habría en estudiar en ambos idiomas? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué es tan intocable, tan innegociable que los representantes catalanes son capaces de plantar a un ministro simplemente para evitar hablar de ello? ¿Acaso si se estudia en ambos idiomas se deja de ser catalán? ¿O si se habla castellano se destruye la tradición regional? La verdad, después de haber vivido en esa tierra tantos años, yo no lo entiendo. Si seguimos obligando a los niños a esta inmersión a pulmón, sabemos que corren el riesgo de seguir ahogándose. Pero eso, lamentablemente, no es nada nuevo.

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Nada menos que 47 días han pasado desde que se inició el secuestro del Alakrana. Un mes y medio largo esperando que el presidente del Gobierno, henchido de orgullo, dijera aquello de que “el atunero navega en aguas seguras” con la tripulación “libre, sana y salva”. Casi siete semanas de angustia para los marineros y sus familias. Mucho tiempo, demasiado. Para todos, menos –aparentemente- para el Gobierno.

Lejos de admitir ningún tipo de error, o de aceptar la interminable lista de despropósitos que mantuvieron en el limbo las vidas de los marineros secuestrados, el Ejecutivo español simplemente se congratula por el desenlace. Zapatero se ha felicitado a sí mismo, a su vicepresidenta, a sus ministros de Defensa, Pesca y Exteriores… Poco le ha faltado para felicitar a los marineros por aguantar vivos todo el tiempo que su Gobierno ha tardado en ayudarles debido a su torpeza. Esto supera ya el límite de la indecencia y debe ser impermisible para un líder democrático del siglo XXI. Lamentablemente, es el que elegimos los españoles en las urnas.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha señalado que ahora es el “tiempo para la Justicia”. Lo que no ha especificado es qué tan justo considera el Gobierno el mantener en vilo a cientos de familiares tratando de alcanzar una solución diplomática que nunca llegó (principalmente porque este tipo de cosas no se arreglan por teléfono y hasta allí nunca viajó nadie de peso); o qué tan razonable consideran sobornar a los terroristas, ya que hay indicios que apuntan al presunto pago de un rescate de más de dos millones de euros.

Esta posibilidad no es de extrañar, teniendo en cuenta que el inquilino de la Moncloa siente cierta debilidad por negociar con aquellos que secuestran, matan y extorsionan. Eso ya lo sabíamos. Lo lamentable es que, preguntado por ello, el presidente de todos los españoles eluda la respuesta que ya no se le pide, sino que se le exige. ¿Suena familiar esta situación?

Zapatero se ampara en la seguridad nacional para no contar a los ciudadanos lo que sin duda tienen derecho a saber. ¿Ha pagado el Gobierno de España millones de euros a unos extorsionadores asalta-barcos porque se ha visto totalmente incapaz de superar la situación sin ceder al chantaje? Pueden imaginar que responder “sí” a esta pregunta es un suicidio político. Y, para no mentir abiertamente, pues mejor no decir nada. Al menos, en eso nuestro presidente parece haber dado un paso adelante.

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