Un Gobierno de concentración en el que las carteras económicas recaigan en el Partido Popular. Es lo que Esperanza Aguirre pretende que se plantee José Luis Rodríguez Zapatero como solución a la crisis: gobernar con el PP. Casi nada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha aventurado incluso a dar los nombres de posibles candidatos para la valoración del líder socialista. Cristóbal Montoro sería, según ella, el hombre ideal para asumir la Cartera de Economía, mientras que Javier Arenas podría ejercer como ministro de Trabajo, cargo que ya ocupó con José María Aznar. Parece que Aguirre ya lo tiene todo resuelto. Si el Ejecutivo le hace caso, España saldrá de la situación actual en un abrir y cerrar de ojos. ¡Que viva Esperanza!

No es que la posibilidad de un Gobierno conjunto sea mala para España. En realidad, podría ser algo fantástico. Pero como se antoja absolutamente imposible, parece absurdo que el PP pierda tiempo con ofrecimientos de este estilo. El Partido Socialista nunca aceptará dicha propuesta, por beneficiosa que ésta pudiera ser para España. De estar en el lugar opuesto, tampoco el PP lo haría.

Visto desde el punto de vista de los ciudadanos, que son los que votan, podría ser un hito para la democracia española: los dos partidos mayoritarios, juntos contra la crisis y por España. Algo similar a la coalición de Patxi López en el País Vasco, pero con más implicación si cabe desde ambas partes. Pero no ocurrirá. Así que mejor ir olvidándolo para no empezar a soñar despiertos. Eso ya lo hace Espe por nosotros.

Desde el PSOE han contestado –a su manera- a esta propuesta. Su secretaria de Organización, Leire Pajín, ha asegurado que Aguirre “tiene un problema” porque dice cosas que perjudican a su partido “medio en broma, medio en serio y con micrófonos abiertos”. Otra más de esas indirectas que tanto utiliza el Gobierno en los últimos tiempos, fruto de la aplicación del sarcasmo como única defensa posible para un partido desorientado y superado por los acontecimientos.

En definitiva, está claro que la idea de Esperanza no prosperará, porque implicaría la aceptación por parte del PSOE de su incapacidad para gobernar. No obstante, parece claro que algo hay que hacer. Llevamos ya años inmersos en la crisis, y de momento el Gobierno de Zapatero sigue proponiendo “pactos” que no llevan a ninguna parte. Bueno sí: llevan a perder tiempo. Como dice Rajoy, “a esperar que escampe”. Y de paso ver si desde fuera nos sacan del hoyo.

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Es triste pensarlo. Pero peor es comprobarlo. La justicia española parece empeñada en demostrarnos que su incapacidad para ser realmente “justa” es cada día más escandalosa. Y, hasta el momento, no hay una reforma judicial seria a la vista.

No es sólo que se deje en libertad a los carteristas y ladrones apenas unas horas después de ser arrestados, lo cual ya es indignante. Ni siquiera que los responsables –en parte- de la crisis de la industria musical y cinematográfica (los del “top manta”) ejerzan el comercio ilegal de piratería, a plena luz del día, en las principales calles de nuestras ciudades sin otro temor que el de tener que correr de vez en cuando para evitar que se les incaute el material destinado a la venta. Ni tan siquiera el hecho de que asesinos y violadores reduzcan sus condenas por “buen comportamiento”, que nadie pueda cumplir más de 30 años a la sombra sea por el delito que sea, o que los terroristas salgan a la calle a una edad con la que todavía son muy capaces de matar. Hay más. Mucho más.

En apenas unos días hemos sido testigos de dos casos especialmente llamativos. Tanto por los delitos imputados, como por su amplísima cobertura mediática.

La vuelta a España de José Pérez Díaz, más conocido como Pepe el del Popular, es una auténtica burla a nuestro sistema penal y judicial. De hecho, es un desplante a todos los españoles. Hace 18 años a este sujeto se le acusó de idear un fraude de 36 millones de euros aprovechando su cargo como encargado de una sucursal del Banco Popular en Santander. Cuando se descubrió el desfalco, Pérez huyó a América, donde fue descubierto el mes pasado por las autoridades migratorias. Lo curioso del caso es que, de momento, saldrá indemne, ya que un juez cántabro ha declarado prescritos los delitos que se le imputaban por apropiación indebida y falsedad documental. Es decir: en España, si sabes esconderte después, puedes robar tanto como quieras. Qué mensaje tan desesperanzador. Qué paraíso para los delincuentes.

A primeras horas del lunes nos sorprendía otra noticia: el ‘sheriff’ de Coslada salía en libertad después de pagar nueve mil euros de fianza. Un individuo que aprovechaba su cargo de comisario de policía para quebrantar la ley en lugar de hacerla cumplir. El principal imputado en una trama de corrupción policial que incluye delitos de prevaricación, cohecho, tenencia y depósito de armas, amenazas, extorsión y blanqueo de capitales. El suyo se conoció como el ‘caso Coslada’, en el que se detuvo a 26 agentes locales, de los cuales once ingresaron en prisión. Ginés Jiménez ha pasado menos de un año en la cárcel. Y ahora vuelve a estar en las calles. Las mismas en las que, hasta hace poco, extorsionaba a comerciantes y prostitutas.

Nuestros gobernantes deben llevar a cabo una profunda remodelación de la justicia española. No podemos permitir que desde fuera se vea nuestra patria como un lugar ideal para los maleantes, algo que ha ocurrido en los últimos años. Es conocido que en muchos lugares seguimos dando la imagen de ser un país de castañuelas. Al menos, no permitamos que nuestra justicia también lo sea.

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Los votantes del PP han de estar atónitos ante el despliegue de torpeza e incompetencia del que ha hecho gala su partido en las últimas fechas. Posiblemente, más que atónitos, desesperados. Y pidiendo a gritos que alguien tome el control de un grupo político que navega sin rumbo. Ni siquiera en los tiempos que corren -cuando más difícil es gobernar debido a la coyuntura internacional- los de Don Mariano son capaces de desmarcarse en intención de voto y ejercer la labor de desgaste que se les presupone como primer partido de la oposición. Un auténtico desastre de formación política, cada vez más desestructurada y carente de un líder de consenso y confianza.

La penúltima página de este particular libro de pifias que se escribe desde la calle Génova ha sido el desplante del alcalde de Boadilla del Monte al presidente de su partido, Mariano Rajoy. Apenas minutos después de que el candidato a la presidencia confirmase la dimisión del mandatario municipal, éste desmentía abiertamente haber puesto su cargo a disposición de la directiva popular. Arturo González Panero aseguró ser inocente, y negó que fuera a convertirse “en cabeza de turco de nadie”, dejando a Rajoy –una vez más- con cara de tonto. Todo ello vuelve a dejar en evidencia la falta de liderazgo de un Rajoy que ya ni siquiera tiene autoridad en el trato con sus propios alcaldes.

En un tiempo en que la situación económica ahoga a la población mundial, las cifras de desempleo en España baten todos los récords y las medidas anti-crisis del Gobierno se antojan cuanto menos insuficientes, la labor de una oposición madura debería ser fácil. Su tarea de controlar y desgastar al ejecutivo tendría que simplificarse mucho gracias al entorno. Sin embargo, los integrantes del PP insisten en demostrar que no están listos para el asalto a la Moncloa. Si no pueden coordinar a los miembros de su propio partido, ¿cómo podrán organizar un país sumido en una crisis económica de este calibre? ¿Cómo puede el electorado apoyar las críticas de Rajoy al Gobierno, cuando éste se encuentra ante una trama de corrupción en su propia casa?

El PP necesita hacer limpieza profunda en sus filas. Es coherente e imperativo que se produzcan dimisiones. Más de las que ha habido hasta ahora. Que haya, en efecto, cabezas de turco. Que se pase página, cuanto antes mejor. Y que se elija a un nuevo líder. Alguien que tenga valor de reorganizar este maltrecho partido. Quién sabe… A este ritmo, podría ser el alcalde de Boadilla.

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