La batalla de Natalia Santacreu para poder redactar sus exámenes en castellano en un colegio público de la Comunidad Valenciana parece haber llegado a su fin. Este miércoles Rafael Carbonell, Director General de Ordenación de Centros Docentes de la Consejería de Educación, entregaba a la pequeña de 10 años la resolución de su caso: una especie de salvoconducto para que pueda responder en el idioma oficial del Estado, junto a la garantía de la devolución de los sobresalientes robados. Realmente vergonzoso.

Natalia era suspendida sistemáticamente por su profesora por no responder en valenciano. Después de una lucha que ha durado varios meses, su padre ha conseguido un reconocimiento tan importante como triste: que su hija pueda hablar y escribir en español dentro de España.

El ‘caso Natalia’ podría ser la base para el guión de una esperpéntica película de terror, o incluso una de esas con humor absurdo e incendiario. Pero es un acontecimiento real. Lo cierto es que hay muchas personas en España que se ven obligadas a luchar por su derecho constitucional a expresarse en español. Así le ocurre a Manuel Nevot, empresario de Vilanova i la Geltrú multado por la Generalitat por rotular su negocio inmobiliario en castellano y no en catalán. Nevot no ha tenido la misma suerte que Natalia: una juez de Barcelona ha desestimado su recurso al considerar que las sanciones se derivan de la Ley de política lingüística catalana de 1983 y 1998, y que por tanto son correctas. Nevot, por su parte, alegará ante el Constitucional que las multas vulneran hasta cinco artículos de la Carta Magna española.

En Francia, los franceses hablan en francés. En Inglaterra, los ingleses hablan en inglés. Entonces, ¿por qué hay lugares en España donde no podemos hablar ni escribir en español?

Hace ya tiempo que el Gobierno adeuda a los ciudadanos una respuesta a esta pregunta. Pero ésta aún no se ha producido. Es una de tantas cuestiones abandonadas por el Ejecutivo, otra de esas que el presidente ignora como si no fueran con él. Zapatero prefiere seguir callando y sonriendo. Mientras, con sus actos, continúa hundiendo España.

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La penúltima barbaridad perpetrada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, que consiste en multar a los empresarios que no rotulen sus negocios en catalán, ya tiene oposición oficial visible y tangible dentro de su propia comunidad autónoma. Cientos de personas se concentraron el pasado fin de semana en Arenys de Mar, provincia de Barcelona, para manifestarse en contra de la controvertida política lingüística aplicada por el equipo de gobierno de José Montilla.

Personalidades del mundo empresarial y de la política posaron en primera línea para reclamar la eliminación de la norma presentada días atrás en Barcelona. Entre ellos el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, el secretario del PPC Daniel Cirera, y la presidenta del PP catalán Alicia Sánchez Camacho. A la cabeza de todos ellos iba Xurde Rocamundi, un catalán propietario de una inmobiliaria que ha sido multado con 1,200 euros por la Agencia Catalana de Consum. Su delito: tener su negocio rotulado en castellano.

Las multas lingüísticas de Montilla vulneran las libertades individuales y están claramente desautorizadas por múltiples puntos de la Constitución española. En especial los artículos 3 y 14, referidos al uso de las lenguas oficiales del Estado y a la igualdad de derechos de los ciudadanos. Es, además, una medida tiránica, obscena, beligerante e insultante para el conjunto de los españoles y en particular para los catalanes. ¿Cómo puede un gobierno autonómico castigar a un empresario por utilizar la lengua oficial del Estado español?

Es triste admitirlo, pero este tipo de cosas sólo pueden pasar en España. En especial desde el cambio de gobierno de 2004, cuando desde Madrid se abrió la puerta al crecimiento de los radicalismos más irracionales. Las medias tintas de José Luis Rodríguez Zapatero con los gobiernos autonómicos, especialmente con catalanes y vascos, dan lugar a que se produzcan situaciones como éstas.

Por increíble que parezca, en pleno año 2010 -35 años después de la muerte de un dictador en nuestro país- un hombre puede ser multado en una determinada área de España por tener su negocio rotulado en el idioma oficial del Estado. Una medida a todas luces dictatorial, disparatada, absurda e ilegal, que no es más que la traducción del espíritu independentista de Montilla. Un Montilla que, salvo que la locura se haya apoderado completamente de la Moncloa y de la justicia de este país, será obligado a dar marcha atrás. En caso contrario, habremos dado un paso de gigante hacia el desmembramiento definitivo de lo que hoy todavía conocemos como España.

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