La batalla de Natalia Santacreu para poder redactar sus exámenes en castellano en un colegio público de la Comunidad Valenciana parece haber llegado a su fin. Este miércoles Rafael Carbonell, Director General de Ordenación de Centros Docentes de la Consejería de Educación, entregaba a la pequeña de 10 años la resolución de su caso: una especie de salvoconducto para que pueda responder en el idioma oficial del Estado, junto a la garantía de la devolución de los sobresalientes robados. Realmente vergonzoso.

Natalia era suspendida sistemáticamente por su profesora por no responder en valenciano. Después de una lucha que ha durado varios meses, su padre ha conseguido un reconocimiento tan importante como triste: que su hija pueda hablar y escribir en español dentro de España.

El ‘caso Natalia’ podría ser la base para el guión de una esperpéntica película de terror, o incluso una de esas con humor absurdo e incendiario. Pero es un acontecimiento real. Lo cierto es que hay muchas personas en España que se ven obligadas a luchar por su derecho constitucional a expresarse en español. Así le ocurre a Manuel Nevot, empresario de Vilanova i la Geltrú multado por la Generalitat por rotular su negocio inmobiliario en castellano y no en catalán. Nevot no ha tenido la misma suerte que Natalia: una juez de Barcelona ha desestimado su recurso al considerar que las sanciones se derivan de la Ley de política lingüística catalana de 1983 y 1998, y que por tanto son correctas. Nevot, por su parte, alegará ante el Constitucional que las multas vulneran hasta cinco artículos de la Carta Magna española.

En Francia, los franceses hablan en francés. En Inglaterra, los ingleses hablan en inglés. Entonces, ¿por qué hay lugares en España donde no podemos hablar ni escribir en español?

Hace ya tiempo que el Gobierno adeuda a los ciudadanos una respuesta a esta pregunta. Pero ésta aún no se ha producido. Es una de tantas cuestiones abandonadas por el Ejecutivo, otra de esas que el presidente ignora como si no fueran con él. Zapatero prefiere seguir callando y sonriendo. Mientras, con sus actos, continúa hundiendo España.

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El caso de Natalia Santacreu, la niña de 10 años a la que su profesora suspende sistemáticamente por contestar en castellano -y no en valenciano- sus exámenes de “Conocimiento del Medio”, vuelve a dejar en evidencia la presencia de numerosos cabos sueltos dentro del sistema educativo español. El primero y más importante, el de la no existencia de una normativa clara que regule la utilización del uso de las lenguas cooficiales del Estado, y su obligatoriedad en las aulas.

Natalia es una alumna de sobresalientes. Destaca incluso en la asignatura de “Lengua Valenciana”. Pero se desenvuelve mejor en castellano, por lo que contestó en su primera lengua -la oficial de todo el territorio español – a sus dos últimos exámenes de dicha asignatura. Ésta se imparte en valenciano en el centro público al que asiste, y su profesora se lo recriminó por escrito. “Insuficiente. Has hecho el examen en castellano. Si escribes bien las respuestas es porque has entendido la pregunta en valenciano”, apuntó a mano la docente en la hoja devuelta a la alumna, de quinto de primaria. En una segunda ocasión volvió a suspenderla -aunque las respuestas eran también correctas- alegando que “el examen está en castellano de nuevo, y la evaluación es negativa”. Toda una cruzada personal de esta maestra por una causa en la que, sin duda, la más perjudicada será la pequeña estudiante.

El director del Colegio Público Profesor Sánchez Guarner explica que Natalia “debe responder en la lengua en la que se le explican los conocimientos”. Pero el debate está servido puesto que, si las respuestas están bien y han sido escritas en el idioma oficial del Estado, muchos opinan que deberían ser válidas. Máxime cuando ya existe una asignatura aparte que se ocupa de la lengua valenciana en su totalidad.

Como ciudadano español, uno debería tener derecho a estudiar en el idioma oficial de la nación, especialmente en los centros que pagamos todos los españoles y que son un servicio del Estado, aunque sea a través de las autonomías. Este derecho no debe afectar a las lenguas cooficiales que, sin discusión, deberían ser impartidas en sus respectivas regiones. Pero la opción de recibir clases y contestar preguntas en castellano (al menos en las asignaturas de conocimientos generales) debe ser, y es, un derecho que garantiza la Constitución. El Ministerio de Educación tiene que ponerse manos a la obra para que casos como éste no queden en “tierra de nadie”, y es necesario tomar decisiones que sienten precedentes y se respeten en todo el territorio nacional. Natalia debe tener garantizado su derecho a responder en castellano. Y, en caso contrario, el Gobierno debe explicar por qué.

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