Por una vez el Gobierno socialista respondió sin tibiezas. Zapatero no dio la cara para variar, pero sí lo hizo su mejor candidato para las próximas elecciones. Rubalcaba , flanqueado por José Blanco, demostró una mano dura tan necesaria como largamente esperada. Y por ello recibió el aplauso y la aprobación de los españoles a la vez que su popularidad subía un escaloncito.

Bien es cierto que el origen del problema estaba en la actuación del propio Gobierno, que desde muchos meses atrás había salvado a base de improvisación las numerosas huelgas encubiertas de los controladores. Fueron los socialistas los que decidieron tomar medidas de extrema gravedad el mismo día que se iniciaba el puente más importante del año. Podrían haber esperado una semana, pero la incompetencia de los de Ferraz se supera a sí misma día a día. Ellos solitos provocaron la rebelión en las torres de control, el caos en los aeropuertos y la pérdida de cientos de millones de euros que tanta falta hacían a la economía española. Es como si un pirómano prende un bosque y, justo antes de que se queme del todo, lo apaga. Así actuó el Gobierno de ZP, que debería responder con elecciones anticipadas a una de las mayores crisis de nuestra democracia. Un crisis provocada, directamente, por su Ejecutivo.

Han empezado ya los dimes y diretes entre el principal partido de la oposición y el partido en el poder. Mientras unos piden la salida del presidente, otros osan acusar a los de Génova de orquestar la huelga salvaje. Una de tantas barbaridades que hemos escuchado, y seguiremos escuchando, en los próximos días.
El Gobierno debe responder ante los ciudadanos aceptando su culpa. Y asegurándose de que situaciones como ésta no vuelvan a suceder. Ojo, que a los pilotos también les gusta hacer de las suyas. Y las navidades están a la vuelta de la esquina.

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Desde el punto de vista objetivo, de la ética y la moral, no hay lugar para la vacilación: la tortura es inhumana. Atenta contra los derechos inherentes a las personas. Y debe estar prohibida. Pero, ¿y si al aplicar ciertas técnicas coercitivas se obtiene información que puede salvar la vida a cientos de personas? ¿Qué pensaríamos si por privar de sueño a un terrorista se logra evitar una masacre en un atentado? Son preguntas que sin duda se hizo el ex presidente estadounidense George W. Bush después de la catástrofe del 11 de septiembre de 2001.

Ahora el nuevo mandatario norteamericano tiene en sus manos la “patata caliente” de los interrogatorios a terroristas. Especialmente los que sucedieron en Guantánamo antes de que se diera la orden de cierre. Barack Obama ha prohibido las torturas en estas investigaciones, y no descarta que se abran procesos contra quienes permitieron dichas prácticas. La iniciativa ha venido acompañada de mucha polémica, y no es para menos.

Hace unos días Obama autorizó la desclasificación de cuatro memorandos a través de los cuales la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia facilitó el marco legal para el empleo de prácticas coercitivas en interrogatorios por parte de la CIA. Dichos documentos fueron redactados entre 2002 y 2005, tras el ataque a las Torres Gemelas, como medida para combatir el terrorismo internacional. La decisión de hacerlos públicos ha dividido a los estadounidenses ya que, mientras unos apoyan la defensa férrea de los derechos humanos, otros consideran que este movimiento del presidente compromete la seguridad nacional.

Obama se encuentra en una difícil situación. Sin pretenderlo, ha revelado los límites de los agentes estadounidenses en los interrogatorios a terroristas. Y eso en un momento en que, según el ex director de la CIA Michael Hayden, Estados Unidos está “en guerra con sus enemigos”. Al mismo tiempo, la Unión Americana de Libertades Civiles pide responsabilidades y exige justicia. Vaya papelón tiene el ex senador por Illinois.

Si se abre una investigación, los resultados pueden salpicar a muchos mandatarios estadounidenses. Y poner en mayores aprietos la confidencialidad de las prácticas antiterroristas de su país. Pero, si no se inicia el proceso, Obama será tachado de favorecer las técnicas poco éticas del gobierno anterior. De momento, ya ha delegado públicamente en el Fiscal General la responsabilidad de dicha decisión. Veremos a dónde lleva todo esto.

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