Actualmente Suiza ya utiliza la denominada “cláusula de salvaguardia” relativa a la libre circulación de personas, según lo establece el acuerdo que tiene firmado con la Unión Europea. Su fórmula de funcionamiento es sencilla: cuando el número de permisos de residencia expedidos en el último año aumenta un 10% con respecto a la media de los tres años anteriores, la Confederación Helvética reduce drásticamente el número de admisiones. Así controlan los conocidos como “efectos llamada”. Esta norma ya se utiliza contra los ciudadanos de los países del Este: Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Eslovenia. De hecho el pasado mes de mayo Bruselas condenó la medida por su carácter discriminatorio. Pero a los españoles este asunto nunca antes nos había importado.

Ahora es distinto. Los que van a Suiza no provienen del Este. Salen principalmente de tres países: Italia, Portugal… y España. Y es precisamente el número de españoles que está recibiendo Suiza en los últimos meses lo que preocupa –y mucho- al Consejo Federal suizo.

Al ritmo que van llegando inmigrantes en lo poco que va de 2013, se superaría la tasa del 10% antes de verano. Y gran parte de ese aumento se debe a la inmigración española, portuguesa e italiana. Por lo que los helvéticos están estudiando ampliar la citada cláusula de salvaguardia a estos tres países.

Según el ministro de Asuntos Exteriores Didier Burkhalter, en caso de decidir incluirnos en su “lista negra” migratoria la medida se aplicaría únicamente durante un año. Pero lo cierto es que, aunque el ministro trate de suavizar los ánimos, son los propios ciudadanos suizos los que ya están hartos de tanta inmigración. Algunos partidos políticos han lanzado campañas contra la inmigración masiva e incluso se ha planteado un referéndum para afrontar lo que consideran un peligro de superpoblación.

En definitiva, parece claro que, se decida lo que se decida al respecto en abril o mayo próximos, Suiza no nos quiere. Tampoco es de extrañar, si ni nosotros mismos nos aguantamos. Como para decirles algo.

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El estereotipo del funcionario en España -injusto o no- es el que es. Lo que hace que los ciudadanos de a pie no vean con buenos ojos que los empleados pagados con dinero público se queden en casa en lugar de acudir a su lugar habitual de trabajo. Basta con leer los comentarios de los usuarios de Internet al respecto o sondear las calles para darse cuenta de que los españoles, en su mayoría, no se fían de que el trabajo que debe hacerse, se haga.

Precisamente la clave de la iniciativa está en la “confianza”, según los promotores de la idea. El vice consejero de Función Pública del Gobierno Vasco, Juan Carlos Ramos, ha admitido que puede haber quien piense que esta medida facilitará el “escaqueo” de los funcionarios, pero defiende que no será así, sino que se “confía” en que la gente trabajará mejor porque estará “más satisfecha” al trabajar desde su domicilio.

La única manera de que esto funcione es modificando el método de retribución de los trabajadores públicos que opten por teletrabajar. El Gobierno Vasco debe promover que el que cumpla objetivos cobre su salario, y el que los supere, tenga incentivos. Como en una empresa privada. De ese modo no sólo se cumplirán las labores asignadas, sino que probablemente se mejorará mucho en el servicio público de cara al resto de la sociedad. Es la única manera.

De momento se trata sólo de un experimento más. Pero con la fórmula actual de compensación a los funcionarios, está condenado al fracaso. Por mucho que los “visionarios” públicos quieran convencernos, para aumentar la productividad del funcionariado no será suficiente la motivación de trabajar en pijama.

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Un Gobierno de concentración en el que las carteras económicas recaigan en el Partido Popular. Es lo que Esperanza Aguirre pretende que se plantee José Luis Rodríguez Zapatero como solución a la crisis: gobernar con el PP. Casi nada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha aventurado incluso a dar los nombres de posibles candidatos para la valoración del líder socialista. Cristóbal Montoro sería, según ella, el hombre ideal para asumir la Cartera de Economía, mientras que Javier Arenas podría ejercer como ministro de Trabajo, cargo que ya ocupó con José María Aznar. Parece que Aguirre ya lo tiene todo resuelto. Si el Ejecutivo le hace caso, España saldrá de la situación actual en un abrir y cerrar de ojos. ¡Que viva Esperanza!

No es que la posibilidad de un Gobierno conjunto sea mala para España. En realidad, podría ser algo fantástico. Pero como se antoja absolutamente imposible, parece absurdo que el PP pierda tiempo con ofrecimientos de este estilo. El Partido Socialista nunca aceptará dicha propuesta, por beneficiosa que ésta pudiera ser para España. De estar en el lugar opuesto, tampoco el PP lo haría.

Visto desde el punto de vista de los ciudadanos, que son los que votan, podría ser un hito para la democracia española: los dos partidos mayoritarios, juntos contra la crisis y por España. Algo similar a la coalición de Patxi López en el País Vasco, pero con más implicación si cabe desde ambas partes. Pero no ocurrirá. Así que mejor ir olvidándolo para no empezar a soñar despiertos. Eso ya lo hace Espe por nosotros.

Desde el PSOE han contestado –a su manera- a esta propuesta. Su secretaria de Organización, Leire Pajín, ha asegurado que Aguirre “tiene un problema” porque dice cosas que perjudican a su partido “medio en broma, medio en serio y con micrófonos abiertos”. Otra más de esas indirectas que tanto utiliza el Gobierno en los últimos tiempos, fruto de la aplicación del sarcasmo como única defensa posible para un partido desorientado y superado por los acontecimientos.

En definitiva, está claro que la idea de Esperanza no prosperará, porque implicaría la aceptación por parte del PSOE de su incapacidad para gobernar. No obstante, parece claro que algo hay que hacer. Llevamos ya años inmersos en la crisis, y de momento el Gobierno de Zapatero sigue proponiendo “pactos” que no llevan a ninguna parte. Bueno sí: llevan a perder tiempo. Como dice Rajoy, “a esperar que escampe”. Y de paso ver si desde fuera nos sacan del hoyo.

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Barack Obama asegura tenerlo muy claro: la reestructuración de General Motors contribuirá al renacer de Estados Unidos dentro de la nueva industria ecológica, generando empleos respetuosos con el medio ambiente y vehículos más eficientes y menos contaminantes. Al menos, ese es el objetivo marcado por el mandatario norteamericano. Ahora queda una larga tarea por hacer.

La que en su día fue la segunda empresa de automóviles más grande del mundo se vio abocada a la suspensión de pagos tras fracasar en su intento de cambiar cerca de 19.000 millones de euros de deuda por acciones. Para sanear la multinacional el Departamento del Tesoro Estadounidense aportará 23.000 millones de euros, que se suman a los 15.000 millones ya recibidos anteriormente en concepto de ayudas. La nueva GM estará controlada en un 72,5% por Estados Unidos, Canadá y Ontario; un 17,5% pertenecerá al sindicato de trabajadores United Auto Workers y el 25% de su participación estará en manos de sus acreedores mediante la adquisición de acciones estatales.

Dicen que “a grandes males, grandes remedios”. Sin duda la decisión de Obama de intervenir en GM es una solución-o al menos pretende serlo- a lo grande, con el fin de evitar las graves consecuencias que habría tenido para la economía norteamericana una quiebra de este calibre. Lo hecho, hecho está. Ahora lo importante es que los nuevos miembros del Consejo de Dirección –que serán elegidos en su mayoría por el gobierno estadounidense- se centren en convertirla en una compañía rentable. No basta con haber salvado la empresa y los puestos de trabajo de forma temporal. Ahora tiene que funcionar. O estaremos de nuevo en las mismas.

El presidente ha confirmado públicamente que los cambios que se llevarán a cabo en la gigante de Detroit la convertirán en una empresa “viable” y por tanto el dinero de los contribuyentes está, según sus palabras, “protegido”. Pero la mayor preocupación de los ciudadanos es hasta dónde piensa involucrarse su gobierno en el día a día de la compañía. Un acertado editorial del New York Times se hacía eco de ello, afirmando que las decisiones de la nueva administración de GM no deberían mezclarse “ni enredarse con otras prioridades políticas del gobierno, tales como la maximización del empleo en EEUU o la reducción de pérdidas de puestos de trabajo en Michigan”.

Obama tiene ante sí un reto de enormes proporciones que, de salir bien, puede ayudar a relanzar la economía de su país. En GM ya están preparando mensajes publicitarios llenos de optimismo, en los que se habla de “reinventarse a sí mismos” y del “renacer del automóvil americano”. Esperemos que tengan suerte, ya que sería un paso de gigante para que todos podamos salir cuanto antes de esta crisis.

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