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Apenas han pasado tres meses desde que Suecia asumió la presidencia semestral de la UE, y los escandinavos han vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno a la etiqueta obligatoria de las calorías en las bebidas alcohólicas. Una idea que lleva ya tiempo en “tierra de nadie”, al no haber suficientes posturas definidas entre los países miembros -ni a favor ni en contra- pero que para los vecinos del norte de Europa parece ser de vital importancia.

La propuesta se ha elevado aprovechando un debate general entre los países de la UE sobre cómo regular la información que llevan los alimentos en su etiquetado, momento que ha enlazado la Presidencia sueca –conocida por sus políticas para gravar el alcohol- con su deseo de imponer una indicación del aporte energético en ese tipo de bebidas. En la actualidad dicha mención está prohibida para los fabricantes de vinos, cervezas o bebidas espirituosas (de mayor graduación), quienes no pueden etiquetar componentes nutricionales como las calorías o los hidratos de carbono. Una excepción que Bruselas quiere mantener durante cinco años más, y que se basa principalmente en el rechazo del sector productor de dichas bebidas, cuyo poder económico es suficiente para hacer estremecer los cimientos de la Unión.

No podemos olvidar que la UE cuenta con más de un millón y medio de explotaciones vitivinícolas, con una superficie de 3,4 millones de hectáreas. Es decir, el 2% de la superficie agrícola de todo el territorio. Según datos recientes, la producción de vino representa el 5,4% de la producción agrícola total de la Eurozona, y más del 10% en Francia, Italia, Austria, Portugal, Luxemburgo y Eslovenia.

Eso en lo referente al vino. Pero el sector cervecero es también clave en el panorama agroalimentario. Según el Ministerio de Medio Ambiente, sólo en España aporta más de cinco mil millones de euros anuales a la economía nacional, representando el 0,52% del PIB del país.

Los fabricantes temen un descenso del consumo en caso de ser obligados a introducir dichas explicaciones en sus productos. Y, con el peso de sus credenciales, difícil será que Bruselas vaya en su contra. Pero ahí los empresarios se equivocan.

Fuera de nuestro territorio, multitud de países están optando por señalar las calorías en sus bebidas. Especialmente en la cerveza, cuya fama de hipercalórica está en muchos casos injustificada. En naciones como Estados Unidos no sólo se acepta dicha distinción, sino que se demanda. Y gracias a la misma se ha impulsado el mercado de las denominadas cervezas light, que en la actualidad son las de mayor éxito comercial.

Los consumidores tienen derecho a saber qué están adquiriendo y también su valor energético. Y la UE no debería ceder a presiones que van en contra del interés general de los ciudadanos. Es mayor el miedo de los fabricantes que el peligro real de perder clientes, puesto que los europeos no van a cambiar sus costumbres. Ni el alemán dejará de tomarse su cerveza, ni el español apartará el vino cuando salga de tapeo. Bruselas debe hacer lo correcto. Es decir, aprobar la etiqueta. Y que cada uno decida después.

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Las elecciones al Parlamento europeo han sido una gran derrota para todos los españoles, independientemente del resultado. Antes de acudir a las urnas, los ciudadanos ya habíamos perdido. Porque, esta vez más que nunca, no se daba el voto a una idea o a un programa. Se votaba a unas siglas, más por costumbre que por otra cosa. Y se tiraban por tierra los principios más elementales de una democracia que se digne de serlo.

Es triste escuchar frases como “voy a votar al menos malo” cuando uno se acerca a depositar su papeleta para elegir a sus representantes en Europa. Pero mucho peor aún es no saber quién es el “menos malo”. Y en estos comicios no se sabía, porque ninguno propuso nada. No hubo ideas. No se hizo política. Se practicó el marujeo, el insulto y el barriobajerismo más humillante. Y la respuesta más acertada probablemente habría sido una abstención del 100%. O un 100% de voto en blanco, como prefieran. De este modo nuestros políticos se habrían dado cuenta de que los españoles no somos tontos, y no tenemos por qué ser representados en la Unión por una persona que ni siquiera se ha dignado decirnos qué piensa hacer cuando resulte elegido. Eso sí, cualquiera de los candidatos ha demostrado que tiene una gran capacidad de descalificación. Pues vaya futuro nos espera en Europa.

Cuando un ciudadano toma la decisión de votar a uno u otro partido, ¿qué le importa si Camps acepta trajes, si Aznar tiene muchos guardaespaldas, si Zapatero va en avión o en bicicleta o si Fabra se plantea acostarse con Rajoy? Pues lo mismo que a usted, nada. Lo que quiere saber es cómo uno y otro candidato pueden beneficiarle desde Estrasburgo. Lamentablemente, los pocos electores que decidieron ir el domingo a ejercer su derecho al voto no tenían la respuesta a esa cuestión. De hecho, a día de hoy muchos de ellos ni siquiera saben cómo funciona el Parlamento Europeo o en qué medida afectan sus decisiones a nuestro país. Así las cosas, es imposible tener unas elecciones de verdad, en todo el sentido de la palabra. Porque para que haya elecciones hay que poder elegir. Y para poder elegir hay que tener opciones. Algo que no existía este 7 de junio.

Lo vivido durante las últimas semanas debe invitar a todos a la reflexión. Tanto a políticos como a votantes. Ellos deben entender que así nunca seremos un país puntero de verdad. Nosotros, que debemos exigir mucho más a nuestros representantes. No olvidemos que, al final, somos nosotros quienes les ponemos ahí.

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