Actualmente Suiza ya utiliza la denominada “cláusula de salvaguardia” relativa a la libre circulación de personas, según lo establece el acuerdo que tiene firmado con la Unión Europea. Su fórmula de funcionamiento es sencilla: cuando el número de permisos de residencia expedidos en el último año aumenta un 10% con respecto a la media de los tres años anteriores, la Confederación Helvética reduce drásticamente el número de admisiones. Así controlan los conocidos como “efectos llamada”. Esta norma ya se utiliza contra los ciudadanos de los países del Este: Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Eslovenia. De hecho el pasado mes de mayo Bruselas condenó la medida por su carácter discriminatorio. Pero a los españoles este asunto nunca antes nos había importado.

Ahora es distinto. Los que van a Suiza no provienen del Este. Salen principalmente de tres países: Italia, Portugal… y España. Y es precisamente el número de españoles que está recibiendo Suiza en los últimos meses lo que preocupa –y mucho- al Consejo Federal suizo.

Al ritmo que van llegando inmigrantes en lo poco que va de 2013, se superaría la tasa del 10% antes de verano. Y gran parte de ese aumento se debe a la inmigración española, portuguesa e italiana. Por lo que los helvéticos están estudiando ampliar la citada cláusula de salvaguardia a estos tres países.

Según el ministro de Asuntos Exteriores Didier Burkhalter, en caso de decidir incluirnos en su “lista negra” migratoria la medida se aplicaría únicamente durante un año. Pero lo cierto es que, aunque el ministro trate de suavizar los ánimos, son los propios ciudadanos suizos los que ya están hartos de tanta inmigración. Algunos partidos políticos han lanzado campañas contra la inmigración masiva e incluso se ha planteado un referéndum para afrontar lo que consideran un peligro de superpoblación.

En definitiva, parece claro que, se decida lo que se decida al respecto en abril o mayo próximos, Suiza no nos quiere. Tampoco es de extrañar, si ni nosotros mismos nos aguantamos. Como para decirles algo.

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El Senado estadounidense pinta más en la vida política norteamericana que el Senado español en la nuestra –tampoco es difícil-, pero lo cierto es que muchos de los procesos que aprueban los senadores son rechazados en la Cámara de Representantes por los congresistas. Y en un tema como la inmigración, con más razón. Por tanto, es de ilusos lanzar las campanas al vuelo. Al menos, no todavía.

Los republicanos no quieren ni oír hablar de “amnistía” porque va en contra de todo aquello en lo que creen. Lo verían como si su país premiase a aquellos que han infringido las normas, por lo que la reforma tendrá reglas, muchas reglas. De modo que, quien quiera acogerse a ella, deberá ganarse ser un ciudadano estadounidense de pleno derecho.

Entre las primeras normas está pagar una multa por haber entrado de forma ilegal, aprender inglés y conocer parte de la cultura e historia de la nación, pagar todos los impuestos adeudados desde que se entró en el país y por supuesto no tener antecedentes penales.

Antes de esto, sin embargo, los dos grandes partidos coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad. No solamente en el sentido más “físico” de la palabra (reforzar y ampliar medidas de seguridad fronterizas) sino también a nivel de visados, permisos de trabajo, etc. Sin este refuerzo, nada podrá iniciarse con garantías. Pero lo cierto es que los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en la sombra en Estados Unidos tienen ante sí la posibilidad de una reforma que, de hacerse realidad, sería la más importante desde la de Ronald Reagan en 1986, cuando se legalizó a tres millones de personas.

El punto de partida es bueno. Entre los impulsores del lado republicano hay personajes de la vieja guardia como John McCain y jóvenes hispanos en alza como Marco Rubio, lo cual puede facilitar el apoyo de gran parte de sus congresistas y votantes. Por el lado demócrata no habrá trabas, puesto que reformar la política migratoria es la promesa de su líder desde las elecciones de 2008. Esta primavera veremos cómo ha sido el camino de la propuesta por el Senado, y cómo llega realmente a la Cámara.

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