Creo que la Constitución Española no me obliga a tener ordenador ni teléfono móvil, pero sí obliga a las administraciones públicas a prestar los servicios necesarios y a no malgastar en bucles inútiles el sueldo de sus funcionarios

Que nadie piense que soy un contestatario del covid. En absoluto. He sufrido algunas de sus consecuencias sin echar la culpa a ningún gobierno. He sufrido la muerte de un familiar próximo durante la primera ola, he sufrido la lejanía de los allegados sin rechistar. No vi a mis hermanos durante un año ni a mi hija, residente en el extranjero, desde antes de comenzar la pandemia. No me reuní con la mayoría de mis amigos hasta el verano pasado y luego he dejado de verlos otro montón de meses. Celebramos la Nochebuena con los parientes más allegados que pudimos reunirnos en dos grupos, separados por más de metro y medio, cocinando con mascarilla y poniendo la comida en dos grupos, uno para cada burbuja familiar. Presenté un salvoconducto a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Municipal para justificar mis salidas. Me pareció lógico que ni la OMS ni Fernando Simón recomendasen la obligatoriedad del uso de las mascarillas cuando no las había ni para el personal sanitario. No entendí la sentencia del TSJ de Madrid a favor del sindicato médico madrileño contra la Consejería de Sanidad madrileña por la falta de equipos de protección individual para el personal médico, puesto que no los había. Afortunadamente no he parado de trabajar, gracias a lo cual he tenido la mente ocupada desde aquel 14 de marzo. Fui al cine, a la ópera y a conciertos de música pop y clásica con las debidas medidas de protección. No llamé para preguntar si se habían olvidado de vacunarme. Tampoco creí que la ventajosa situación que tenía Asturias el verano pasado fuese causada por una gestión excepcional, sino porque el ancestral aislamiento asturiano nos benefició en un estado muy incipiente cuando se produjo el apagón general. Lo mismo supuse de la ventajosa situación de Portugal durante la primera oleada y también pensé que la liberalidad ‘covídica’ de Suecia era una barbaridad, por muy cívicos que fuesen sus ciudadanos. En resumen: soy un ciudadano normal, que no piensa que sus gobernantes maquinan para fastidiar a los ciudadanos. Ni son un desastre, ni son infalibles.

Pero lo que lamento severamente es el caos para conseguir un certificado covid de la UE. A lo largo de un par de semanas varias veces mi mujer y yo hemos intentado bajarnos el ansiado certificado sin conseguirlo. Lo hicimos durante varios días, a diversas horas y por diferentes sistemas (por Cl@ve, cita previa presencial y a través del Ministerio de Sanidad). Ninguno funcionó. Desanimados por el fracaso decidimos acercarnos al HUCA, incapaces de obtener la cita telemáticamente. En Información una mujer nos quiso explicar cómo se hacía, pero el proceso quedó detenido en el mismo punto que se nos había interrumpido a nosotros. Tampoco fue capaz de solicitarnos la cita previa: «Probablemente el sistema está colapsado», fue lo único que acertó a decir. Mientras tanto, otras tres personas pasaron por allí sin conseguir su certificado por razones diversas y se marcharon refunfuñando y con las manos vacías. Al día siguiente por la mañana conseguimos que en nuestro centro de salud nos dieran un certificado autonómico, pero no el oficial de la UE. Nuevo intento de enseñarnos cómo se solicitaban las cosas como es debido fracasado en el mismo punto de siempre y con la misma explicación: «Probablemente el sistema está colapsado». Nueva tentativa en el Servicio de Atención al Paciente del HUCA, donde nos recomendaron que reclamásemos a la Consejería de Salud. Tampoco lo conseguimos mediante un nuevo sistema habilitado para solicitarlo a través del teléfono móvil. También fuimos a la delegación de Hacienda para ver si alguien nos sacaba del bucle infernal en que habíamos caído con el sistema Cl@ve. La contraseña que introducíamos no era reconocida y no éramos capaces de cambiarla. Tampoco nos dejaba solicitar la cita para resolverlo porque decía que ya estábamos registrados en el sistema Cl@ve. Decidimos ir a las bravas a Hacienda, pero el agente de seguridad no nos dejó entrar al no tener cita previa.

Hace días nuestra hija nos dijo que había recibido su segunda dosis. Ella vive en Inglaterra y nos envió una foto con su carné de vacunación, hecho sobre la marcha, donde constaba el tipo de vacuna, la fecha de inoculación, el lote de cada dosis, y la recomendación de que no perdiese el documento. Sencillo, barato e inmediato. Ignoro si los británicos son más inteligentes que nosotros, pero tengo claro que son mucho más prácticos.

Ya no se trata de que el administrado pierda su tiempo. Se trata de la productividad de seis trabajadores públicos, que en seis actos administrativos no fueron capaces de proporcionarnos el certificado. Además, los reiterados intentos de entrar a un sistema informático colapsado lo colapsaban más todavía. No funcionó ni por la mañana, ni por la tarde ni de madrugada. ¿No resulta más barato para la administración que cuando te ponen la segunda dosis una persona, con un par de clicks te dé de oficio un papel oficial como hacen en otras partes y evite que des la tabarra a otros seis trabajadores públicos? ¿Nadie piensa que eso reduce el trabajo? Ni siquiera el ‘clickador’ tiene que tener una gran cualificación técnica. Creo que la Constitución Española no me obliga a tener ordenador ni teléfono móvil, pero sí obliga a las administraciones públicas a prestar los servicios necesarios y a no malgastar en bucles inútiles el sueldo de sus funcionarios. Larra sigue vivo. ¡Vuelva Vd. mañana!

PS: Tras dos semanas de ímprobos esfuerzos, conseguimos los certificados gracias a un nuevo sistema de solicitud. Rectificar es de sabios.