Hay muchas viviendas vacías y no se venden. ¿Es el arrendamiento una buena opción? Lo es siempre y cuando el inquilino pague la renta y sea cuidadoso con la vivienda. La principal preocupación de un propietario es precisamente no tener que enfrentarse a morosos y desahucios. No se puede garantizar que esto no llegue a suceder, pues con la precariedad actual del empleo no es suficiente comprobar que el inquilino tenga un trabajo en el momento de la firma del contrato. ¿Y qué precauciones se pueden adoptar?

Hay que partir del hecho de que la ley solamente exige al inquilino una fianza equivalente a una mensualidad de renta y que esta cantidad se destina a posibles desperfectos que puedan quedar en la vivienda una vez finalizado el contrato de arrendamiento, es decir, no está prevista para cubrir impagos de renta o gastos judiciales pues, obviamente, para tal finalidad no alcanza ni de lejos. Es por ello que hay que pensar en incorporar a través del contrato algunas garantías adicionales. Una de ellas puede ser exigir un aval bancario que cubra el importe de varias mensualidades y de los gastos judiciales en caso de desahucio por falta de pago de la renta.

Otra opción, si no se desea añadir gastos bancarios es acordar dejar un dinero en depósito para cubrir posibles impagos. El depositario puede ser el propio arrendador. Estas opciones no suelen ser bien recibidas  por los gastos que implican o por la necesidad de contar con un dinero que ha de quedar inmovilizado. A más exigencias, menos inquilinos interesados.

Pero hay otra que resulta más fácil de conseguir y es exigir que firme el contrato además del inquilino un avalista solidario que responda de todas las obligaciones que se deriven del contrato en caso de incumplimiento. Obviamente hay que asegurarse de que el avalista sea solvente, pues en otro caso de poco sirve esta garantía adicional.

Por último, se puede contratar un seguro de arrendamientos que cubra posibles impagos y gastos judiciales. En este caso hay que estudiar la póliza con detalle y calcular su coste a la hora de pensar en la renta mensual que se quiera exigir.