Hay actos humanos tan reprobables desde el punto de vista de cualquier valor social y personal que podamos defender que la imposición de una sanción no alcanza para castigar la injusticia y el dolor que ocasionan.

Podríamos poner numerosos ejemplos de lo anterior. Nuestro sistema jurídico considera infracciones y delitos a acciones que atentan contra los bienes y principios que se consideran básicos para el mantenimiento de nuestra vida en sociedad pero, aún así, hay ocasiones en que ese castigo legal no alcanza a compensar el daño que se ha creado.

Y esta al menos es la sensación que nos queda cuando leemos noticias como la de la protectora Parque Animal de Torremolinos.

Porque no se trata tan solo de sacrificar en menos de dos años (desde principios del 2008 hasta octubre de 2010) a casi 2.200 animales sin control veterinario, de forma inexperta, sin sedación previa, con escasa dosis letal y ocasionando una lenta y dolorosa agonía. No se trata tan solo del maltrato a todos esos animales mientras vivían en las instalaciones de la protectora. No se trata tan solo de falsificar los certificados de eutanasia y los listados para la incineración con la finalidad de que las cifras de sacrificios masivos cuadraran. Ni siquiera se trata tan solo de hacer todo lo anterior con una clara finalidad económica: que la protectora tuviera los menores gastos posibles y así embolsarse dinero de donaciones particulares y subvenciones públicas con una finalidad de total y absoluto lucro personal.

No se trata tan solo de todo esto, aunque todo esto ya fuera suficiente para calificar la conducta de los responsables de esta protectora de un acto de maltrato sin precedentes.

Se trata principalmente de que estamos hablando precisamente de una protectora. Un lugar al que acuden animales que ya han sufrido un abandono, una situación de maltrato… un establecimiento cuya finalidad ha de ser, como su nombre indica, la de proteger a estos animales y buscarles una segunda oportunidad a través de una adopción. Se trata de animales que ya han sufrido. Hay que tener muy poco de ser humano para negarles, no solo un intento de una nueva vida, sino hasta una muerte digna por ahorrar cantidades destinadas a ellos por una cuestión de lucro personal.

Por supuesto todos estos hechos constituyen no uno sino varios delitos y así se están juzgando: un delito continuado de maltrato animal, de intrusismo profesional, de falsedad en documento oficial… Delitos para los que el Ministerio Fiscal pide cuatro años de prisión lo que hace que este caso pueda convertirse, si finalmente termina el juicio con una sentencia condenatoria en tal sentido, en el primero de maltrato animal en que el responsable cumple finalmente una pena en prisión. Hecho importante por lo que tiene de disuasorio y porque por fin se empiezan a ver penas importantes para los casos de maltrato como hace tanto tiempo los defensores de los derechos de los animales llevan solicitando.

    No obstante, como decíamos al principio, aún así, deberían existir normas más claras y contundentes contra este tipo de situaciones y una concienciación social cada vez mayor de que alguien que maltrata a un animal es en esencia un maltratador y esa falta de valores en relación con los animales tarde o temprano se hará visible también en el resto de aspectos de su vida.

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