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<\/FONT><\/FONT><\/p>\n
<\/FONT><\/FONT><\/p>\n Hace unos d\u00edas la Audiencia Provincial de Navarra decidi\u00f3 interponer una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad contra la Ley 15\/2005, de 8 de julio, por la que se modificaron los tr\u00e1mites de divorcio y separaci\u00f3n y se introdujo lo que pas\u00f3 popularmente a denominarse \u201cdivorcio expr\u00e9s\u201d. Pero esta ley no recog\u00eda \u00fanicamente estas reformas sino que introdujo tambi\u00e9n la regulaci\u00f3n en nuestro C\u00f3digo Civil de la custodia compartida, una regulaci\u00f3n ampliamente solicitada por los padres divorciados que se encontraban con m\u00e1s dificultades para conseguir la custodia de sus hijos o incluso para que se cumplieran regularmente las visitas tras una separaci\u00f3n o un divorcio, especialmente si \u00e9stos resultaban conflictivos. <\/FONT><\/FONT><\/p>\n Hoy en d\u00eda, casi cinco a\u00f1os despu\u00e9s de la puesta en marcha de esta norma, a\u00fan se cuestiona incluso su constitucionalidad. La cuesti\u00f3n se centra precisamente en los requisitos que se exigen para que un juez fije una custodia compartida. <\/FONT><\/p>\n Cuando ambos progenitores est\u00e1n de acuerdo con el establecimiento de una custodia compartida no suelen existir grandes problemas para que el juez acuerde la misma aunque igualmente debe recabar un informe del Ministerio Fiscal, o\u00edr a los menores si cuentan con suficiente juicio y se considere necesario porque el juez lo acuerde de oficio o a petici\u00f3n del Ministerio Fiscal, de las partes o de los miembros del Equipo T\u00e9cnico Judicial y tomar en consideraci\u00f3n las alegaciones y pruebas presentadas por las partes en el procedimiento de separaci\u00f3n o divorcio. <\/FONT><\/p>\n El problema m\u00e1s importante se genera cuando no existe acuerdo entre los padres. En este caso, el juez, a\u00fan as\u00ed y a petici\u00f3n, por tanto, de uno s\u00f3lo de los progenitores, puede conceder la custodia compartida pero, en este caso, ha de contar necesariamente con el informe favorable del Ministerio Fiscal. \u00c9ste es precisamente el punto conflictivo. Diversas asociaciones han venido quej\u00e1ndose de que la actitud negativa de uno de los progenitores, aunque resulte injustificada, deja en manos del Ministerio Fiscal y no del juez, en definitiva, la concesi\u00f3n o no de la custodia compartida, ya que el juez, para organizarla, debe contar, y es imprescindible, con el informe favorable del Fiscal. Este extremo es el que la Audiencia Provincial de Navarra considera dudoso en cuanto a su constitucionalidad y la raz\u00f3n por la que ha presentado contra esta ley la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad. Ahora queda en manos del Tribunal Constitucional la \u00faltima decisi\u00f3n.<\/FONT><\/p>\n No obstante, no es el \u00fanico punto que ha generado dudas y cr\u00edticas. Otro es el hecho de que no pueda concederse la custodia compartida, a\u00fan cuando exista acuerdo entre los padres, cuando uno de ellos est\u00e9 incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad f\u00edsica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro c\u00f3nyuge o de los hijos que convivan con ambos o cuando el juez constate que existen indicios fundados de violencia dom\u00e9stica. La raz\u00f3n de las cr\u00edticas en este punto es clara: s\u00f3lo con una denuncia que abre un proceso o incluso \u00fanicamente con indicios, aunque no exista una sentencia de condena, puede condicionar la forma de una custodia. Algunas asociaciones consideran que esta regulaci\u00f3n afecta directamente al derecho a la presunci\u00f3n de inocencia.<\/FONT><\/p>\n Obviamente todos estos puntos pueden verse y argumentarse desde diversos puntos de vista y, al final, la \u00faltima palabra, jur\u00eddicamente hablando, s\u00f3lo la tiene el Tribunal Constitucional, aunque discutir y valorar, como es l\u00f3gico, podemos hacerlo todos desde la posici\u00f3n que m\u00e1s directamente nos afecta.<\/FONT><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hace unos d\u00edas la Audiencia Provincial de Navarra decidi\u00f3 interponer una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad contra la Ley 15\/2005, de 8 de julio, por la que se modificaron los tr\u00e1mites de divorcio y separaci\u00f3n y se introdujo lo que pas\u00f3 popularmente a denominarse \u201cdivorcio expr\u00e9s\u201d. 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