El anuncio de paros de la plantilla municipal alerta sobre unas reivindicaciones que deberían verse en una mesa de negociación

Si, como todos sabemos, donde hay humo hay fuego, los bomberos deberían estar prestos para acudir al Ayuntamiento de Avilés. Es muy difícil encontrar antecedentes del anuncio de paros en la plantilla municipal como los que se acaban de aprobar en la asamblea celebrada el pasado martes. Por lo tanto, algo serio debe estar pasando para que se haga una advertencia de esta naturaleza.

De los puntos remarcados por los sindicatos en esa asamblea (ver LA VOZ del miércoles 15, página 4) hay uno que, al menos observado desde fuera, es el que provoca la mayor preocupación.

Trabajadores atendiendo al público en el Servicio de Atención al Ciudadano. Foto Marieta

El Ayuntamiento de Avilés tiene definidos 522 puestos de trabajo, de los que 60 están sin dotar económicamente, por lo que en la práctica no existen. Por lo tanto la plantilla está formada por 462 trabajadores –existen unas ocho o diez vacantes en la actualidad–, de los que en torno a 175 son interinos o indefinidos no fijos. Personas que pueden llevar hasta veinte años desempeñando una labor como si fueran trabajadores fijos. En este caso, la administración en general y el Ayuntamiento de Avilés en particular se acogen a una norma que surgió en su día de una sentencia judicial de obligado cumplimiento y señalan que esos empleados no pueden ser fijos porque para ello tendrían que pasar por un tribunal.

Aparte de que la oferta de empleo pública en el ayuntamiento avilesino brilla por su ausencia desde los tiempos de Pilar Varela, cuando fueron convocados en 2008 y 2011 a través del BOPA, aunque nunca llegaron a a ejecutarse, dejándolas «morir», se está pendiente de poner en marcha la que se hizo en 2015 para seis policías locales, cuatro técnicos, cuatro administrativos y seis auxiliares administrativos.

¿Dónde surge el conflicto? Sencillamente, en las bases de esa oferta. El Ayuntamiento se acoge al artículo 169 del texto refundido del Régimen de Administración Local que viene a decir que las plazas se proveerán por oposición y que eso está acotado por la ley.

En cambio, el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007 y modificado en 2015 –ahora Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público– y que afecta a todas las administraciones públicas, contempla tres formas de acceder a esos puestos de trabajo: por oposición libre, por concurso-oposición y por concurso.

En el primer supuesto, cualquiera podría presentarse a las plazas para enfrentarse a esa oposición, partiendo todos con los mismos derechos; en el segundo caso, se valoraría la antigüedad y la formación de los trabajadores que han venido ocupando ese puesto de trabajo; y el tercero solo valora los méritos y suele emplearse para cargos de responsabilidad.

Parece claro. El Ayuntamiento de Avilés lleva la friolera de veintidós años sin convocar una oferta de empleo. Y ahora, cuando lo hace, le dice a los trabajadores que llevan años –hay que insistir, alguno más de veinte– que no valoro tu antigüedad, no valoro tus servicios, no valoro tu formación y no valoro el dinero que yo como Ayuntamiento me he gastado en tu formación. Y el remate final: te igualo con cualquier aspirante que venga de nuevo, de aquí o de Tarifa, por poner un ejemplo a 1.000 kilómetros de distancia.

Y vistas las cosas así, no parece que los sindicatos estén muy descaminados cuando piden que se establezca el concurso-oposición como fórmula para proveer esas plazas, con el único fin de que se valore la experiencia y la formación de esos indefinidos no fijos e interinos. Dicen los sindicatos que se han hecho consultas jurídicas al respecto y no se ven problemas para adoptar ese criterio, que por cierto es el que sirve en otros ayuntamientos.

Vivimos en una sociedad en la que los funcionarios no tienen demasiada buena imagen, quizás porque el estereotipo del manguito, la ventanilla y el vuelva usted mañana de la literatura galdosiana del XIX y principios del XX ha calado como pocas cosas en este país. El funcionario, ya se sabe, no es un trabajador normal, sino un privilegiado y por eso sus problemas, sus recortes salariales y sus modelos de contratos no suscitan el mismo interés que el que se le otorga a otros empleados.

No sé si la clase política, la misma que lleva años y años mostrando su incapacidad para la tantas veces anunciada reforma de la administración pública, se basa en ese caldo de cultivo para no solventar al menos algunas cuestiones que en la vida diaria nos parecen de lo más normal cuando se aplican en las empresas privadas.

Del listado de peticiones que los sindicatos y la asamblea de trabajadores hicieron público el pasado martes, no parece que sea descabellado que se defina un plan de oferta pública de empleo para la legislatura. Que se fije el calendario, de 2017 a 2019. Que se establezcan por otro lado las bases generales de los sistemas de la convocatoria, que hoy no existen. Y ante ese vacío, que se reconozcan los méritos de todos los «indefinidos no fijos e interinos», en donde se incluyen todos los trabajadores en esas condiciones, incluidos los de la Fundación de Cultura. Y entre ellos, la plantilla del Conservatorio de Música, en donde si hoy se convocaran todas sus plazas, la mayoría seguramente se iría a su casa, aunque algún profesor mantenga hoy ese discurso idílico, de paz y amor –«nos quieren tanto ahora…»–, siempre y cuando, claro, que la corrección de las ilegalidades que se siguen permitiendo desde la concejalía de Cultura no le toquen a alguno directamente. Si algún día se hace esa convocatoria de plazas en oferta universal ya veremos dónde quedan los besos y abrazos.

Por otro lado, y siguiendo con las reivindicaciones de los trabajadores, no parece que tampoco sea desatinado pedir que se haga una valoración de puestos de trabajo, la RPT, algo que se hizo en el año 2000, pero que lógicamente se ha quedado «coja». Diecisiete años después, y por poner un ejemplo, ¿qué tiene que ver la labor que realizaba un trabajador en el departamento de Servicios Sociales con las exigencias de hoy? Hay otras cuestiones seguramente más ideológicas, como lo concerniente a la carrera profesional o la remunicipalización de servicios, pero en general no se ven mayores inconvenientes para que todo lo relatado hasta ahora no se pueda llevar a una mesa de negociación desde la más absoluta normalidad.

Respecto al anuncio realizado por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, tras la reunión mantenida con los sindicatos el pasado día 8 –parece lógico que la convocatoria la haga la alcaldesa o el concejal, no los sindicatos o la oposición como alguno pretendió– de que el Ayuntamiento se dispone a contratar un estudio externo sobre la plantilla municipal, uno se pregunta para qué están el director de Recursos Humanos, incluso el director general, y los jefes de servicio. Si ellos no saben con exactitud lo que sucede en esa plantilla, no creo que un auditor externo nos vaya a sacar de dudas.

Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el 19 de febrero de 2017