Si cuando la anterior directora, cumpliendo su obligación de acatar las normas y la ley, comunica oficialmente que la inspección educativa ha detectado que cuatro profesores no pueden impartir determinadas asignaturas por no tener la cualificación profesional exigida para ello, la concejala de Cultura Yolanda Alonso hubiese tratado de arreglarlo con la Consejería de Educación, como así se le planteó por parte de la directora, en vez de decidir tirar por la calle del medio, saltándose la Ley de Educación y firmando una orden por la que se restituía a una profesora para que impartiera una asignatura para la que no estaba cualificada –incluso ya contaba con varios informes jurídicos municipales y una sentencia judicial en su contra–, a lo mejor se hubiera evitado que en el Conservatorio empezara a calar el ambiente de «los buenos contra los malos», o lo que es lo mismo, que los críticos de la directora obtuvieran el respaldo de la concejala frente a Raquel García y a otro grupo de profesores alineados con ella, que suman la mitad del claustro.

Si la concejala de Cultura no se hubiese saltado la ley en ese caso y en otros, como por ejemplo convocando reuniones del claustro para las que no está facultada. Si hubiese hecho caso de que la inspección educativa había detectado las irregularidades, pero el inspector no quiso firmar el acta de denuncia, y en vez de «buscar amigos» en la Inspección se hubiese dedicado a inquirir a la Consejería una respuesta, como luego ha tenido que hacer reconociendo que la Inspección Educativa del Principado no se ocupa oficialmente de comprobar la titulación de los profesores. Si no hubiese apoyado por omisión y hasta públicamente la ilegalidad de tener que soportar la presencia de una presidenta de la AMPA que lo único a lo que llegó fue a amenazar a este periodista con acudir a los tribunales cuando desveló la ilegalidad de su presencia, siendo la propia Consejería de Educación la que confirmó la ilegalidad en una asociación de la que esa presidenta ni siquiera podría formar parte. Si no hubiese dado la orden para que el jefe de servicios de su área, Abel Arias, esgrimiera ante el juez cuando éste pidió si la ausencia de la directora perjudicaría o no al Conservatorio antes de decidir sobre la ejecución de la sentencia contra Raquel García, que «estar sin director no perjudicaría la marcha del centro», como consta en el escrito oficial presentado.

Si hubiese tenido en cuenta todo eso, si hubiera pedido consejo y no optara por emprender una carrera de despropósitos, a lo mejor se hubiese evitado, ella y los servicios jurídicos del Ayuntamiento, el sofoco –por ser suave– de tener en la mano dos sentencias en las que el profesor por ella contratado para nombrarle director se encuentra ejerciendo de forma ilegal, aunque la primera sentencia esté recurrida y seguramente lo estará la segunda, porque ya se sabe que cuando uno no paga de su bolsillo los recursos siempre es más fácil intentar dilatar los procesos cuando interesa.

La incongruencia de la contratación de ese profesor y su posterior nombramiento llama la atención de los dos jueces cuando la concejala de Cultura esgrime que lo hizo todo muy rápido, de forma urgente, porque «el Conservatorio no podía estar sin director», que es justo lo contrario de lo que mandó decir al juez a su jefe de servicio con tal de que Raquel García desapareciera como directora, que a la postre era el gran objetivo, como sabe todo el mundo en esta ciudad.

A un servidor público se le puede perdonar su ignorancia en algunos casos –no tiene porqué saber de todo y para eso están los técnicos cualificados– y hasta los errores, porque todos estamos expuestos a ellos y los cometemos. Lo que no es tolerable en un servidor público es que sea contumaz en el error y en la actitud. Lo que es reprochable siempre es el sectarismo, la prepotencia y hasta el amparo, por acción o por omisión, de cuestiones que son ilegales, como se cansó de decirle la anterior directora, como se ha encargado de confirmar, qué remedio, la Consejería de Educación cuando reconoce que sólo ella es la Administración Educativa que puede convocar la plaza de director, y como han sentenciado los dos magistrados de los dos Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Oviedo que han coincidido en tumbar la contratación de un profesor y su posterior nombramiento como director.

Seguro que el serial continuará.