La multinacional norteamericana empezó a cuestionarse su presencia en España al dejar de percibir en 2013 las enormes ventajas que el Gobierno español le dio para su tarifa eléctrica tras la compra de Inespal en 1998

Y el lobo por fin llegó. Como en la fábula de Esopo, nos habíamos acostumbrado a que los avisos del pastor siempre fueran falsos, porque a pesar de su gravedad nunca llegaban a materializarse. Pero el peor de los escenarios llegó ayer cuando la multinacional norteamericana Alcoa anunció que va a proceder, ya, al cierre de sus plantas de producción de aluminio primario en Avilés y La Coruña. 317 trabajadores en el caso asturiano, 369 en el gallego. Una ruina laboral, económica y social para una comarca como la avilesina.

Fue un artículo de EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILES en su suplemento salmón el que dio la primera pista de lo que iba a suceder a partir de 2012. Alcoa se hizo en 1998 con el grupo Inespal, empresa estatal perteneciente al INI, aprovechando el proceso de privatización puesto en marcha por el primer gobierno de José María Aznar. La multinacional con sede en Pittsburg se hacía con un grupo que daba empleo a 5.000 empleados y que contaba con trece plantas: refinería de alúmina, San Ciprián (Lugo); electrólisis de aluminio, Avilés (Asturias), A Coruña y San Ciprián (Lugo); fábricas de productos laminados, Alicante, Amorebieta (Vizcaya) y Sabiñánigo (Huesca); fábricas de productos extruidos, Arteixo (A Coruña), Irurtzun (Navarra), Noblejas (Toledo) y Valls (Tarragona); embalaje flexible, Rubí (Barcelona); y tapones para botellas, San Cugat des Garrigues (Barcelona). Hoy quedan tres.

Oficialmente Alcoa pagó al Estado español, a la SEPI, la cantidad de 410 millones de dólares (se habló también de 383), pero de esa cifra hubo que descontar 200 millones para afrontar la deuda anterior del grupo, debido sobre todo a inversiones, y otros 100 millones más por sendas reclamaciones del nuevo propietario. Un negocio ruinoso, reconocido por los responsables de la SEPI, que hablaron poco después de «una operación deficitaria para el Estado español».

Y la letra pequeña respecto a la tarifa eléctrica la descubrió este periódico. El contrato de venta recogía una garantía sobre el precio de la tarifa eléctrica que iría de 1998 a 2007, más otros cinco años suplementarios, hasta 2012, con cargo a las arcas del Estado, al establecerse una cláusula según la cual la SEPI pagaría el coste extra energético a partir de unas variables establecidas. Es decir, se fijaba un precio para el kilovatio durante todo ese tiempo y todo lo que pasara de esas cifras lo abonaría el Estado. Así hasta 2012 y con un tope establecido: que el desembolso de la SEPI no superase el precio pagado por Alcoa por la empresa. Ese acuerdo no impidió que Alcoa pasase en 2008 una factura a la SEPI por 37 millones de euros en concepto de consumo de luz extraordinario.

El resto de la historia comienza en buena parte en 2013, cuando Alcoa tiene que empezar a pagar la energía que consume -el 40 por ciento de sus costes aproximadamente- sin el colchón de aquella “letra pequeña”, que le garantizó un ahorro multimillonario.

Desde aquella compra, ¿cuál ha sido la realidad de la planta de Avilés, y también la de La Coruña? El resumen podría ser éste: el de una deslocalización silenciosa. Esa que consiste en dejar pasar el tiempo sin inversiones, sin modernizar las instalaciones, sin intentar diversificar la producción con nuevos productos, y de cara al exterior dar la imagen de que se está invirtiendo mucho dinero, aunque la realidad nos diga que ese dinero se empleaba en medidas medioambientales obligadas en buena parte por la normativa europea.

Avilés cuenta con el sistema de electrolisis Soderberg, muy antiguo, en desuso. En el año 2000 había 62 plantas con ese sistema, hoy es posible que no pasen de diez. Y su producción es la del aluminio primario, un producto que otras empresas del grupo Alcoa transforman en chapa, perfiles y bobinas, y que otros más tarde lo sacan al mercado para atender el mundo de la arquitectura, el de energía y aislamiento térmico, envases, herramientas y transportes.

Alcoa dijo ayer en su comunicado que anuncia el cierre en Avilés y La Coruña por “su menor  capacidad de producción”, por contar con “una tecnología antigua” y por los “costes fijos elevados”. Y también por unas pérdidas de 44 millones de euros en los últimos cuatro años, aunque la facturación de 2017 (158 millones) fue superior en un 44 por ciento a la del año anterior (108). Y como razones externas, el incremento del precio de las materias primas, la sobrecapacidad de China y el coste de la energía.

Para que se haya producido esta “tormenta perfecta” que desemboca en el anuncio de cierre de Avilés habría que analizar y desmenuzar, entre otros, estos hitos: Alcoa no ha tenido problemas para cerrar plantas en Estados Unidos, y Europa (Italia); su gran negocio en aluminio primario está en Arabia Saudí y en la planta de Ma’aden que comparte con el gobierno de ese país; su división importante está ahora en Arconic, sociedad dedicada al mundo aeroespacial y militar; la tarifa eléctrica española es la más cara de toda Europa; el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado ni una sola señal positiva para potenciar la industria; los presupuestos pactados de PSOE y Podemos para 2019 aseguran al País Vasco 100 millones de euros para sus empresas para abaratar la tarifa eléctrica, mientras Asturias es la comunidad con mayor gasto de energía por la presencia de grandes consumidores industriales; y finalmente, un sistema de subastas ideado por un gobierno de Rajoy que “espanta” a las compañías porque, entre otras cosas, corta de raíz cualquier previsión de crecimiento empresarial a medio plazo

Los cientos, o miles, de millones de euros que Alcoa ha recibido en España desde 1998 (incluidas las aportaciones del Principado tras la inundación de 2010 de Avilés) no han contado para tomar la decisión anunciada ayer. Los avisos de que el lobo llegaba eran ciertos y no se tuvieron en cuenta.

Publicado en El Comercio-La Voz de Avilés el día 18 de octubre de 2018