La decisión de cierre de la multinacional en Avilés y La Coruña se sustenta en el reconocimiento de su propio fracaso

La decisión de Alcoa de cerrar sus plantas de Avilés y La Coruña, en la que están en juego casi setecientos puestos de trabajo, no debería tener ningún tipo de respaldo político ni jurídico, ni tampoco comprensión alguna por parte de las autoridades de la Unión Europea. Simplemente bastaría con analizar con un poco de detenimiento el comunicado lanzado por la multinacional norteamericana el pasado día 17 de octubre para anunciar el cierre de dos de sus tres emplazamientos en España, quedándose solo con el de San Ciprián, Lugo. La sensación dada por la compañía aluminera con ese comunicado no puede ser más pobre, desde luego muy alejada de los postulados que deben presidir el funcionamiento de una gran empresa como esta. Alcoa aduce una serie de problemas que tendrían que dividirse en coyunturales, es decir, los que no dependen de ella directamente, sino de los avatares de una economía global y de los ciclos económicos que se producen de forma constante; y por otro lado, los estructurales, que sí son de su responsabilidad.

Empezando por estos últimos, es Alcoa la que reconoce que sus plantas de Avilés y La Coruña se han quedado atrás tecnológicamente, lo que ha conllevado la obsolescencia de sus sistemas de producción, además de la inexistencia de una diversificación de productos. No parece serio que una multinacional ponga eso por escrito como uno de sus fundamentos para presentar un expediente de extinción de contratos, o lo que es lo mismo, cerrar la puerta y marcharse.

Desde 1998, año en el que Alcoa se hizo con la antigua Inespal, en una operación redonda para los americanos y ruinosa para el Estado español, su sistema de producción no ha variado ni un ápice, basándose en la tecnología de cubas Soderberg, que en su día fueron novedosas, pero que hoy están ya en desuso y en clara retirada. Lo mismo se puede decir sobre el nulo interés en diversificar los productos para abrirse a nuevos mercados. La Coruña y Avilés siguen produciendo prácticamente lo mismo que hacían en 1998. De ahí que los problemas estructurales sean responsabilidad única de la propia empresa, que no solo no movió un dedo por avanzar en uno y otro sentido de los comentados, sino que limitó prácticamente sus inversiones a cumplir las exigencias de la Unión Europea en materia medioambiental y a realizar el mínimo mantenimiento. Últimamente, casi ni eso.

Todo lo demás son razones coyunturales a las que se enfrentan todas las empresas del mundo y en concreto todas las de la Unión Europea. No se pueden argumentar como razones de un cierre de esta categoría el señalar que la tarifa eléctrica española es elevada respecto a otros países. Alcoa sabe que ese panorama puede cambiar mañana mismo si el Gobierno de turno decide avanzar en la regulación de esa tarifa, además de mantener el servicio de interrumpibilidad para grandes consumidores, que a la postre supone un alivio en la factura final. Compañías como ArcelorMittal o como Asturiana de Zinc también padecen la misma tarifa eléctrica. Así lo han denunciado, pero en ningún momento han bajado la guardia, ni les ha impedido seguir invirtiendo y, lo que es más importante para ellas, ganar mucho dinero.

De la misma forma que Alcoa también lo ha hecho, porque aunque no haya cifras oficiales, llegó a hablarse de beneficios récord en 2017. Lo que sí se sabe es que el año pasado sus ventas en España ascendieron a 2.861 millones de euros, lo que supone casi el 30 por ciento de su negocio en todo el mundo

Tampoco se puede argüir que Alcoa tiene un problema añadido con la ‘invasión china’ del mercado, algo que debería solventar la Unión Europea, en defensa de los intereses de los países miembros, pero exactamente igual que con los ‘disparates’ de la Administración de Donald Trump, que están provocando una guerra comercial que amenaza a los sectores tradicionales de la industria y a los que se empiezan a sumar otros que hasta ahora habían librado. A lo mejor Alcoa tendría que explicar si su decisión en España tiene algo que ver con su nueva posición en Estados Unidos, en donde el ‘América first’ de Donald Trump en su discurso de toma de posesión como nuevo inquilino de la Casa Blanca, está llevando a cantidad de empresas norteamericanas a anunciar su retorno a casa con nuevas y multimillonarias inversiones. ‘América lo primero’, sin duda.

Sin que se puedan comparar por tamaño y tipo de negocio, dos empresas del sector del aluminio en España nos están señalando en los últimos tiempos cuál es el camino para alcanzar beneficios y seguir creciendo. Ahí están los grupos Aludium, con el respaldo de Atlas Holding, que está creciendo y obteniendo beneficios cada vez mayores en las tres plantas que compró en su día a Alcoa: Amorebieta, Alicante y la francesa de Castelsarrasin, contando además con un centro de I+D en Alicante. O el grupo Alibérico, convertido en el primer grupo privado en el sector del aluminio, con diecisiete fábricas y ventas en setenta países. En ambos casos hay que hablar de inversiones, modernización de instalaciones, diversificación de productos y la necesidad de avanzar a través de la innovación y el desarrollo.

Finalmente, que una multinacional norteamericana aduzca en su decisión de cerrar en España el coste salarial de sus plantillas tampoco resulta creíble. Serán los mismos costes o parecidos que tienen el resto de empresas industriales de la Unión Europea. Cuando se habla de la competencia china por sus menores costes en este apartado, habría que preguntarse porqué países europeos como Alemania, Suecia, Países Bajos o Francia logran resultados espectaculares en cuanto a actividad industrial, mano de obra y riqueza, mientras los costes salariales están bastante o muy por encima de los españoles.

Si el Salario Mínimo Interprofesional puede servir de baremo solo haría falta comparar el de España (858,6 euros) con países europeos en donde hace tiempo que se superan los 1.000 euros: Francia (1.498,5), Alemania (1.498), Bélgica (1.562), Países Bajos (1.551), Reino Unido (1.463), Irlanda (1.563) o Luxemburgo (1.998,6).

En suma, si las razones de Alcoa para cerrar dos de las tres plantas que mantiene en España se resumen en el comunicado que dio a conocer oficialmente el pasado 17 de octubre hay que convenir en que existen razones más que suficientes como para exigirle una solución al problema que va a originar su decisión de cierre.

La multinacional norteamericana no puede pensar que le bastará con negociar unas buenas indemnizaciones a una plantilla, al menos la de Avilés, en donde la edad media de sus trabajadores es baja. No estamos hablando de empleados con cincuenta o más años que en una situación así podrían plantearse a lo mejor una prejubilación. Ni tampoco puede pensar que el territorio en el que ha estado en activo va a observar cómo se apagan las máquinas sin reclamar lo que en justicia le corresponde.

Si los directivos de Alcoa piensan que el cierre de Avilés y La Coruña no tiene marcha atrás y que incluso encuentra en ello una buena fórmula para evitar la competencia en el futuro, será el Gobierno de España y los gobiernos regionales, los sindicatos y las sociedades gallega y asturiana en general los que va a tener en contra.

Hay antecedentes en la Unión Europea en donde alguna empresa se ha expropiado y vendido apelando al «interés social» de los territorios. En el caso de Avilés y de Asturias, ese interés social estaría más que justificado.

En busca de aliados

Este periódico desveló en su edición de ayer la entrevista que mantendrá mañana lunes en Londres la ministra de Industria, Reyes Maroto, con Aditya Mittal, actual presidente, director financiero del grupo y consejero delegado de ArcelorMittal Europe. Una entrevista importante con el responsable de la compañía que más está apostando en este momento por la siderurgia en España, y en concreto en Asturias.

Hace mucho tiempo que se echaba en falta una cita como esta por parte del Gobierno español, la misma que debería mantener de forma permanente el Gobierno del Principado, porque solo con aliados de esta categoría se puede conseguir no solo su continuidad y su apuesta por el territorio, como está haciendo ArcelorMittal –y habrá que hablar un día del extraordinario significado de esa apuesta de la multinacional siderúrgica y la de los nombres que hay detrás–, sino las ayudas en un momento puntual para buscar soluciones a problemas como el que se ha suscitado ahora con Alcoa.

La ministra llevará en su agenda el nombre de otra multinacional como Liberty House, por si pudiera estar interesada en el aluminio de España, pero existen en el mundo de la industria otras empresas, otras multinacionales cuya pista depende en buena medida del acierto y de la constancia para buscarse buenos aliados como este de mañana.

(En la imagen, un detalle de la marcha de los trabajadores de Alcoa desde Avilés a Oviedo llevada a cabo el pasado 27 de octubre. Foto: Mario Rojas)

Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el día 4 de noviembre de 2018