Alcoa movió ayer ficha. Y de qué manera. La multinacional norteamericana del aluminio que el día 17 de octubre anunció el cierre de las plantas de Avilés y Coruña con un discurso que tenía fecha de caducidad el día 30 de este mes, cambió ayer de forma radical. El mensaje enviado a su sede central de Pittsburgh por las cincuenta mil voces que el jueves pasado le dijeron en las calles de Avilés que «Alcoa no se cierra», seguramente ha sido tenido en cuenta, junto a otros que posiblemente le hayan llegado del Gobierno español y de la misma Unión Europea, algo que desconocemos en este momento.
En todo caso, la dirección de Alcoa transmitió ayer al comité de empresa de Avilés tres mensajes inequívocos: su disposición a ampliar el periodo de consultas del expediente para cerrar Avilés y Coruña, que en principio concluye el día 30 de este mes; asistir de buena fe a la subasta de interrumpibilidad, lo que constituye también una buena noticia, puesto que ayudará a Alcoa o a otra compañía a seguir beneficiándose de una extraordinaria herramienta económica para su factura eléctrica; y la disposición de la multinacional a «estudiar ofertas» de compra, eliminando así su pretensión inicial de cerrar y eliminar cualquier posibilidad de competencia.
Primera conclusión. Alcoa anuncia un cambio de posición y se muestra dispuesta a negociar. Nada nuevo para cualquiera que conozca un poco cómo se manejan los entresijos de estos pulsos, que nos recuerdan un poco la estructura de una trama teatral: planteamiento, nudo y desenlace.
Segunda conclusión. Y ahora la más importante. Alcoa, sobre el papel, acaba de mover ficha, pasando de un anuncio intransigente a otro en donde se mezcla su «buena voluntad» para seguir avanzando con una posibilidad que hasta ahora ni siquiera valoraba: la de escuchar ofertas para la venta de las dos plantas afectadas.
Y aquí es donde empieza ahora el trabajo del Gobierno central, los distintos ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el único que tiene las herramientas y el único que puede activarlas, algo que está fuera del alcance de los gobiernos regionales de Asturias y de Galicia y por supuesto de los ayuntamientos.
Los ministerios de Transición Energética, Industria, Trabajo y hasta el de Hacienda tienen en su mano las soluciones a las demandas que seguramente pondrá encima de la mesa cualquier grupo interesado en estas dos plantas. Alcoa no podrá ofrecerles nada fuera del propio negocio, el Gobierno sí.

Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el día 14 de noviembre de 2018