Valdría con que un Sergio Ramos cualquiera marcara de cabeza en el minuto 92 de partido y forzara la prórroga si al final se consigue el máximo trofeo tras evitar la ruleta de los penaltis, en donde la experiencia nos dice que puede pasar de todo.
La dirección de Alcoa decidió ayer, no se sabe si por decisión propia, por la presión de los sindicatos o por indicación de un Gobierno central enmudecido desde hace semanas, prorrogar hasta el 15 de enero la entrada en vigor del expediente de extinción de contratos en sus plantas de Avilés y La Coruña, que supondría el imparable camino hacia el cierre definitivo de una actividad que la multinacional norteamericana inició en 1998, año en el que se hizo con los activos de la empresa estatal del aluminio Inespal a precio de saldo y con unas condiciones a su favor en la tarifa eléctrica que la «puso a vivir» hasta 2012. Su cuenta de resultados anual hablaba por sí sola.
Este periódico se adelantó a lo que hoy es el discurso oficial de mucha gente cuando desmontó una por una las «razones» de Alcoa para anunciar, esta vez sí, que abandona sus dos plantas de aluminio primario en España, quedándose solo con la de San Ciprián, Lugo, en donde el negocio de la alúmina le da oxígeno suficiente como para mantener la actividad de motu proprio sin problemas. El documento presentado por Alcoa no se sostiene, simplemente porque las razones estructurales que ha esgrimido son una acusación directa a su propia dejación en materia de inversiones, modernización y diversificación, tras iniciar desde 2012 una deslocalización silenciosa (inacción paralizante) en toda regla. Mientras que las razones coyunturales se caen por su popio peso, primero porque una multinacional que se precie no puede aducir para su negocio los vaivenes de una tarifa eléctrica, la competencia exterior o los costes laborales. Una simple mirada a otras multinacionales en esta misma región o un análisis de lo que sucede en el resto de países de la Unión Europea sería suficiente para sacarle los colores a la sociedad norteamericana.
Desde ayer empieza a correr el reloj para otros quince días de prórroga, un tiempo en el que no cabe esperar un paso atrás de Alcoa en su decisión. Sólo la actuación decidida del Gobierno central, tras reconocer su error en cuestiones como la subasta eléctrica, puede evitar que estas dos semanas de prórroga se conviertan en una agonía. Con dos salidas: forzar a Alcoa a una venta ordenada, manteniendo su actividad hasta entonces. O a intervenirla en nombre del interés social recogido en la Constitución. Si el Gobierno permite que se llegue a los penaltis, pongámonos en lo peor.
Publicado en El Comercio-La Voz de Avilés el día 28 de diciembre de 2018