Imagínese que usted entra en un concesionario de automóviles en el que ha visto que hay un coche a la venta que puede interesarle. Una vez dentro, le atiende un agente que va respondiendo a sus preguntas y en principio a usted le hace ojo. Antes de tomar una decisión, pide que le dejen sacar el automóvil para probarlo y ver si todo está más o menos en orden. El agente se planta y le dice que no, que no puede probarlo y que además es el comprador el que tiene que hacer una oferta por el coche. Y usted, en ese momento y por educación, le da los buenos días y se va. Fin de la operación.

Alcoa, en su escalada de no-argumentos para tratar de justificar el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña ha llegado a decir que en su día estuvo abierta a recibir ofertas por las dos factorías y que no recibió ninguna. Y ahora, en su última propuesta-ultimátum vuelve a decir que en los próximos seis meses estaría dispuesta a colaborar en la búsqueda de un nuevo inversor. Lo que no dice Alcoa es toda la verdad cuando oculta que en realidad nunca tuvo interés en vender las dos fábricas, entre otras cosas porque así eliminaba un competidor en España y se quedaba con una buena parte del mercado solo con mantener activa su planta de San Ciprián (Lugo). Pero es que, además, oculta que sus condiciones de venta eran imposibles. La más importante: que el grupo inversor que entrara tendría que comprarle a Alcoa la alúmina proveniente de la planta que también tiene en San Ciprián, que es la que le genera sustanciosos rendimientos económicos. Y el inversor contestaba que la alúmina la compraría donde él decidiera, faltaría más, entre otras cosas para buscar un precio de mercado más ventajoso para sus intereses. Así que, también aquí por educación, el supuesto inversor daba los buenos días y se iba.

La dirección de Alcoa, desde Estados Unidos –en España lo que hay es una sucursal pegada al teléfono para dar novedades y recibir instrucciones– lleva desde el mes de octubre justificando su intento de cierre en circunstancias coyunturales del mercado y además sin asumir que las estructurales que también pone encima de la mesa son de su única responsabilidad, como, por ejemplo, la de no haber invertido ni un euro ni siquiera en el mantenimiento adecuado de las dos series de electrolisis de Avilés.

Y lo que acaba de hacer ahora es ofrecer a los sindicatos una contraoferta que ya se conocía: una especie de presión –por suavizar el término–, que pasa porque dentro de 48 horas los comités de empresa firmen un acuerdo que básicamente consiste en cerrar las plantas casi a corto plazo, mantener una ligerísima actividad, mostrarse, eso sí, generosa con las indemnizaciones (45 días de entrada es lo máximo que puede ofrecer, será por dinero), decir que colaborará en la búsqueda de un posible inversor y mandar al paro dentro de un mes a la casi totalidad de los trabajadores. Y todo eso, sin posibilidad alguna de reclamación posterior en los tribunales.

Difícilmente los comités de empresa van a firmar esa contraoferta, así que esperaremos al martes para ver la deriva que toma este asunto y el planteamiento que tendrá que hacer el Gobierno central para frenar que Alcoa presente el expediente de cierre.

Hasta ahora el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha mostrado una gran debilidad respecto a la búsqueda de una salida para esta crisis que en el caso de Asturias supondrá un mazazo que va a ir mucho más allá del desastre de perder de un plumazo 317 puestos de trabajo industriales, más todos los daños ‘colaterales’ para la comarca de Avilés. El Ministerio de Industria no ha sido capaz de entrar en la sede central de la multinacional en Pittsburgh, como llegó a anunciar la ministra; no ha podido presentar la opción de un nuevo inversor; y ha dado toda la sensación de que le vale la contraoferta de Alcoa a ver si con un poco de suerte de aquí a junio suena la flauta y aparece un comprador. No ha dado ni un solo detalle de si han existido contactos con inversores nacionales o internacionales. Tampoco el Ministerio de Industria ha insinuado la posibilidad de exigirle a Alcoa una salida, como hizo el Gobierno italiano con su planta de Portovesme, hoy en funcionamiento gracias a la entrada de la suiza Sider Alloys, como avanzó este periódico el pasado 28 de octubre. La única respuesta del Gobierno español vino de la mano de otra ministra, la de Trabajo: «No vamos a nacionalizar Alcoa, no estamos en un régimen comunista». Italia tampoco, pero hoy tiene una planta que dará empleo a 375 trabajadores cuando esté a pleno rendimiento y en la que Alcoa aporta 20 millones de euros de los 135 previstos como inversión. Por otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez, su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es la única responsable del endurecimiento de la subasta eléctrica, suprimiendo cuatro bloques de 45 megavatios, que dieron como resultado un «desastre» para las grandes compañías electrointensivas, entre las que figura Alcoa. (Producir una tonelada de aluminio necesita cuatro veces más de energía que una de zinc y seis veces más que una de acero. Y supone el 40 por ciento del coste de su actividad).