HUMO
A casi cinco meses del anuncio de la dirección de Alcoa de su decisión de cerrar las plantas de aluminio primario de Avilés y Coruña y a apenas tres meses para llegar al fatídico 30 de junio en el que unos setecientos trabajadores se van a ir directamente a la cola del paro, hay que pedir a nuestros gobernantes un mínimo de prudencia y exigirles que aparquen su frivolidad electoral habitual.
Escuchar a Adriana Lastra decir que hay cuatro grupos interesados en la compra de Alcoa para asegurar su continuidad o leer los anuncios del presidente del Gobierno –independientemente de que hable en un mitin como secretario general del PSOE– de que el futuro de las dos plantas de Alcoa está garantizado, sin aportar ambos ni un solo dato concreto, invita a sospechar que la precampaña electoral ya no tiene marcha atrás.
Como quien debe hacerlo no ofrece concreción alguna, habrá que fiarse de los indicios. Y estos nos indican que en este momento todo lo que se diga en torno a la venta de Alcoa y a asegurar los 317 puestos de trabajo en el caso de Asturias no se ajusta a la realidad.
Las instancias gubernamentales y las del PSOE lanzan a la opinión pública que el Estatuto de Consumidores Electrointensivos es una cuestión de días, incluso alguien llegó a darlo por hecho para la semana pasada. Ese estatuto lo anunció el Ministerio de Transición Ecológica el 31 de diciembre y se dio un plazo de seis meses para elaborarlo y aprobarlo.
Pero es que además nadie acierta a aventurar cuál va a ser la bajada del coste de la energía en un país que tiene una de las tarifas más altas de Europa, mientras cobra fuerza de que al final el estatuto será un «corta y pega» de medidas como la interrumpibilidad, compensación por costes indirectos por CO2 y la puesta en marcha de los contratos bilaterales entre las industrias electrointensivas y las compañías eléctricas a más largo plazo. Y con ese panorama, con una Unión Europea con la lupa puesta para evitar las «ayudas», nadie piensa que la bajada de la tarifa vaya a ser tan importante como para determinar nada menos que la continuidad o no de una empresa como Alcoa, que tiene en la energía eléctrica el cuarenta por ciento de sus costes de producción.
Los indicios indican que no hay una oferta seria por Alcoa. El interés que pudieran tener inversores nacionales está pendiente de las «ayudas» a la tarifa eléctrica y a quedarse con el horno de refusión, que daría empleo a 60-70 personas como mucho, de las 317 actuales. De las cubas electrolíticas, nadie quiere saber nada. Ni tampoco Alcoa, que si el 30 de junio no hay un inversor en condiciones, sigue dispuesta a seguir con el horno en exclusiva. Tiene ya firmados los despidos y hasta las indemnizaciones.
El lunes en Madrid, en la reunión con los ejecutivos de Galicia y Asturias, los sindicatos y Alcoa, el Gobierno de Sánchez fue incapaz de aportar un solo nombre. De momento, parece que solo se vende humo.
Publicado en El Comercio-La Voz de Avilés el 15 de maro de 2019