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José María Urbano

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El borrador del estatuto energético presentado por el Gobierno obtiene el dudoso mérito de poner a todo el mundo de acuerdo en su rechazo

Lo que cabe esperar ahora es que Pedro Sánchez y su Gobierno no piensen, como los kamikazes de las autopistas, que son ellos los que tienen razón, los que van en la buena dirección, y todos los demás están equivocados.

El pasado día 15 de este mes, bajo el título de ‘Humo’, escribí en estas mismas páginas las siguientes líneas respecto al documento que debía hacer público el Gobierno para el apoyo a las industrias electrointensivas, básico para intentar aportar una solución al cierre de Alcoa en Avilés y Coruña. Éste era el texto: (…) «Nadie acierta a aventurar cuál va a ser la bajada del coste de la energía en un país que tiene una de las tarifas más altas de Europa, mientras cobra fuerza de que al final el estatuto será un ‘corta y pega’ de medidas como la interrumpibilidad, compensación por costes indirectos por CO2 y la puesta en marcha de los contratos bilaterales entre las industrias electrointensivas y las compañías eléctricas a más largo plazo. Y con ese panorama, con una Unión Europea con la lupa puesta para evitar las ‘ayudas’, nadie piensa que la bajada de la tarifa vaya a ser tan importante como para determinar nada menos que la continuidad o no de una empresa como Alcoa, que tiene en la energía eléctrica el cuarenta por ciento de sus costes de producción».

Lamento haber oficiado de adivino sin pretenderlo. Pero la realidad es que en pocas ocasiones un texto como el del borrador del estatuto energético presentado el lunes ha sido contestado con la unanimidad de éste. Dejando a un lado a los partidos políticos, evitando así que esto se convierta en un elemento más de ese guirigay al que asistimos en estos últimos tiempos, han sido los propios Gobiernos regionales de Asturias y Galicia, las empresas directamente afectadas –hasta Alcoa–, los sindicatos, las organizaciones empresariales como FADE o la Cámara de Comercio de Avilés, los que se han pronunciado absolutamente en contra de ese proyecto presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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El planteamiento, no hay que olvidarlo, nace con un déficit importante, puesto que hay que recordar que la última subasta de interrumpibilidad eléctrica convocada por el departamento de la ministra Teresa Ribera partió ya de una merma de los paquetes de 90 MW, a los que aspiraban las grandes empresas consumidoras, las tres en Asturias, Alcoa, ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, mientras se recortaban además los paquetes de 40MW. El resultado fue desastroso para esas compañías, que de forma inmediata trasladaron a todas las instancias oficiales su profundo malestar por considerar que la brecha sigue abierta, incluso aumentada, respecto al coste de la energía y la competencia que encuentran en multinacionales que operan en el mismo espacio europeo.

La Cámara de Comercio de Avilés, en cuanto institución que acoge a las grandes multinacionales regionales, casi todas ellas en el ámbito de la comarca de Avilés, puede servir de ejemplo de esa contestación, cuando dice: «La Cámara muestra su preocupación por la falta de sensibilidad del Gobierno de la nación con los problemas de la industria de la comarca y, en particular, con la electrointensiva. La propuesta del Gobierno disminuye en 2 euros/MW frente a un diferencial de costo con las empresas del sector situadas en Francia o Alemania de 20 a 25 euros/MW. Este escenario va a dificultar la continuidad de la planta de electrolisis de Alcoa con la entrada de nuevos inversores. La Cámara de Avilés considera que no hay excusas ante una situación que lleva denunciando desde hace 10 años».

Y si nos fijamos en el Gobierno del Principado, anuncia la presentación de, nada menos, 37 bloques de alegaciones a ese texto.

Entre unos y otros se destacan cuestiones tan llamativas como los 75 millones de euros que se destinan como ayudas al coste indirecto de CO2 para las empresas –también se avisó en esta sección de que ese coste podría dejar en una broma el problema de la electricidad–, mientras que para el futuro se deja a la «disponibilidad presupuestaria». Los presupuestos generales prorrogados del PP contemplaban para ese apartado la cantidad de 150 millones de euros tras una negociación del gobierno popular con Foro Asturias, pero es que la normativa europea a la que se acogen países como Francia o Alemania permitiría elevar esa cantidad a los 235 millones de euros aproximadamente, sin temor a la ‘lupa’ de la Comisión Europea en lo referido a ayudas públicas.

Por otro lado, no deja de sorprender esa cantidad tan limitada de 75 millones, cuando tanto el PP antes como el PSOE ahora firmaban alegremente una partida de 100 millones de euros para ayuda a las industrias del País Vasco, simplemente por asegurarse el voto del PNV a unos presupuestos que eran la garantía de la supervivencia del Ejecutivo nacional, como así fue. No se entiende muy bien esa facilidad de rebuscar en la caja común para contentar a un partido de ámbito nacionalista y en cambio haya dificultades para atender la base de la industria de todo un país.

Europa en general tiene un problema grave con su economía, fruto de su errónea respuesta a la crisis financiera de 2008, basada en la austeridad, mientras Estados Unidos, China y Asia en general apostaban en aquel momento por una política expansiva. Ahora vemos los resultados. Y encima, esa misma Unión Europea se convierte en la gran avanzada en el cumplimiento de los Acuerdos de París en la lucha contra el cambio climático, sin importar demasiado en su papel en el tablero de la geopolítica que la UE sea solo responsable del 9 por ciento de las emisiones de CO2, mientras China lo es de un 30 y Estados Unidos de un 15. La primera ni siquiera acepta el Acuerdo de París y la segunda, respecto a Donald Trump al menos, duda.

El problema de España, que está en clara desventaja frente a economías mucho más asentadas y definidas como la de Francia o Alemania, no es solo que tenga enormes déficits en asuntos como el del coste de la energía, sino que una ministra de Transición Ecológica y su presidente nos presenten en los foros internacionales como los campeones de esa lucha contra el cambio climático con discursos tan temerarios como los de «el diesel tiene los días contados», del mes de agosto pasado. El deterioro del sector –lo del coche eléctrico como alternativa en este momento es una broma– es imparable. Dos últimas noticias de hace unas horas: Renault-Nissan anuncia un recorte de 500 empleos en Barcelona. Ford presenta un nuevo ERE en su planta de Almusafes (Valencia). Asturias perderá también.

De momento nos preocupa Alcoa y las noticias siguen sin ser tranquilizadoras. Mientras tanto, igual hay que revisar el concepto y la definición de transición, a ver si todos nos ponemos de acuerdo.

Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el 24 de marzo de 2019

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Sobre el autor

José María Urbano. Periodista. Jefe de Redacción de La Voz de Avilés-El Comercio. El relato de los hechos y los fundamentos de la opinión sólo pueden tener su base en el poder de los datos. En un mundo en el que imperan los clics, los shares, las notas teledirigidas, las ruedas de prensa sin preguntas y las declaraciones huecas en busca de un titular, hay que reivindicar el periodismo hecho por profesionales. Política, economía, cultura, deportes... la vida en general, tienen cabida en este espacio que pretende ir más allá de la inmediatez, la ficción y el ruido que impera apoyado en las redes sociales. El periodismo es otra cosa.


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