La industria europea entra en crisis ante una competencia exterior sin límites y amenaza con destruir miles de empleos. Asturias no se libra.
Del sindicato CSI caben pocas sorpresas en Asturias, salvo que uno mire para otro lado en una tierra en la que somos muy dados a crear héroes con muy poco fundamento, pero lo de las últimas horas es de récord: la desautorización en toda regla de su secretario general, Ignacio Fuster, por unas declaraciones realizadas a este periódico, en las que llegó a afirmar que Saint-Gobain cerrará su planta de Avilés en el mes de septiembre. Así, sin más. Lo sabe él de muy buena fuente, aunque no la puede revelar. Sus compañeros de la sección sindical de CSI de la compañía avilesina se vieron obligados a hacer pública una nota de prensa para confirmar que esas declaraciones «son cosas de Nacho» y que «nosotros no sabemos nada». Y que además, «nuestra opinión es la que vale y nosotros no hemos dicho nada». Gran nivel.
Los desmentidos fueron en su propia casa, la de CSI, a los que se añadieron a lo largo de la jornada los oficiales de CC OO– sección sindical mayoritaria que históricamente preside el comité de empresa– y del consejero de Industria, Isaac Pola, que una vez más se convirtió en portavoz oficioso de la empresa para decir que él ya había hablado con responsables de la compañía y que no había absolutamente nada, más allá de los ajustes que puedan derivarse de una situación compleja en el mundo del automóvil. Es decir, lo que diría cualquier jefe de comunicación de una multinacional. Mejor diversificaba fuentes.
Con este nivel de fiabilidad, Asturias se despertaba el viernes con una noticia que, aunque desmentida, nos confirmaba algo que ya sabíamos. Al menos en estas páginas ha sido profundamente analizado y vaticinado: el terremoto de la industria europea ya está aquí. Y estaba todo el mundo avisado.
En las últimas semanas se había advertido de que los ciclos económicos a los que estábamos acostumbrados habían saltado por los aires y que las crisis se están produciendo con tanta celeridad que están sorprendiendo hasta a los propios responsables de multinacionales como ArcelorMittal, capaces de articular en menos de una semana una serie de medidas tendentes a reducir el impacto negativo y a la vez avisar a las autoridades europeas de que el sector de la industria puede verse seriamente comprometido si no se responde de una forma rápida y tajante para tratar de paliar los efectos cada vez más perniciosos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China –al final ganarán los dos y de paso intentarán arrinconar a Europa–, propiciando la irrupción de una competencia feroz por parte de países como Turquía, Rusia o India.
La clave hay que buscarla fundamentalmente en esa lucha contra el cambio climático que quedó configurada en los Acuerdos de París, en los que España quiere salirse de la tabla como el gran campeón, imprimiendo al proceso de descarbonización un ritmo superior al que ha marcado la propia Unión Europea. Las consecuencias a nivel comunitario no se han hecho esperar: Alcoa, Saint-Gobain, ThyssenKrupp que anuncia seis mil despidos en Alemania, reducciones de producción de ArcelorMittal en toda Europa menos en Bélgica, profunda crisis en el sector del automóvil ante los sucesivos anuncios y normativas para el impulso del coche eléctrico, anuncio de fusiones imperiosas ante el enorme desembolso que va a exigir la inversión en innovación para ese mismo coche eléctrico, al que le queda mucho tiempo para ser la alternativa real a los millones de automóviles que circulan por las carreteras europeas con motores de gasóleo, por cierto, ahora menos contaminante que la gasolina.
¿Qué están advirtiendo Lakshmi Mittal, Antonio Brufau o Luis Ángel Colunga, tres personalidades en este momento del mundo empresarial y social europeo cada uno en su ámbito? Pues que lo de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aquí como en el resto de países europeos, nos puede llevar al desastre: el que supondría quedarnos sin la gran industria.
El propietario de ArcelorMittal lleva año y medio intentando convencer a los presidentes de los gobiernos europeos de la necesidad de salvaguardar los intereses de las empresas de la UE frente a una competencia que juega con la ventaja de no asumir ningún coste en todo lo relacionado con el CO2. Brufau, el presidente de Repsol, declaraba esta semana que el plan de la ministra Ribera lleva al desastre a la industria española, frente a la paradoja de que hoy se está originando más CO2 que nunca, simplemente porque países como China y los otros ya citados producen sin adoptar ningún tipo de medida, lo que les ofrece una clara ventaja competitiva frente a los productos europeos. Finalmente, el vicesecretario de IndustriAll, el avilesino Luis Ángel Colunga –una de las personalidades más relevantes de la industria europea en este momento y uno de los hombres que más está trabajando en la sombra cuando se habla de Alcoa o ArcelorMittal– lo resaltaba gráficamente hace unas semanas en Avilés, en el transcurso de una charla con Íñigo Felgueroso: «En el Sáhara sí que no tienen CO2». Elijamos el camino.
Las medidas trascienden lógicamente a los ámbitos locales y regionales, por lo tanto las soluciones están en manos de la Unión Europea y también en el Gobierno de Madrid, que debe aclarar cuál es su planteamiento industrial de una forma definitiva. España no es Francia, ni Alemania, con unas economías y unas industrias absolutamente consolidadas y liderando infinidad de cuestiones, como hacen también Bélgica y Holanda. Ni la UE ni el Gobierno de Pedro Sánchez pueden apretar a la industria con el CO2 porque en este momento no hay margen temporal para reaccionar.
En el caso de la siderurgia la solución puede pasar, si se atendieran los mensajes de Ribera, por eliminar las cabeceras, es decir, hornos altos, baterías, sinters, acerías. Se traen bobinas de fuera y se trabaja solo con los trenes acabadores de chapa. Perfecto. ¿Y dónde se producirán las bobinas? Fácil: en China, Rusia, Turquía, India… Es decir, nosotros eliminamos ‘nuestro’ CO2 y la ministra ya dormirá tranquila, pero a la vez nos hemos cargado de un plumazo miles de empleos. En el caso de Asturias, una ruina. Y mientras tanto, el CO2 no habrá disminuido, simplemente se habrá trasladado de país o de continente.
Hay cantidad de casos que se podrían exponer como prueba. Por ejemplo, no puede exhibir este Gobierno una operación de éxito, como hizo la ministra de Industria, Reyes Maroto, cuando presentó ella misma la operación de sustitución de Vestas en Villadangos del Páramo. Vestas llevaba diez años fabricando aerogeneradores en su planta leonesa para las torres eólicas y decidió irse por una cuestión de costes, entre otros el del CO2. Se fue de España y ahora produce lo mismo en sus plantas de China, Turquía, Rusia, India y Argentina. Sin peaje medioambiental. Aquí, de la mano del Gobierno de Castilla y León aparece una nueva empresa, Network Steel, que anuncia que se dedicará al decapado galvanizado y que no va a contaminar porque va a producir con la importación de bobinas de acero. ¿De dónde? Sí, han acertado: de Turquía y Rusia, bobinas que apestan a la huella del CO2.
Es el momento del Gobierno, de la UE, de unos sindicatos que deben anteponer la exigencia de planes industriales de futuro por encima de cualquier reivindicación económica o social. Es el momento de la altura de miras de toda la clase política.
Se avisó con tiempo y el terremoto ha llegado y en Asturias se puede llevar la gran industria por delante. Ese día empezaremos a cerrar la puerta en esta región.
Publicado el 2 de junio de 2019 en El Comercio-La Voz de Avilés